La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se asoma desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Stringer/ archivo).
La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez se asoma desde las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz (Bolivia). (Foto: EFE/ Stringer/ archivo).
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La expresidenta interina de sufrió una descompensación en su salud por lo cual sus abogados defensores pidieron este lunes que se permita el ingreso de médicos particulares a la cárcel donde se encuentra desde hace más de un mes en La Paz.

En las cuentas de la expresidenta interina en Facebook y Twitter se publicó un mensaje para informar que Añez presentó el día de hoy una descompensación en su estado de salud”, por lo cual se pidió “de forma urgente el ingreso de personal médico particular” a la cárcel para revisarla.

“Se nos ha comunicado esta mañana que ella anoche ha tenido fiebre, 39 grados, vómitos y un dolor abdominal intenso”, explicó a Efe el abogado Ariel Coronado, parte del equipo que defiende a la exmandataria interina.

Por ello se pidió autorización para que ingrese un médico internista a la cárcel de mujeres en el barrio paceño de Miraflores, donde está detenida preventivamente la exgobernante transitoria, indicó.

El abogado recordó que siempre que Áñez requiere una revisión por temas de salud, las autoridades demandan que sea “conjunta” entre sus médicos particulares y los de la Dirección de Régimen Penitenciario, dependiente del Ministerio de Gobierno (Interior).

El médico finalmente pudo entrar al penal a media tarde y se pidió realizar exámenes complementarios de laboratorio a Áñez, lo que se efectuará este martes, según han informado medios locales.

Áñez está en prisión desde hace más de un mes por el caso llamado “golpe de Estado” basado en denuncias de supuesta conspiración, sedición y terrorismo durante la crisis política y social que se produjo a finales de 2019 y que derivaron en la renuncia de Morales a la Presidencia y la anulación de los comicios de ese año en medio de denuncias de fraude.

La detención de la expresidenta transitoria y dos de sus exministros generó tensiones entre el oficialismo, que defiende que se busca hacer “justicia” ante lo que consideran un “golpe de Estado” contra Evo Morales, y la oposición que denuncia una “persecución” política, además de pronunciamientos de organismos internacionales que pidieron que se respete el debido proceso.

La semana pasada también hubo una polémica entre el oficialismo y la oposición tras una visita de una comisión de diputados al penal.

Los diputados del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) aseguran que la expresidenta goza de supuestos privilegios en prisión, mientras que los opositores denuncian que varios de sus derechos son vulnerados.

Un grupo de parlamentarios de los bloques opositores Comunidad Ciudadana y Creemos anunciaron un viaje a Estados Unidos para denunciar ante instancias internacionales la “vulneración al orden democrático” y la “persecución política” del Gobierno de Luis Arce contra opositores, policías y militares por la crisis de 2019.

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