El exvicepresidenta correísta Jorge Glas, que permanece en prisión desde que fuese detenido dentro de la Embajada de México en Quito cuando había recibido asilo diplomático, afrontará un nuevo juicio por corrupción en Ecuador, acusado de presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el terremoto de 2016.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también será juzgado Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían.
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En cambio, el juez a cargo de la audiencia preparatoria de juicio del denominado caso ‘Reconstrucción’ ordenó el sobreseimiento de la causa para otros siete procesados, lo que fue apelado por la Fiscalía.
Entre los imputados que quedaron fuera del juicio está el exministro correísta de Transporte y Obras Públicas, Walter Solís, quien se encuentra en México, donde hace unos meses fue detenido y poco después puesto en libertad al tener condición de refugiado.
Durante la audiencia, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, formuló la acusación formal contra los procesados, y en el caso de Glas se basó como indicios en que, como presidente del Comité de Reconstrucción, dio prioridad presuntamente a 11 proyectos que no eran parte del plan inicial.
De acuerdo a la Fiscalía, el dinero recaudado para las obras de reconstrucción se destinó presuntamente a obras que no cumplían las condiciones de necesidad, emergencia e inmediatez, lo que derivó en un supuesto “abuso de dinero público en beneficio de terceras personas naturales y jurídicas, que fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia”.
El terremoto ocurrió el 16 de abril de 2016, cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió la provincia de Manabí y el sur de su vecina Esmeraldas, con un saldo de más de 670 muertos, miles de afectados y millonarias pérdidas materiales.
Fruto de esa emergencia se creó el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, presidido por Glas, con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia.
Para este propósito, el Gobierno logró recaudar más de 1.600 millones de dólares a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto, que permitió destinar donaciones y un 2 % de impuesto al valor agregado (IVA).
Así, se dio prioridad a 584 proyectos con un valor en conjunto de 367 millones de dólares pero, según la Fiscalía, “varias de esas obras no tenían relación con el objetivo de la ley y no se ajustaban al contexto de la emergencia por el terremoto”.
“Los hoy vinculados habrían participado, con sus decisiones, en el inicio de procesos contractuales y solicitudes de asignación de fondos para la ejecución de dichos proyectos, algunos de estos ya conocidos (para la fecha de los hechos), pues habían sido planteados años antes de ocurrido el terremoto. Pese a eso, se les asignaron fondos provenientes de la denominada Ley de Solidaridad”, sostiene el Ministerio Público.
Glas, que tiene pendiente todavía de cumplir una pena de ocho años por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 y 2020, respectivamente, se encuentra actualmente preso en La Roca, la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, después de que el año pasado fuese detenido dentro de la Embajada de México en Quito.
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Su detención se produjo en un asalto policial a la sede diplomática luego de que el Gobierno mexicano del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le concediese asilo diplomático al considerar como un perseguido político a Glas, que rechaza las acusaciones en su contra y denuncia ‘lawfare’ (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).
Glas, que fue uno de los hombres fuertes de la administración de Rafael Correa (2007-2017), se refugió en la Embajada mexicana en diciembre de 2023, cuando la Fiscalía se disponía a imputarlo por el caso ‘Reconstrucción’ y se mantuvo durante casi cuatro meses hasta el día que las fuerzas policiales irrumpieron en la sede mexicana y lo sacaron a la fuerza.
El caso provocó una crisis diplomática entre Ecuador y México, que se han contrademandado ante la Corte Penal Internacional de La Haya con acusaciones mutuas de haber violado convenios del derecho internacional.
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