Colombia en la mira: ¿Cómo afecta al país que sus exmilitares estén involucrados en el asesinato del presidente de Haití?

¿En qué momento nuestro vecino sudamericano empezó a exportar mercenarios? El Comercio conversó con los analistas colombianos Arlene Tickner y Ariel Ávila, quienes compartieron su mirada sobre el problema.

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“La historia de los mercenarios en Colombia es muy larga -cuenta Ávila, politólogo colombiano-. Aquí hubo mercenarios israelíes ilegales, como Yair Klein, quien entrenó a los mercenarios de aquí durante los años 80, sobre todo a los grupos paramilitares”.

Desde entonces, cuenta Ávila, la presencia de mercenarios colombianos en el mundo es bastante frecuente. En ese sentido, que algunos de sus compatriotas estén involucrados en el magnicidio de Haití es una raya más al tigre.

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“Antes de Haití, la última acción en la que se comprobó que había presencia colombiana fue en la Operación Gedeón, el intento cantinflesco de capturar a Nicolás Maduro que se terminó por desbaratar, cuya base estaba supuestamente en el norte del país, en el departamento de La Guajira”, anota.

Arlene Tickner, politóloga de la Universidad del Rosario (Colombia), recuerda otro caso: cuando los Emiratos Árabes Unidos contrataron a un grupo significativo de militares retirados que fueron desplegados en la guerra contra Yemen.

“Esto suscitó, incluso, un problema diplomático entre ambas naciones -dice-. Entonces, el expresidente Juan Manuel Santos trató de negociar algún tipo de acuerdo para que Colombia les prestara, arrendara o subcontratara a su personal, pero la propuesta fue negada”.

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¿Por qué los militares más capacitados que se retiran terminan como mercenarios en el mundo? Ávila trae a colación el concepto de guerras recicladas.

“Los conflictos bélicos dejan una serie de especialistas en la guerra que, una vez que termina el ciclo de violencia, no tienen cómo integrarse al mundo civil, al mundo de la legalidad, además de que nadie los quiere recibir y terminan siendo mercenarios”.

Ahí está el caso de Medellín, Pablo Escobar y la Oficina de Envigado -grupo criminal al servicio del Cartel de Medellín-, que “dejó un montón de sicarios” que “son exportados al mundo”.

Tickner anota que esta situación también revela las falencias del sector seguridad y del estado mismo, puesto que no ofrecen más oportunidades para quienes fueron sus miembros.

“Los militares se jubilan muy jóvenes, teniendo por delante muchas décadas de actividad profesional posible, y al no encontrar esas opciones en su país de origen se sienten tentados a ofrecer sus servicios en otros lugares”, apunta Tickner.

Para ella, existe una paradoja: “Estamos hablando de fuerzas especiales altamente entrenadas, de talla mundial, muy apetecidos internacionalmente por su ‘know how’ y experiencia en el terreno, pero que no encuentran facilidades para reintegrarse a la sociedad”.

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¿Repercusiones?

Pese a que hay quienes han advertido de los riesgos de la mercenarización de las fuerzas militares, el tema no está presente en la discusión pública de Colombia. Así opina Tickner, quien anota que “hay evidencias y rumores” sobre la participación de fuerzas colombianas en guerras de otras latitudes.

“El tema ha sido marginado del debate público. Y da la sensación de que los gobiernos de turno, así como el Ministerio de Defensa y las mismas Fuerzas Armadas, no tienen mucho interés en que ello se discuta”.

Ávila se suma. Para él, esto es un lastre más, un cuestionamiento más en temas de derechos humanos, pero no es que haga demasiado daño al país. Seguramente, el tema se aprovechará en la política interna, pero no habrá mayor diferencia.

“Todo el mundo sabe que Colombia exporta sicarios y mercenarios. Esto tampoco es que sea el gran hallazgo”.

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¿Cómo responderá el gobierno a esta noticia?

Tickner pide contextualizar el evento: Colombia ha sido blanco de críticas mundiales por la brutalidad policial en torno a las protestas sociales.

“Este episodio añade una capa de complejidad y tal vez de presión desde afuera para que haya discusiones más amplias y transparentes sobre lo que ocurre al interior de la fuerza pública colombiana”.

Por su lado, Ávila destaca que los gobiernos se han caracterizado por obviar el tema y nunca han tomado acción. “Ahora sí tendrían que prestarle atención, pero el gobierno siempre ha tenido la política de voltear la cara a estos fenómenos”.

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