Agencia EFE

Las agencias, fondos y programas de las exhortaron este martes a las autoridades y fuerzas de seguridad peruanas a “tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos”, un día después de que 18 personas murieran en las protestas del sureño departamento de Puno.

“Exhortamos a las autoridades y fuerzas de seguridad a tomar urgentemente medidas para asegurar el respeto a los derechos humanos, incluyendo el derecho a la manifestación pacífica; a observar los estándares y normas aplicables al uso de armas contra los manifestantes; y a facilitar una solución pacífica y dialogada a la crisis”, reza un comunicado de ONU Perú.

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Este lunes, 17 personas murieron en la ciudad de Juliaca, la más poblada de Puno, en una protesta en los alrededores del aeropuerto. A lo largo de la noche, una turba atacó a la Policía y un agente falleció y su cuerpo fue quemado.

Según los datos difundidos por la Defensoría del Pueblo, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros siete civiles “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras.

A ese número se suma el policía fallecido en Puno y que todavía no ha sido identificado.

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La ONU Perú lamentó “profundamente la pérdida de vidas humanas en el contexto de las protestas sociales” y expresó su “profunda preocupación por el incremento de la violencia”.

“Ofrecemos nuestras sentidas condolencias a las familias y comunidades de las personas fallecidas”, destacó.

Asimismo, hizo “un llamado a las personas y a las organizaciones sociales que vienen manifestándose a abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada”.

“Exhortamos a todas las partes a proteger especialmente los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, y a asegurar que las personas heridas reciban atención médica de manera oportuna”, subrayó.

También consideró que se debe “llevar adelante una investigación diligente, independiente, imparcial y transparente para esclarecer las denuncias de violaciones a los derechos humanos”, así como “asegurar justicia para los casos de personas muertas y heridas (incluyendo civiles, periodistas, policías y militares) desde el inicio de las movilizaciones en diversas regiones del país en diciembre de 2022″.

“Finalmente, desde ONU Perú, reiteramos nuestro compromiso y disposición para apoyar al país en la mediación y generación de procesos de diálogo y de escucha entre las partes, así como en la vigilancia del cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos, buscando dar solución a la crisis y retomar el rumbo del desarrollo y el bienestar”, finaliza el comunicado.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente.

Comenzaron tímidamente el 7 de diciembre, tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, y se extendieron a partir del 11 del mismo mes.

En Navidad, comenzó una tregua que se prolongó hasta el pasado miércoles, cuando retomaron las protestas concentradas en el sur del país, especialmente en Puno y su vecino departamento de Cusco.