Juristas internacionales: Maduro manipula al Poder Judicial

Ginebra (El Nacional de Venezuela / GDA) La justicia venezolana es sumisa a los dictados del Gobierno, denunció este jueves la Comisión Internacional de Juristas (ICJ). 

En una rueda de prensa en Ginebra, el jurista Carlos Ayala indicó que con la politización del Poder Judicial el régimen de Nicolás Maduro persigue a todos los que considera disidentes, sean estudiantes o líderes políticos, mediante procesos que violan todos los principios del debido proceso. 

Agregó que esa es la estrategia del Gobierno para, por ejemplo, justificar la represión de las protestas y garantizar impunidad a los funcionarios de las fuerzas de seguridad responsables de abusos de los derechos humanos. 

El informe del funcionamiento de la justicia en Venezuela fue realizado a través de talleres y reuniones con más de un centenar de ex jueces, antiguos fiscales y abogados en tres regiones del país, debido a que a los magistrados en funciones no se les permitió participar. Los representantes del Gobierno que fueron contactados no respondieron a ninguna de las peticiones de reunión enviadas por la Comisión. 

La falta de independencia afecta a todas las instancias de la administración de justicia, incluyendo a los jueces supremos, "designados en base a lealtades políticas y no por sus cualidades profesionales", agregó Ayala.

De poco más de 1.900 jueces en Venezuela -además de los 37 supremos-, 70% fueron nombrados sin haber participado en concursos públicos y su precariedad es tal que para removerlos se requiere una simple comunicación escrita. 

Cada año, según el comisionado del ICJ, son removidos de sus puestos aproximadamente 300 jueces. La situación en el Ministerio Público es todavía más inquietante, indicó Ayala, debido a que de 1.500 fiscales, prácticamente ninguno es titular. 

"Ellos designan libremente jueces y fiscales, y los van reciclando", destacó.

El informe del ICJ también advierte que el gremio de abogados sufre de la intromisión del poder político, con "el favoritismo del Gobierno para el nombramiento de abogados graduados de universidades estatales en cargos de judicatura, además del enjuiciamiento de los asociados a casos políticamente sensibles contra el Estado".