Justicia venezolana le quita poderes a la fiscal Luisa Ortega y la deja en el limbo

Luisa Ortega, la fiscal rebelde, acusó al gobierno de querer controlar las investigaciones penales tras conocer la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hecha pública el miércoles. Como si se tratara de un partido de ping-pong pero con el futuro de un país en juego.

A través de este veredicto, el oficialismo obliga a los fiscales a realizar sus acusaciones ante los tribunales de control para evitar que tanto sus generales como sus acusados de corrupción acudan como imputados ante los jueces. Una sentencia hecha pública horas después de que la Fiscalía General de la República imputara a la mujer y a la suegra de Haiman El Troudi, ex ministro de Transportes y Obras Públicas y presidente del Metro de Caracas. Este todopoderoso miembro del madurismo se libró de la acusación relacionada con el caso Odebrecht, al disponer de inmunidad parlamentaria.

El tira y afloja entre la revolución y la fiscalía vive, no obstante, una prórroga sorprendente: el plazo de cinco días que el TSJ adelantó para tomar su decisión respecto de Ortega expiró anteayer.

Observadores políticos lo relacionan con la excarcelación de Leopoldo López y con otras iniciativas a favor de los presos políticos, tomadas por el Palacio de Miraflores ante las presiones internas y externas que sufre.

"Voy a mantenerme firme en mi cargo para defender la democracia, me han tratado como si hubiera cometido un delito", aseguró no obstante Luisa Ortega, convencida de que la decisión ya está tomada. En los últimos días la fiscalía mantuvo una actividad incesante, tanto en casos relacionados con la ola de protestas opositoras como en casos previos de corrupción. Según sus cálculos, 232 personas están detenidas ilegalmente, sin petición fiscal, y 251 están privadas de libertad en sus domicilios en parecidas circunstancias.

Tres militares clave en la represión del gobierno durante las protestas también fueron imputados por graves violaciones de los derechos humanos, además de otros 43 por cometer robos contra manifestantes.

Entre los primeros está el coronel Bladimir Lugo, jefe del destacamento del Palacio Legislativo que permitió el asalto brutal contra el Parlamento.

Otro de los imputados es el actor Manuel Sosa, más conocido por sus relaciones sentimentales con las hijas de Hugo Chávez y Diosdado Cabello que por sus películas. Se lo acusa de irregularidades en sus contrataciones con Petróleos de Venezuela (Pdvsa), multinacional del gobierno donde se desfalcaron cientos de millones de dólares. Ortega también pidió información a Estados Unidos sobre el caso de los primos Flores, los famosos "narcosobrinos" de Cilia Flores, la mujer de Maduro llamada a presidir la Asamblea Nacional Constituyente.

El madurismo pretende destituir a la fiscal general a través del TSJ y de un rocambolesco proceso que quiere demostrar que Ortega dio su visto bueno al nombramiento de los magistrados ilegales del propio tribunal.

De poco sirve que la fiscal haya presentado la documentación que demuestra todo lo contrario. El Defensor del Pueblo insistió ayer en que las pruebas grafológicas le dan la razón al oficialismo.

El nombramiento de una vicefiscal de facto, también de forma ilegal, forma parte de la hoja de ruta oficialista para destituir a Ortega. Katherine Harrington, una antigua fiscal que persiguió a defensores de derechos humanos y opositores antes de ejercer como asesora del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), entró el viernes en la sede central de la fiscalía escondida en el baúl de un vehículo. Fue detectada más tarde y expulsada.

Mientras se espera la decisión judicial, las arremetidas de la cúpula gubernamental se desbordan a niveles jamás usados con un antiguo aliado. "Ortega, indigna fiscal, le queda grande el nombre de Chávez en su boca. ¡Le exigimos que más nunca lo diga, usted no es chavista ni un coño, carajo! ¡Traidora, vendepatria!", se despachó el vicepresidente Tareck El Aissami.

El dirigente radical reconoció que la Asamblea Nacional Constituyente, que se vota el 30 de este mes, "es también para voltear al Ministerio Público. Esa fiscal, una vez instalada la Constituyente, tiene que irse".

Un día antes Maduro volvió a involucrar a la fiscal rebelde en un plan de golpe de estado y de invasión, calificándola como agente extranjera.

Las filas del chavismo crítico sufrieron una nueva "baja", tras la captura de José Gregorio Zambrano, ayudante de Chávez y uno de los "héroes" del golpe del 4-F. El detenido, muy cercano al general retirado Miguel Rodríguez Torres, forma parte del frente ciudadano contra la Constituyente.

Fuente: La Nación, GDA
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