Kast paraliza la regularización de 182.000 migrantes ilegales en Chile: “Tiene que responder a su electorado”

El freno que le da a este proceso no está exento de controversia, pues se sabe que la regularización había comenzado con la anterior gestión de Gabriel Boric.

MIRA TAMBIÉN: Irán advierte de la “humillante captura” de soldados de Estados Unidos si hay un ataque terrestre

¿Qué está pasando en Chile? ¿Cómo afecta esta medida a los migrantes?

Según la actual gestión, los indocumentados participaron de un proceso de empadronamiento voluntario, con el fin de conocer su identidad y estatus, y el gobierno de Boric había dejado listo un decreto para regularizarlos.

“No vamos a producir una regularización masiva como se propuso en el gobierno de Boric”, indicó el director del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum. Además, agregó que el decreto que lo regularizaba estaba pendiente y fechado para el martes 3 de marzo, a solamente ocho días de que comenzara el mandato actual.

Según un informe de CNN Chile, las 182 mil personas se habían empadronado durante los años 2023 y 2024, y entre ellos se encontró que unos 6.000 habían cometido delitos.

Además…

Primeras marchas contra Kast

Miles de estudiantes chilenos protestaron el último jueves en Santiago contra el gobierno de José Antonio Kast, que evalúa un ajuste a la gratuidad de las universidades luego de que redujera el presupuesto del Ministerio de Educación. Informa la agencia AFP que Chile evalúa establecer un límite al acceso a la educación universitaria gratuita para los nuevos estudiantes mayores de 30 años.

Para el analista internacional Francisco Belaunde, el presidente Kast “evidentemente tiene que responder a su electorado”, pues las promesas de mano fuerte contra migrantes ilegales fueron parte de su campaña, pero señaló que “no tienen mucho sentido”.

“No sé si sea lo más inteligente porque si no va a poder expulsar a los indocumentados, qué sentido tiene mantenerlos en la ilegalidad y no darles oportunidad para que se legalicen; porque ya están aportando la economía chilena, pero más podrían aportar en impuestos”, indica.

Del mismo modo, el internacionalista Juan Negri apunta que esta medida podría aumentar la irregularidad.

“Es un típico ejemplo de una medida de corto plazo, es decir, calma una demanda política de orden pero no resuelve el problema de fondo, y a la vez el Estado como que abdica de la capacidad de más registro y más control”, explica el director de Ciencias Políticas en la Universidad Torcuato di Tella.

Mientras tanto, en la Comisión de Gobierno Interior del Senado chileno se viene evaluando un proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino de inmigrantes. Es decir, según un informe de Bio Bio, el migrante podría tener una condena de prisión o multa de 650.000 pesos. También plantea la expulsión posterior al cumplimiento de la condena.

Otra medida contra migrantes irregulares anunciada por Sauerbaum es la fiscalización en empresas y lugares de trabajo.

“No va a ser una caza de brujas, ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre en esta ilegalidad con más frecuencia”, aseguró. Para estas acciones viene conversando con el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo (DT), Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Una situación que bien puede recordar la estrategia de Donald Trump, en Estados Unidos, con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, también conocido como ICE, y que se ha encargado de la deportación masiva de migrantes, lo cual ha venido envuelto en algunos escándalos y casos de abuso.

Para Negri hay paralelismos entre Chile y Estados Unidos.

“Hay una lógica similar de disuasión, es decir, no solamente controlar la frontera, sino hacer más difícil la vida cotidiana del migrante irregular, despliegue estatal, lo de la zanja permite dar una narrativa de seguridad, y eso es parecido a Trump. Por supuesto Chile tiene menos margen para operativos masivos como el ICE de Estados Unidos”, compara.

Otra idea que busca replicar Chile es la expulsión de indocumentados. Sin embargo, para Negri esto podría ser más complicado.

“Esto implica costos, trámites administrativos, logística compleja, hay que coordinar vuelos, hay que coordinar custodias, hay que coordinar con otras agencias, Chile necesita de otros países para ejecutar esas expulsiones”, aclara el docente universitario, como lo que pasó con el Perú y la propuesta chilena de un corredor humanitario.

Esta propuesta, para Belaunde, pudo significar un problema entre ambos países. “Lo interesante es que hasta ahora, por lo menos, esa idea de expulsar a los ilegales a través de la frontera peruana, pues ya no va. Evidentemente eso implicaría entrar en problemas con el Perú“, explicó. Para el analista internacional un cambio podría verse cuando ”la situación en Venezuela comience a mejorar y una parte de los naturales de ese país decida regresar a su tierra".

En el 2025 las autoridades chilenas estimaron que había cerca de 2 millones de extranjeros, de los cuales el 38% son venezolanos, seguidos por los peruanos (13,6%), colombianos (10,9%), haitianos (9,8%), bolivianos (9,4%) y argentinos (4,3%), entre otros. Todos ellos serían regulares, ¿qué pasará con la población indocumentada?

Según Kast, en los últimos años “Chile ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado”.

Esta problemática ha sido parte de su campaña. “Les vamos a quitar los beneficios en salud, vivienda y educación a los inmigrantes irregulares que estén en Chile”, advertía Kast como candidato presidencial en el 2025. Y es que actualmente la Ley de Migración y Extranjería garantiza el acceso a servicios de salud, en igualdad de condición, y también el acceso a educación preescolar, básica y media a menores de edad.

Sin embargo, estos beneficios podrían llegar a su fin.

Para Negri, al quedar más personas fuera del sector formal, se va a tener también un impacto sobre la vulnerabilidad social. “Es decir, más empleo informal, menor acceso a la salud, a la educación”, advierte.

Por su parte, la comunidad religiosa chilena también ha llamado la atención sobre algunas propuestas legislativas que limitarían beneficios.

Según información del portal Vatican News, la Red Clamor Chile señala que las restricciones para migrantes irregulares que se debaten en el Parlamento chileno «contradicen la dignidad humana y la afirmación de la familia como núcleo de la sociedad».

En medio de la campaña de Kast contra migrantes irregulares, también aparece otra fijación del presidente chileno: la gestión de Gabriel Boric.

“Evidentemente él quiere distanciarse”, indica Francisco Belaunde. Y es que, además de paralizar la regularización de migrantes irregulares iniciada por Boric, también retiró el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y evitó la expropiación de Colonia Dignidad, el ex centro de tortura de Augusto Pinochet, todo gestionado durante el anterior gobierno izquierdista.

“Hay un discurso, tanto de Kast como de su gente, de que si estamos en una situación catastrófica, tenemos que romper con el gobierno de Boric”, puntualiza Belaunde.

Para Negri se trata de una “confrontación dialéctica“.

“Es una fijación que no es personal, es más bien estratégica. Boric funciona como el otro que le permite a Kast consolidar su base. Es una lógica típica de polarización que también lo vimos con Milei en Argentina. Necesitas ese contraste para ordenar la narrativa”, finaliza.