Atentados y violencia marcan la recta final de las elecciones en Colombia

Quedan pocos meses para que Gustavo Petro entregue la presidencia de Colombia, pero una de sus más altas promesas de campaña no se cumplió: la paz. La estrategia de seguridad que el Gobierno de Colombia configuró para sentar en la mesa de negociaciones a los violentos grupos armados simplemente no prosperó. Una muestra dramática se vivió el pasado fin de semana, cuando 21 personas murieron en un atentado perpetrado por el EMC, una de las disidencias de las FARC más virulentas comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, el terrorista más buscado del país.

Este ataque -considerado el más sangriento en dos décadas- no fue un hecho aislado, sino que forma parte de una ola de violencia que se ha recrudecido en los últimos años y que se ha vuelto un marco peligroso justo cuando falta un mes para las elecciones presidenciales. En los primeros cuatro meses del 2026 ya han ocurrido 48 ataques que han dejado 229 fallecidos, la mayoría civiles, y en un mes suman 31 atentados guerrilleros focalizados, sobre todo, en tres departamentos del suroeste del país, una zona estratégica para el narcotráfico y la minería ilegal, los principales ingresos de los grupos terroristas.

Además del EMC, liderado por ‘Mordisco’, dentro de las disidencias de las FARC están el EMBF de alias ‘Calarcá Córdoba’ y la Segunda Marquetalia, liderado por ‘Iván Márquez’, organizaciones que no se plegaron a los acuerdos de paz del 2016. A ellos se suma el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que nunca llegó a deponer las armas.

Desde que el izquierdista Gustavo Petro llegó al poder en el 2022 intentó negociar simultáneamente con estos grupos con la estrategia de la “paz total”, un plan ambicioso que buscaba plantear el fin de la violencia mediante diferentes incentivos, pero que al ser tan amplio y abierto solo logró que las organizaciones siguieran con sus actividades delictivas mientras dilataban el tiempo. Se formaron hasta 13 mesas de diálogo, pero las conversaciones quedaron en el aire. La paciencia del presidente se terminó, la persecución del ejército se recrudeció y los atentados no solo se multiplicaron, sino que fortalecieron a los grupos armados. Tanto así que en diez años el número de combatientes se duplicó hasta llegar a los 27 mil, según la Fundación Ideas para la Paz.

“Ha sido usual que los grupos armados jueguen con el recurso de presionar para mostrarse más fuertes y atemorizar más”, señala a El Comercio el politólogo Iván Garzón Vallejo, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Chile.

“No me extraña que los grupos del Cauca estén tratando de sabotear las elecciones, que es lo que quiere la junta del narcotráfico, que la extrema derecha gobierne”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia

“A pesar de que estos incidentes se han vuelto comunes en ciertas zonas del país, el atentado del fin de semana sí impactó en la discusión pública y puso el tema de la violencia y de la paz total en primer plano”, explica a este Diario el analista Theodore Kahn, director para la región andina de la consultora Control Risks.

En plena campaña electoral, y a pocas semanas del 31 de mayo, fecha de los comicios, los candidatos no dudaron en usar políticamente el atentado para atraer votos, y poner énfasis nuevamente en la seguridad.

El año pasado, cuando recién asomaban las postulaciones, el precandidato de derecha Miguel Uribe Turbay fue asesinado por la Segunda Marquetalia. “Ese fue un aviso del poder de fuego que tienen estas organizaciones y de la capacidad para desestabilizar el clima electoral. En el contexto actual, habrá que esperar si la violencia seguirá siendo periférica o va a tocar al electorado de las grandes ciudades”, acota Garzón Vallejo.

El candidato petrista, Iván Cepeda, que va liderando las encuestas, cuestionó que los ataques hayan ocurrido en una región como el Cauca, donde la izquierda tiene un amplio respaldo: “Surge una inquietud legítima sobre si estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca a sectores de extrema derecha”.

Por su parte, los dos candidatos de la derecha no dudaron en responsabilizar de la violencia al gobierno y su fallida estrategia de controlar a los grupos armados. Tanto Abelardo de la Espriella, quien va segundo en los sondeos y representa a una derecha más radical, como Paloma Valencia, la candidata del uribismo, han criticado con firmeza al presidente Petro por negociar la paz con los grupos armados y ambos sostienen, con matices, que no seguirán con el diálogo y que reforzarán su persecución.

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Iván Cepeda

Pacto Histórico (oficialismo)

El senador de 63 años es un político de izquierda, filósofo y experto en derecho internacional. Fue facilitador del proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en el 2016 y ha sido una de las piezas claves de la estrategia de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.

2

Abelardo de la Espriella

Defensores de la Patria (extrema derecha)

Es un abogado millonario de 47 años que se presenta como el ‘outsider’ de estas elecciones. Seguidor de Donald Trump y del presidente salvadoreño Nayib Bukele, defiende el porte de armas, la reducción del tamaño del Estado y ha propuesto la construcción de 10 megacárceles privadas.

3

Paloma Valencia

Centro Democrático (derecha uribista)

La senadora y abogada de 48 años es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe y es la abanderada de la derecha tradicional. Es una de las principales críticas de la estrategia de seguridad del gobierno y ha propuesto mayores acciones militares contra los grupos armados.

“Los candidatos de derecha sí han puesto énfasis en el tema de la violencia pues una de las críticas principales al actual gobierno es el deterioro de la seguridad y a la estrategia de paz total”, expresa Kahn.

“Específicamente, Iván Cepeda ha sido líder político de las negociaciones que empezaron hace cuatro años. Pero la conclusión compartida por diferentes sectores del espectro político es que la estrategia de la paz total fracasó porque no logró desmovilizar a ninguna organización, pues estos grupos que están tan vinculados a las economías ilícitas y que tienen pretensiones políticas más difuminadas de las que tenían las FARC tienen todos los estímulos para continuar en el crimen”, agrega Garzón. Entonces -señala- el escenario está marcado por una política de paz que ha fracasado, con un candidato que ofrece continuar con esa receta y un sector que lleva cuatro años cuestionando esa política.

A pesar de esto, la aprobación del presidente Petro se ha incrementado en los últimos meses y la alianza oficialista, el Pacto Histórico, logró un buen desempeño en las elecciones legislativas de marzo. “En estos meses, a la izquierda le ha ayudado que el campo de juego se ha movido más en los temas socioeconómicos y de justicia social. Entonces, el atentado de la semana pasada vuelve a poner el tema de la seguridad en primer plano, y esto tiende a beneficiar a la derecha. Pero todavía queda tiempo para las elecciones y la narrativa cambia cada día”, afianza Kahn.

Los grupos armados ya han dejado claro que no tienen intención de dar marcha atrás y que sus actos criminales continuarán. El gobierno de Petro, que no fue capaz de contenerlos, por lo menos debe asegurar que las elecciones no se tiñan de sangre.