El Gobierno de Ecuador emitió este miércoles el reglamento a la Ley de Comunicación que, según las autoridades, busca proteger la libertad de expresión, el ejercicio de la actividad periodística y blindar la democracia.
El presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, firmó un decreto sobre el reglamento a dicha ley durante una ceremonia especial efectuada en el Palacio de Carondelet, la casa de Gobierno en Quito.
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Acompañado de la secretaria de Comunicación del Ejecutivo, Wendy Reyes, y del ministro de Gobierno (Política), Henry Cucalón, Lasso aseguró que con la emisión del reglamento “Ecuador da un paso importante en su necesidad de blindar la democracia”.
“Soy un convencido de que una sociedad bien informada es una sociedad plenamente libre” y con capacidad de “tomar mejores decisiones”, apuntó el mandatario.
Según él, “limitar, obstruir o atentar” contra cualquier manifestación contraria al ejercicio del periodismo “equivale a una vulneración de la libertad de expresión”, pues, a su criterio, los periodistas y medios de comunicación “son el mayor símbolo de la libertad de expresión de una sociedad”.
Recordó que la Ley de Comunicación, tramitada por iniciativa suya, fue aprobada por él en noviembre pasado, luego de vetar cambios introducidos por la Asamblea Nacional (Parlamento), entidad disuelta en su mandato y a la que calificó de “oprobiosa”.
Lasso aseguró que los cambios sugeridos en el eliminado Legislativo, de mayoría opositora, supuestamente abrían la puerta “a la persecución penal a los periodistas” ecuatorianos, sobre todo por una norma sobre la “responsabilidad ulterior” de los comunicadores.
Con el actual reglamento, “reafirmamos el interés de fortalecer la libertad de expresión” y se crean mecanismos para la protección del trabajo de los periodistas, remarcó.
Asimismo, anotó que en el entorno de inseguridad que vive el país actualmente, la prensa también ha sido blanco de amenazas y ataques por parte de grupos violentos.
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Lasso afirmó que el instrumento normativo presentado este miércoles también es un “homenaje” a la memoria del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio, acribillado el pasado 9 de agosto por sicarios tras asistir a un mitin político en Quito.
“Tenemos que proteger la labor de la prensa” y hacerlo es “blindar la democracia”, insistió el mandatario.
El reglamento plantea una instancia técnica estatal para garantizar el trabajo periodístico y medir los niveles de riesgo que podrían afrontar los comunicadores al realizar su actividad, por lo que sugiere crear “unidades de prevención, protección, monitoreo o evaluación de agresiones contra periodistas en el ámbito nacional”.
También establece un Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación como ente encargado del Sistema de Comunicación Social.
Hace un año, Lasso había vetado de manera parcial las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas en la Asamblea Nacional, al considerarlas una “mordaza” para la libertad de expresión.
“Nuestra postura es firme: no reviviremos una ley mordaza que persiga a quien piense y opine diferente a nosotros. Ese fue mi compromiso y lo estoy cumpliendo”, aseveró entonces el mandatario.
En noviembre pasado, Lasso envió al Registro Civil (boletín oficial) la Ley de Comunicación, que requería de un reglamento para su aplicación.
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El anuncio sobre el reglamento a la ley de comunicación se dio tres días después de la primera vuelta electoral de los comicios presidenciales extraordinarios, que dejó a la correísta Luisa González y al empresario Daniel Noboa (hijo del magnate bananero Álvaro Noboa) como finalistas para una segunda y definitiva ronda de votaciones prevista para el próximo 15 de octubre.
Estos comicios surgieron en mayo pasado, cuando Lasso aplicó la llamada “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que le permitió disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones extraordinarias, que a la vez supuso recortar su mandato.
Por ello, quien gane la segunda vuelta electoral completará el periodo 2021-2025 que le correspondía a Lasso, pero que se truncó al aplicar la “muerte cruzada”, emitida justo cuando el Parlamento se disponía a votar una moción de destitución en su contra en un juicio político por presunta corrupción.
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