Tres de los diecisiete militares investigados en Ecuador por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados días después, relataron a la Fiscalía las torturas que presuntamente recibieron las víctimas por parte de sus compañeros en la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando los detuvieron irregularmente en el sur de la ciudad de Guayaquil.
Así lo indicó este lunes a EFE Fernando Bastias, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que lleva el caso en representación de las víctimas y sus familias, tras participar anoche y la madrugada de este lunes en una nueva reconstrucción de los hechos con los tres militares que solicitaron la cooperación eficaz (delación premiada).
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Esto llevó a la Policía, a la Fiscalía y a los abogados de ambas partes a recorrer nuevamente varias zonas de Taura, una localidad ubicada a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde los militares habían asegurado hasta ahora que dejaron libres y con vida a los menores.
La noche del 8 de diciembre, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, quienes vivían en el barrio Las Malvinas, de Guayaquil, fueron detenidos irregularmente por dos patrullas en los exteriores de un centro comercial y fueron llevados a Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Los militares, que están recluidos en dos cárceles del país bajo prisión preventiva, aseguraron desde un inicio que dejaron a los menores con vida en una zona rural de la localidad, y lo ratificaron en una primera reconstrucción de los hechos realizada en marzo. La autopsia de los restos de los menores reveló que recibieron disparos en la cabeza.
Ahora tres soldados han relatado que los menores fueron golpeados y humillados repetidamente antes de su desaparición por varios de sus compañeros, quienes casi llegando a Taura “los lanzaron afuera de la camioneta, los arrodillaron, les pusieron las manos en la cabeza y los comenzaron a golpear”, según explicó Bastias.
Cuando ya llegaron a la zona en la que los abandonaron, “los bajaron de la camioneta, le sacaron el cinturón a uno, lo desnudaron y lo comenzaron a golpear. Otro de ellos se resistió y el militar le comenzó a patear ya en el suelo”, añadió. También hablaron de un disparo hecho al suelo.
“Con estos detalles se suma la figura de tortura física y también sexual, debido al desnudo forzoso a un menor de edad”, precisó el abogado.
El jurista señaló que los soldados habrían torturado a los menores en un intento de obtener información sobre el cometimiento de un presunto delito y también con una “finalidad de disciplinar”.
“Cuando hay una lesión grave, un agente del Estado involucrado y hay una finalidad de por medio, hay elementos constitutivos de tortura”, agregó.
Bastias señaló que los militares que han hablado ahora buscarían que se los separe de la investigación por desaparición forzada y que, más bien, se los procese por un fraude procesal al haber omitido esta información durante todo el proceso, pero que es algo que no permitirán, pues “sería una injusticia para las víctimas”.
“Para nosotros allí no hay una eficacia en esa cooperación. Puede haber una modulación en el nivel de responsabilidad entre autoría y complicidad, pero no permitiremos que se lo retipifique por otro delito que no sea el de desaparición forzada. A los responsables de la tortura se les tendrá que sumar otro delito”, enfatizó.
Dijo también que los militares “solo fueron a decir lo que tenían preparado”, pues luego de relatar esos hechos se acogieron al derecho al silencio, por lo que los abogados de las familias no pudieron hacerles preguntas para indagar más en el tema.
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En la diligencia también participó un teniente coronel de la FAE recientemente vinculado a la investigación, por haber liderado un operativo sin avisar a la Fiscalía o la Policía en el que se recuperó la ropa que esa noche llevaban los menores y que, según los defensores de las familias, fue entregada sin cumplir la cadena de custodia.
Según Bastias, el militar, que se defiende en libertad, dijo que él sí había mencionado a su superior sobre la operación realizada, algo que a su criterio no lo exime de responsabilidad.
La instrucción fiscal del caso termina este miércoles, por lo que los abogados están a la espera de que se convoque a la audiencia de juicio, y esperan también que esta información se incluya en el proceso paralelo que se sigue por el asesinato de los menores.
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