Los líderes cívicos de Santa Cruz, la mayor región boliviana, anunciaron una huelga de 24 horas para este viernes para exigir la liberación de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho, quien fue detenido y trasladado a La Paz dentro de un proceso por la crisis de 2019.
“Se declara paro cívico departamental de 24 horas a partir de las 0.00 del día viernes 30 de diciembre de 2022 exigiendo la inmediata liberación de nuestro gobernador del departamento”, indica un documento de resolución leído por el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al terminar la Asamblea de la Cruceñidad.
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La asamblea repudió el “secuestro violento y posterior aprehensión” de Camacho y señaló que “el pueblo cruceño estará movilizado y en emergencia permanente” para demandar su liberación y retorno a Santa Cruz.
También respaldó la decisión de los comités cívicos provinciales de bloquear las carreteras locales e internacionales para evitar “próximos secuestros de cualquier ciudadano, dirigentes o autoridades departamentales” como aseguran que ocurrió con Camacho.
Los líderes cruceños consideraron que la detención del gobernador fue una “transgresión abusiva, ilegal y arbitraria, socialmente inaceptable y moralmente repudiable”.
También sostuvieron que en 2019 “no existió golpe de Estado”, sino que el entonces presidente Evo Morales “renunció y escapó” del país ante el “evidente fraude electoral” en los comicios fallidos de ese año, “por lo que cualquier proceso judicial iniciado por esta flagrante mentira es totalmente arbitrario, totalitario e inconstitucional”.
La asamblea acusó al Gobierno de Luis Arce de tener en marcha una “estrategia” para “provocar confrontación y caos para militarizar” la región y que esto incluye la movilización de “gente pagada para que realicen actos vandálicos y autoatentados destinados a generar violencia y muerte”.
Ante esto, pidieron a la ciudadanía “realizar un resguardo pacífico, responsable y permanente” de todas las instituciones públicas nacionales “para evitar que se sigan desarrollando “autoatentados y actos vandálicos” con el fin de procesar a líderes o ciudadanos cruceños.
La asamblea aludió así a los incendios registrados en la víspera en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y en la casa del ministro de Obras Públicas en esa ciudad, sucesos por los que los líderes cruceños responsabilizan a militantes del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) y a funcionarios públicos.
También denunciaron que el Ejecutivo “ha instaurado un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización” de la protesta y la libre expresión y acusaron al Gobierno nacional de manipular y tener “sometidos” a la Fiscalía y el poder judicial.
Además, desconocieron al comandante departamental de la Policía, Jhonny Chávez, a quien señalaron de haberse “prestado a este vil acto atentatorio contra la vida” del gobernador.
Camacho fue detenido el miércoles cuando llegaba a su vivienda y fue trasladado en helicóptero desde la oriental Santa Cruz a La Paz, en el occidente del país.
Horas después de la detención, la Fiscalía informó que corresponde al caso “golpe de Estado I”, una denuncia por el delito de terrorismo durante la crisis de 2019.
El oficialismo sostiene que Evo Morales fue víctima de un “golpe de Estado” promovido por Camacho y otros opositores, quienes niegan esas acusaciones y atribuyen la crisis a un denunciado fraude electoral.
El arresto de Camacho generó protestas en Santa Cruz y enfrentamientos con la Policía además de varios destrozos en entidades estatales del nivel nacional como la Fiscalía Departamental.
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