La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, afirmó este martes que la orden de detención emitida en su contra por la justicia de Guatemala no tiene base legal y forma parte de un “contraataque sin precedentes” contra ella y su entidad por su lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada.
“Estamos observando que esta lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada dentro y fuera del país está generando un contraataque sin precedentes contra los servidores de la entidad y la propia fiscal general de la Nación. La decisión anunciada ayer por el Ministerio Público de Guatemala es una más de esas manifestaciones”, declaró Camargo en una rueda de prensa.
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La fiscal aseveró que está tranquila por su inocencia en los “hechos que con sesgo político” se le atribuyen por su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y subrayó que “no existe una orden de captura internacional” y “no será emitida teniendo en cuenta el comunicado del Gobierno de Guatemala que rechaza la petición del Ministerio Público” de ese país.
Según Camargo, esa orden de detención relacionada con sus investigaciones de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht solo puede tener vigencia en el país centroamericano.
La controvertida medida fue anunciada el lunes por la Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco contra Camargo y el exministro de Defensa de Colombia y embajador designado en el Vaticano, Iván Velásquez, por supuestas irregularidades durante su trabajo hace años en la Cicig.
Dicha Sala de Apelaciones, que ha sido cuestionada por expertos en temas judiciales en otros casos, dio luz verde a la solicitud de detención contra los dos funcionarios colombianos que había planteado el Ministerio Público guatemalteco.
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Camargo, quien dirigió el Departamento de Investigación y Litigio de la Cicig entre 2014 y 2017, calificó la decisión de la corte como “una flagrante violación” al acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, que establece que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Cicig gozan de inmunidad.
“La determinación del Tribunal desconoce los parámetros del derecho internacional y los derechos humanos, carece de sustento jurídico y pone en riesgo la colaboración decidida entre países y organismos internacionales para luchar contra la impunidad, la corrupción y los flagelos criminales que debilitan las democracias”, expresó.
La fiscal explicó que, las actuaciones que se le cuestionan, como cruzar correos o asistir a reuniones en que se discutían los términos de colaboración eficaz a la que se sometieron los altos directivos de Odebrecht, “fueron la base para la entrega de importante información sobre los receptores de las coimas pagadas y del compromiso de la multinacional de reconocer al Estado de Guatemala una indemnización de 16,5 millones de dólares por actos de corrupción”.
Camargo recordó que la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el mes pasado de la existencia de “graves preocupaciones institucionales” respecto al liderazgo de la fiscal general guatemalteca y mencionó la existencia de un patrón del derecho penal para intimidar y acallar a quienes defienden los derechos humanos y combaten la corrupción.
Durante su conferencia, la fiscal también dijo que no descarta “que haya un ataque originario en violencia de género” en este caso, e hizo un llamado a la “sensatez” y a no “difundir rumores” sobre su conducta que, aseguró, “ni en esa época ni ahora puede ser cuestionada”.
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En 2023, el Ministerio Público de Guatemala ya anunció que emprendería acciones legales contra Velásquez y Camargo por su gestión al frente de la Cicig, en el marco del caso de corrupción vinculado a Odebrecht.
Ese episodio tensó las relaciones entre los dos países pues el presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió que los vínculos diplomáticos con el país centroamericano, en aquel momento gobernado por Alejandro Giammattei, se verían afectados si la Fiscalía continuaba con acciones legales contra Velásquez, que en ese entonces era su ministro de Defensa.
Petro afirmó este martes que la Fiscalía de Guatemala “obedece al crimen” y comparó la situación con la supuesta persecución de que fue objeto el exfiscal general colombiano Francisco Barbosa y con el caso del expresidente peruano Pedro Castillo.
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