Ocho años después del asesinato de la concejala Marielle Franco, ícono de la causa negra y LGTB en Brasil, la corte suprema inicia este martes en Brasilia un juicio a políticos y ex responsables policiales, acusados de haber ordenado el crimen.
Franco, de 38 años, fue acribillada a balazos el 14 de marzo de 2018 cuando viajaba en su auto por el centro de Rio de Janeiro, la ciudad donde era concejal municipal.
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Murió en el acto, al igual que su chofer Anderson Gomes.
El tirador y un cómplice ya fueron condenados a largas penas de cárcel en 2024.
La fiscalía acusa al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos, exlegislador de Rio, de haber ordenado este homicidio que conmocionó a Brasil.
Según la acusación, Franco se oponía en el concejo municipal a propuestas defendidas por los hermanos para legalizar la apropiación de tierras por parte de milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de Rio.
Ella misma procedente de una favela, esta referente izquierdista defendía los derechos de los habitantes de barrios pobres, sobre todo de jóvenes negros, mujeres y personas de la comunidad LGTB.
Su hermana Anielle Franco, actual ministra de Igualdad Racial del gobierno de izquierda de Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto asistir al juicio en Brasilia, al igual que otros miembros de su familia.
“No tengo ninguna duda de que los responsables serán condenados, y eso es muy importante”, vaticinó por su parte la viuda de la concejala, Monica Benicio, en una columna publicada el fin de semana en el diario O Globo.
“Pero el ecosistema del crimen que mató a Marielle sigue operando y extendiendo sus tentáculos”, advirtió en alusión a las milicias.
Formados en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, estos grupos se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
Beneficiadas por apoyos políticos de alto nivel, se han apropiado además de terrenos públicos para construir ilegalmente viviendas o edificios comerciales.
La corte también juzga a otros tres acusados por su presunta implicación en el asesinato: el excomisario Rivaldo Barbosa, el expolicía Ronald Paulo de Alves y Robson Calixto Fonseca, exasesor del Tribunal de Cuentas de Rio.
Barbosa está acusado de haber “trabajado para garantizar la impunidad de los autores intelectuales”.
Cuatro acusados están en prisión preventiva y Chiquinho Brazao se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario.
En octubre de 2024, un jurado popular condenó a 78 años de prisión a Ronnie Lessa, quien confesó haber matado a Franco con una ametralladora.
Disparó contra la concejala y su chofer desde un vehículo conducido por su cómplice Élcio Queiroz, quien fue condenado a 59 años de reclusión.
Durante el juicio, Lessa dijo haber quedado “ciego” y haberse “vuelto loco” por la suma de varios millones de dólares que le ofrecieron para cometer el crimen.
Los hermanos Brazao niegan los hechos que se les imputan y cuestionan la validez de un acuerdo de colaboración alcanzado por Lessa con la justicia para confesar.
“La acusación no se basa únicamente en esta colaboración de Ronnie Lessa: se apoya en diversos indicios, declaraciones, documentos que corroboran” su confesión, dijo en 2024 el juez de la corte Alexandre de Moraes, al justificar la apertura de un juicio.
En calidad de relator del caso, Moraes será el primero de cuatro magistrados en votar por la condena o absolución.
Este juez, tan poderoso como divisivo, ya estuvo a cargo de otro juicio histórico, en el que el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por golpismo.
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