La Corte Suprema de Brasil descriminalizó este martes el porte, cultivo y consumo de marihuana para uso personal, para que esto sea considerado apenas como un acto ilícito de naturaleza administrativa.
Una mayoría de magistrados interpretó que el consumo de droga no es crimen porque la ley actual, aprobada en 2006, ya lo despenalizó y los condenados por ello solo enfrentan castigos menores como la prestación de servicios comunitarios.
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“El consumo no está castigado ni con detención ni con reclusión, por lo tanto, no es crimen. El usuario no debe ser criminalizado, debe ser tratado con políticas de salud pública y socioeducativas”, afirmó durante la discusión el magistrado José Antonio Dias Toffoli.
Además, Toffoli apuntó al “estigma” asociado a la criminalización, lo que puede alejar a los usuarios de pedir la ayuda que necesitan.
Con todo, y frente a las críticas vertidas durante los últimos meses por legisladores de la mayoría conservadora en el Congreso, los magistrados insistieron en que no se está legalizando el consumo, una medida que compete al Poder Legislativo.
“El consumo de drogas ilícitas es una cosa mala y el papel del Estado es combatir el tráfico y tratar a los dependientes”, afirmó el presidente del tribunal, Luís Roberto Barroso.
La mayoría de los magistrados se puso de acuerdo en la necesidad de fijar una cantidad de marihuana para distinguir al usuario del traficante, quien sí enfrenta penas de prisión, porque la ley actual no lo establece.
La ausencia de un límite abre las puertas a comportamientos arbitrarios por parte de la policía y de los jueces, lo que según los magistrados puede acarrear casos de discriminación que afectan principalmente a los negros pobres.
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Según datos citados durante el debate en el Supremo, 20 gramos de marihuana bastan para que un joven negro y analfabeto sea considerado traficante, mientras que en el caso de un hombre blanco con estudios la cantidad es de 58 gramos de media.
“Queremos evitar esa discriminación entre ricos y pobres, queremos una regla que sea la misma para todos”, apuntó Barroso, durante una sesión la semana pasada.
Los magistrados han planteado cantidades que van desde los 10 hasta los 60 gramos, aunque una minoría dentro del tribunal ha señalado que el Congreso debería ser quien la estableciese.
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