El general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército colombiano, irá a juicio adversarial en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por no reconocer ante esa instancia su responsabilidad en al menos 118 casos de personas que fueron asesinadas y desaparecidas para ser presentadas como bajas en combate, en lo que se conoce como “falsos positivos”.
La JEP anunció este miércoles que remitirá el caso de Montoya a la sala de acusaciones donde se celebrará el juicio adversarial y en caso de ser condenado podrá enfrentarse a 20 años de prisión.
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“La evidencia del proceso indica que Montoya es penalmente responsable de los crímenes pues, como autor, puso en marcha en la jurisdicción de la IV Brigada una política de facto de conteo de cuerpos que privilegiaba las ‘muertes en combate’ como único indicador real del éxito del esfuerzo militar y desestimaba las capturas como un resultado indeseado y problemático”, señaló la JEP.
Montoya es uno de los nueve comparecientes de la fuerza pública imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el subcaso Antioquia, del Caso 03 de la JEP, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado en ese departamento del noroeste del país.
El general, que fue comandante de la IV Brigada del Ejército entre el 1 de enero de 2002 y el 14 de diciembre de 2003, es “penalmente responsable como autor de crímenes de guerra de homicidio en persona protegida, así como por desaparición forzada”, según la JEP.
Después de dirigir la IV Brigada, Montoya fue comandante del Ejército, entre marzo de 2006 y noviembre de 2008.
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La JEP ha documentado que durante el tiempo que Montoya fue comandante de la IV Brigada, con sede en Medellín, capital de Antioquia, se produjo “un patrón criminal” de actuación entre las filas del Ejército.
Así, las víctimas eran sustraídas de sus casas o interceptadas en transportes o en la vía pública por miembros del Ejército y luego eran asesinadas y acusadas, sin pruebas, de ser guerrilleros o milicianos.
También hubo engaños a personas en condición de vulnerabilidad que eran trasladadas a otros lugares y asesinadas para ser presentadas como bajas de combate.
A la vez, el Ejército también participó en el “asesinato y desaparición de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario que estaban puestas fuera de combate”, agregó la JEP.
La JEP ha identificado a 118 víctimas de estas prácticas en 16 municipios antioqueños.
Por el rol que Montoya tenía entonces, la JEP considera que “no solo tenía el deber jurídico de evitar que sus subordinados cometieran estos crímenes internacionales, sino también de no realizar acciones que propiciaran su perpetración”.
Durante las audiencias en la JEP, en el proceso ordinario en que los culpables pueden librarse de la prisión si aceptan su responsabilidad en los hechos y aportan pruebas y verdad a las víctimas, Montoya no quiso reconocer su autoría.
Por ello, la JEP ha decidido enviar a Montoya a la Unidad de Investigación y Acusación (la Fiscalía de la JEP) para que sea acusado en un juicio dentro de la misma jurisdicción que le podría llevar a la cárcel, así como ya hizo con el coronel retirado Iván Darío Pineda Recuero, también imputado en este caso.
