Enrique Peña Nieto, presidente de México. (Foto: EFE)
Enrique Peña Nieto, presidente de México. (Foto: EFE)
Redacción EC

Una ley que le otorga al Ejército de un marco legal para operar como policía fue aprobada este jueves pese a las objeciones de grupos defensores de los derechos humanos.


La Ley de Seguridad Interior entrará en vigor el viernes, luego de publicarse en el Diario Oficial de la Federación el jueves.

La ley fue aprobada por el Congreso la semana pasada y fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para su promulgación.

Peña Nieto dijo que es consciente de que la propuesta de ley era “especialmente sensible” y se abstendrá de decretar despliegues militares hasta que la Suprema Corte de México decida si es o no constitucional.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva", sobre la ley, dijo el mandatario en un evento público.

Agregó, sin embargo, que esto "no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan".

La llamada Ley de Seguridad Interior busca cubrir un vacío legal de más de 10 años, generado por la decisión del gobierno mexicano de lanzar a finales de 2006 una controvertida ofensiva militar antidrogas, toda vez que las policías locales se veían superadas por los grupos criminales.

Pero el operativo se ha acompañado de una ola de violencia que ha dejado más de 196.000 personas asesinadas y unos 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos están ligados a la criminalidad.

Los defensores argumentan que es necesario el ejército para luchar contra las bandas de narcotraficantes que no han sido combatidos por la policía civil. Los críticos dicen que la ley pasó rápidamente por el Congreso sin discutirse y no ofrece suficientes garantías en materia de derechos humanos.

La autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos de México anunció el sábado que estudia una acción de inconstitucionalidad contra la ley, mientras que partidos de oposición dijeron que también preparaban una iniciativa similar.

Organismos internacionales como el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y la Comisión Interamericana en la materia han criticado duramente la ley y llamaron en repetidas ocasiones al Congreso mexicano a no aprobarla subrayando que la estrategia militar no ha sido exitosa.

La ley establece, entre otros puntos, que la participación de las fuerzas armadas en zonas conflictivas no podrá exceder un año, pero que puede prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó.

Otro punto de legislación que provocó varias protestas indica que la información que se genere durante su aplicación será considerada de Seguridad Nacional, lo que la deja fuera del escutrinio público.

Fuente: AP/AFP

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