Narcotráfico y política: ¿cómo funciona la alianza que sigue siendo un lastre para Latinoamérica?

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Paradójicamente, tan lamentable –y acertada– reputación tiene como una de sus razones el nefasto vínculo entre el narcotráfico y la política, que, junto a la transversal corrupción, permite el crimen y la impunidad.

Si bien términos como ‘narcoestado’ o ‘narcodictadura’ han sonado más frecuentemente en años recientes, el narcotráfico ocupa, a mayor o menor escala, espacios políticos y económicos en todos los gobiernos de Latinoamérica desde hace más de medio siglo.

“El vínculo entre política y narcotráfico en Latinoamérica ha estado presente desde hace décadas. El primer gobernador de Baja California, en el México de la posrevolucion era un jefe de la delincuencia organizada que operaba los contrabandos de mercancías y personas a lo largo de la frontera con Estados Unidos”, dice a El Comercio Eduardo Buscaglia, académico de la Universidad de Columbia y experto en la lucha contra el crimen organizado.

“Sin embargo, la globalización económica de los últimos 30 años y el movimiento de capitales sin barreras han hecho que la delincuencia organizada sea capaz de mover bienes y servicios con más facilidad”, agrega el experto.

Apunta también que el narcotráfico lleva muchas décadas siendo un actor clave en la política de la región, pues “la relación entre la política y la delincuencia organizada pasa por la necesidad de financiar la política y obviamente para enriquecer a sus miembros que no poseen escrúpulos, ni limitaciones éticas”.

Agrega que es un problema que no distingue ideologías y que los países más afectados son aquellos con mayores vacíos institucionales y menor control de la entrada del dinero a la política. Si bien Latinoamérica es un mosaico en estos aspectos, hay algunos casos que es imposible no mencionar.

México

La historia del narcotráfico en México es la de una fallida ofensiva contra las drogas que se enmarca en niveles de violencia extrema. Las alianzas entre los grupos del narcotráfico y la clase política llegaron a todos los niveles del Estado, y son visibles en las zonas más pobres.

Gustavo Duncan, investigador y profesor de la Universidad Eafit de Medellín y experto en temas de narcotráfico, señala que la infiltración en la política en casos como el mexicano se da con “la financiación de campañas y la coerción para amedrentar a los competidores de los políticos. Pero lo más interesante es ver cómo se da la negociación política. En muchos casos, la conclusión es que los narcos pagan para que el gobierno no actúe”.

Buscaglia se pronuncia en la misma línea y detalla que la delincuencia organizada en México se ha diversificado hasta tal punto que se ve involucrada en 23 tipos de delitos.

“La infiltración de la delincuencia organizada en la política en un sentido amplio, no solo del narcotráfico, sino en todas sus aristas, tráfico de personas, compra y venta de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando de todo tipo, normalmente se logra a través del financiamiento de campañas y precampañas electorales, ya sea a través de partidos o a través de los individuos que compiten en los procesos electorales latinoamericanos”, explica.

Los cárteles mexicanos obtienen entre 19.000 millones y 29.000 millones de dólares anuales de las ventas de drogas en Estados Unidos.

Colombia

Aunque el poderío que tenían los cárteles colombianos en la década de 1980 ya no existe, la guerra contra el narcotráfico sigue en pie en el país, que se mantiene como el mayor exportador mundial de cocaína.

Ahí, el narcotráfico ha financiado a los paramilitares, la guerrilla y la política. El dinero del Cártel de Cali llegó a la campaña de 1994 del expresidente Ernesto Samper.

“En Colombia ha disminuido mucho la relación narcotráfico-política. ‘Otoniel’ cayó recientemente en medio de la jungla. El Estado ha replegado a estas organizaciones hacia la periferia”, dice Duncan.

Sin embargo, agrega, también hay una consecuencia particularmente negativa. “Existe un legado de crimen organizado en las ciudades, y no necesariamente crimen organizado rico, en muchos casos hay bandas o pandillas que controlan barrios en las ciudades, pero no están vinculados al tráfico internacional de drogas, sino con la pobreza”, apunta.

Venezuela

Los expertos coinciden en que en Venezuela el narcotráfico se ha mimetizado con lo más alto del poder. “El Estado funciona como delincuencia organizada, monolítica. El presupuesto público se financia a través de actividades como tráficos internacionales de oro, petróleo, de drogas”, dice Buscaglia.

“Casos como el de Venezuela conllevan preocupación porque generan una inestabilidad hemisférica, los gobiernos trafican personas, drogas, armas y todo tipo de bienes y servicios no solo dentro de Venezuela, sino también hacia afuera”, agrega.

El propio presidente Nicolás Maduro está acusado de narcotráfico en EE.UU., al igual que el exaliado del chavismo y jefe de espionaje Hugo Carvajal, cuya extradición de España al país norteamericano está en proceso.

Honduras

Otro caso que preocupa por la penetración del narcotráfico en la clase política es el hondureño. Este año, Juan Antonio “Tony” Hernández, el propio hermano del presidente Juan Orlando Hernández fue condenado en EE.UU. a cadena perpetua por narcotráfico. El mandatario ha rechazado testimonios que lo salpican.

La corrupción y la impunidad de la clase dominante han ayudado durante mucho tiempo a convertir a este país centroamericano en uno de los más pobres y desiguales del mundo.

El presidente Hernández destituyó en el 2020 a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un equipo de investigadores internacionales, reunidos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y financiados por Estados Unidos y otros actores.

Además del hermano del actual mandatario, otro hondureño que cumple condena por narcotráfico en Estados Unidos es Carlos Arnaldo Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).

Ecuador

Ante el avance de la violencia relacionada con las drogas, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha declarado el estado de excepción en el país y ha advertido que recuperarse del narcotráfico puede llevar de 10 a 15 años.

Lasso ha afirmado que Ecuador ha sido catalogado como un país de tránsito del tráfico de drogas, que a su vez ha generado un aumento del consumo de sustancias estupefacientes en el país.

La tasa de homicidios en el país se ha incrementado alarmantemente en los últimos años. En el 2016 era de 5,8%, mientras que en octubre de este año ascendió al 10,6%, según el diario “El Telégrafo”. Los registros indican que hubo 1.885 eventos delictivos en lo que va de año, 1.112 de los cuales fueron catalogados como violencia criminal.

Entrevista

“Alianzas se ven más durante elecciones”

Alejandra Sánchez Inzunza

Periodista mexicana y coautora del libro “Narcoamérica”

—¿Cuál es la relación actual entre política y narcotráfico en la región?

El vínculo no es reciente y tampoco muy cambiante porque las políticas de prohibición se mantienen igual. Esto siempre propicia vínculos por detrás, corrupción, tratos clandestinos y poco controlables entre la política y el narcotráfico. Estas alianzas viven en la oscuridad y se pueden ver con más claridad durante elecciones. Es un error definir al narcotráfico como un gran fantasma, se trata de casos específicos.

—¿Es el narcotráfico un actor clave en la política de la región?

Más allá de si es un actor clave, los grupos criminales tienen poder gracias a que los Estados lo permiten. Esto podría parar si el Estado reforma la política general de drogas y ataca la corrupción dentro de su propio sistema. Más que sea el narcotráfico el poderoso, es la política la que utiliza al narcotráfico o al crimen organizado para sus propios fines.

—¿Cómo se da la infiltración del narcotráfico en la política en estos días?

Es muy variable. Está el caso hondureño o el venezolano donde este nexo ya se da a niveles de gobierno, relaciones con los presidentes, investigaciones de la DEA, deportaciones, es otro nivel. En México, por ejemplo, que es un caso similar al del Perú en regiones como el VRAEM, se ve una alianza más caciquista, donde el narcotráfico tiene mucho poder en los pueblos y municipios con mayor pobreza donde no llega el Estado y entonces el narcotráfico suple su papel.

—¿Cómo amenazan estas actividades delictivas la democracia?

Las actividades delictivas en sí no son el riesgo, el riesgo para la democracia es la fragilidad de la misma democracia y la facilidad con la que grupos delictivos pueden comprar agentes del Estado y ejercer el poder porque los Estados no son lo suficientemente fuertes.

—¿Qué casos preocupan más?

Los casos más preocupantes sin duda son Honduras y Venezuela, que tienen las relaciones entre narcotráfico y política más evidentes. Pero en cuanto a poder y hegemonía, los carteles mexicanos siguen siendo los más fuertes, los que controlan el mercado transnacional.

—¿Ve alguna solución?

Mientras haya una política de drogas regional en la que se trate el tema de estupefacientes como un problema de seguridad y no de salud y se siga apostando por una prohibición de las sustancias se van a seguir dando estos fenómenos. Hasta que no se apueste por otras alternativas como la regulación y tomar el tema como un tema de salud, pues es muy difícil que no surjan estos vínculos entre narcotráfico y política.

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