Lo que hace tres años parecía una inofensiva protesta de escolares chilenos en contra de una subida en el boleto del metro terminó convirtiéndose en un cuestionamiento nacional sobre el modelo de sociedad.
Chile lleva desde octubre de 2019 en una espiral de adrenalina política: en tiempo récord ha vivido una revuelta por más derechos sociales, un plebiscito sobre la Constitución actual, las presidenciales más polarizadas en 30 años y la redacción de una nueva Carta Magna.
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La última parada es el referéndum del próximo domingo, en el que 15,1 millones de chilenos decidirán si aprueban la propuesta elaborada por una convención con paridad de género —el primer órgano de este tipo en el mundo— o si mantienen el texto actual, heredado de la dictadura y de corte neoliberal.
“Durante los 30 años posteriores a la dictadura hubo mucha estabilidad, pero todo se desvaneció. Este periodo tumultuoso ha empujado a la gente a pensar en el tipo de sociedad en el que quieren vivir”, afirmó a Efe Kenneth Bunker, director de la encuestadora Tresquintos.
Para Juan Pablo Araya, de la Universidad Estatal de O’Higgins, la convulsión “no surge por generación espontánea” y se explica por “un sistema muy elitista que no ha sabido dar respuesta a las demandas sociales”.
“En los primeros mandatos de Bachelet y Piñera, las protestas estudiantiles fueron muy importantes. De hecho, parte del Gobierno actual, incluido el presidente Gabriel Boric, forjó su carrera en las calles”, apuntó a Efe.
Frontera simbólica entre los barrios ricos y pobres de Santiago, la rotonda conocida como Plaza Italia pasará a la historia como el epicentro de las revueltas que dejaron una treintena de muertos y señalamientos contra las policías por violaciones a los derechos humanos.
Tres años después, los vestigios de aquellos meses están presentes por todos lados: edificios abandonados, escaparates blindados con aluminio y muros llenos de pintadas.
“El estallido generó una situación de desorden público que no se ha restablecido. Hemos seguido con una especie de estallido de baja intensidad”, aseguró a Efe Claudia Heiss, de la Universidad de Chile.
Pedro Velasco (47) trabaja en una cafetería aledaña que estuvo cerrada meses por las protestas y la pandemia, y tiene claro que no aprobará la nueva Constitución.
“Yo solo quiero que salgamos de esto y volvamos a lo que éramos. No estábamos tan mal”, dijo a Efe.
Valentina Barriga, una universitaria de 23 años que cada viernes desde 2019 acude a la rotonda para seguir reclamando una educación gratuita, piensa distinto: “Estamos a un paso de lograr un mejor país”, subrayó a Efe.
En noviembre de 2019, tras una noche de desorden absoluto, las fuerzas políticas llegaron a un acuerdo —en el que jugó un rol relevante el propio Boric cuando era diputado opositor al Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022)— para convocar un plebiscito sobre la Constitución.
Más del 78 % de los chilenos se inclinó por cambiar el texto actual y decidió en octubre de 2021 que el órgano encargado de redactar el nuevo fuera una convención de 155 miembros elegidos solo para ese trabajo.
Heiss explicó que el malestar constitucional se arrastra desde 1990, “cuando se inaugura la transición con la Constitución de Pinochet”, lo que generó “una sensación de democracia incompleta” y que “la gente asociara los problemas con las normas institucionales”.
Pese al entusiasmo inicial, la convención fue perdiendo adherentes por los roces internos y varios escándalos que salpicaron a una lista de constituyentes ligados al estallido.
Los últimos sondeos revelaron que se impondría, con más de 10 puntos de diferencia, la opción de rechazar el nuevo texto, que declara a Chile un Estado social de derecho y consagra derechos fundamentales.
Los expertos señalan, sin embargo, que el resultado está muy abierto porque esta vez el voto es obligatorio y hay más de un 50 % del electorado que lleva sin votar desde 2012, cuando el sufragio pasó a ser voluntario.
Para Bunker, al proceso “le jugó en contra la ambición de la convención de querer regular demasiados aspectos”.
“El 5 de septiembre puede ser incluso más importante que el 4 porque el proceso continuará”, añadió.
El carácter plurinacional del Estado, el sistema de justicia o la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en el texto que generan más polémicas, aunque hay un acuerdo entre las fuerzas de izquierdas para modificarlo en caso de que gane el “Apruebo”.
“Cualquier proyecto constitucional va a dejar a personas con una sensación de amargura porque detrás de él hay disputas ideológicas por las diferentes visiones sobre la sociedad o la manera en que se distribuye el poder”, expresó por su parte a Efe Raúl Burgos, de la Universidad Católica de Valparaíso.
Lo importante, agregó, “es que dicha disputa se ajuste a una regla esencial en democracia: saber ganar y saber perder”.
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