La Central Obrera Boliviana (COB) planteó este martes al Gobierno del presidente boliviano, Rodrigo Paz, una agenda con ocho puntos que incluyen la “no judicialización de la protesta”, con el fin de “pacificar” el país tras un mes y medio de protestas y bloqueos de carreteras de esa entidad junto a sindicatos campesinos.
“Se ha decidido, en consulta con todos los actores, enviar al Gobierno central una conminatoria y planteamiento para la pacificación y recuperación del país que tiene que ser atendida de manera inmediata”, declaró a los medios el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, junto a otros líderes de esa entidad sindical.
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La propuesta, enviada por escrito a Paz, propone una serie de demandas distribuidas en ocho áreas, entre ellas, derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación, para asegurar el “derecho a la movilización” y que no haya sanciones contra los sectores promotores de las manifestaciones.
Otros puntos son el cumplimiento de compromisos electorales; la soberanía económica y defensa de empresas públicas para evitar posibles privatizaciones, transparencia y fiscalización en casos de presunta corrupción y narcotráfico y que se mantengan los precios de los combustibles.
La COB también exige la consulta “obligatoria” de cualquier medida “macroeconómica” que se quiera poner en marcha, la protección del “bolsillo popular” y atención de las demandas salariales de los sindicatos y finalmente la defensa de las áreas protegidas y el “principio pacifista” del país.
Argollo sostuvo que si el Gobierno no atiende esta agenda, van a “masificar” las protestas y bloqueos de carreteras que iniciaron en mayo junto a la Federación de Campesinos de La Paz para exigir la renuncia de Paz.
A esas manifestaciones se sumaron sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), aunque el líder de la COB deslindó vínculos con el exgobernante, quien por su parte ha llamado a sus seguidores a mantener los bloqueos de carreteras, sin opción a diálogo, hasta que renuncie Paz.
Más temprano, el mandatario recordó que la Constitución y la ley de regulación de estados de excepción que firmó la semana pasada le permiten actuar ante los conflictos, pero consideró que “el diálogo está desbloqueando más que la fuerza”, ante la disminución de los cortes de rutas en los últimos días.
Paz, que lleva siete meses de Gobierno, ratificó que dialogará con los sectores que tienen “reivindicaciones justas” y que aplicará la ley con quienes “están tomando una actitud política”.
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Para aplicar el estado de excepción, hace falta un decreto que, además, debe ser aprobado por el Legislativo.
Los bloqueos de carreteras, que comenzaron el 6 de mayo, han causado desabastecimiento de alimentos, combustible, oxígeno medicinal y medicamentos.
El conflicto ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de acceso oportuno a atención médica por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares.
Decenas de policías y militares, con el apoyo de varios civiles, desbloquearon este viernes 5 de junio la ruta que une la ciudad boliviana de La Paz con la región de Río Abajo, una importante zona productora de alimentos, donde grupos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz instalaron cortes de vías. (EFE) SOBRE EL AUTOR
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