Bolivia al borde de una nueva crisis: qué hay detrás de las protestas y los pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz

Rodrigo Paz asumió el gobierno en noviembre del 2025 con la promesa de arreglar la economía del país, marcada por la escasez de dólares, desabastecimiento de combustibles e inflación elevada, tras casi 20 años de gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), primero con Evo Morales y después con Luis Arce.

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Para enfrentar la crisis, Paz aplicó medidas de fuerte impacto económico: eliminó la subvención a los combustibles vigente por más de dos décadas, redujo el gasto público y buscó financiamiento externo para recuperar liquidez y estabilizar la economía.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta resistencia de sindicatos y organizaciones sociales históricamente cercanas a los gobiernos de Morales y Arce. La principal tensión surgió con la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza el cierre de empresas estatales deficitarias y acusa al Ejecutivo de impulsar una “privatización encubierta”.

La agencia EFE informó el lunes que a las protestas se sumaron los maestros en Santa Cruz, que realizaron huelgas y se encadenaron en oficinas públicas para exigir mejoras salariales y participación en una nueva ley educativa.

Además, los cocaleros del Trópico de Cochabamba, afines a Morales, amenazaron con incorporarse a las movilizaciones en medio de la creciente tensión política por la orden de captura contra el exmandatario.

Entre sus demandas, la COB y otros sectores exigen un aumento salarial del 20 %, mientras Paz rechaza esa posibilidad por el impacto fiscal. El Ejecutivo acusa a algunos grupos de intentar desestabilizar al Gobierno para recuperar influencia política.

Por su parte, el dirigente campesino Alejandro Yura dijo a EFE que su sector ya no busca el “diálogo” con el Gobierno, sino “la renuncia” del presidente.

En tanto, la Cámara Nacional de Industrias advirtió que las protestas y bloqueos generan pérdidas económicas de entre 50 y 60 millones de dólares al día.

Uno de los mayores golpes para Rodrigo Paz fue la crisis por la venta de gasolina en mal estado, que provocó protestas de transportistas y terminó con la salida en abril del ministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli. Además, la estatal petrolera YPFB atravesó inestabilidad interna y denuncias de corrupción.

El Gobierno admitió en febrero que se distribuyó gasolina “de mala calidad”. Según el entonces ministro de Hidrocarburos, el problema habría surgido por residuos contaminantes en tanques de almacenamiento heredados de administraciones anteriores, que alteraron la mezcla del combustible importado.

Posteriormente, el Ejecutivo fue más allá y denunció posibles redes de corrupción dentro de YPFB, adulteración deliberada del combustible, mezcla con agua y aceites y un supuesto “sabotaje” para desestabilizar al nuevo Gobierno.

Sin embargo, hasta mayo no existe una conclusión oficial definitiva ni investigaciones cerradas que determinen con claridad quiénes fueron los responsables directos.

El impacto social fue muy fuerte. Miles de conductores denunciaron daños mecánicos en sus vehículos como fallas de motor, deterioro de inyectores, problemas en bombas de combustible y y paralización de sus unidades de transporte. Los sindicatos de choferes aseguran que más de 10.000 vehículos resultaron afectados.

El periodista y analista político Rafael Archondo consideró que la crisis que enfrenta el gobierno de Paz se agravó con rapidez apenas seis meses después de su llegada al poder.

Archondo señaló a El Comercio que el Ejecutivo intentó contener las manifestaciones, pero no logró frenarlas, y atribuyó parte de la escalada al reciente proceso de elecciones subnacionales en Bolivia, cuyos resultados evidenciaron que Evo Morales todavía conserva influencia política regional, especialmente en Cochabamba, donde logró impulsar autoridades afines pese a las restricciones judiciales y políticas en su contra.

El analista sostuvo que uno de los errores del Gobierno fue decidir gobernar sin construir una mayoría parlamentaria sólida, pese a que existían posibilidades de formar alianzas. A su juicio, esa decisión debilitó al Ejecutivo y obligó a gobernar principalmente mediante decretos, sin respaldo político suficiente para impulsar reformas profundas.

También remarcó que el Gobierno mostró debilidad en áreas clave, como el manejo de la crisis de hidrocarburos, la inestabilidad en la empresa petrolera estatal y los cambios constantes de autoridades.

“La crisis económica heredada no ha cesado”, afirmó Archondo, al señalar que el retiro de la subvención a los combustibles fue prácticamente la única medida importante adoptada hasta ahora.

Según explicó, el problema para Rodrigo Paz es que terminó generando descontento en ambos extremos del espectro político. Por un lado, sectores conservadores y de derecha consideran que las reformas fueron demasiado tímidas y que no se produjo un verdadero cambio del modelo económico heredado de los gobiernos del MAS. Por otro, sectores sindicales y simpatizantes de Evo Morales rechazan el ajuste económico y el alza de combustibles.

Archondo remarcó que las protestas no pueden atribuirse únicamente al evismo. Señaló que organizaciones sindicales como la COB y sectores campesinos, especialmente en La Paz, también se encuentran distanciados del Gobierno y participan activamente en las movilizaciones.

El analista describió un país dividido en dos tipos de oposición: una más radicalizada en el altiplano y el occidente boliviano, donde se concentran los bloqueos, y otra más moderada en el oriente y las ciudades, que exige reformas económicas más profundas y un cambio de rumbo más claro.

A su juicio, el principal dilema del presidente Paz será decidir si continúa intentando mantenerse en una posición de centro o si opta por romper definitivamente con el modelo económico que predominó en Bolivia durante las últimas dos décadas.

Para el analista político Ricardo Calla Ortega las protestas responden a una “dinámica de múltiples actores” contra el gobierno de Paz y no es únicamente una estrategia impulsada por Morales.

Según explicó a El Comercio, Morales mantiene una capacidad de movilización sindical en sectores campesinos y cocaleros, especialmente en Cochabamba, La Paz y Oruro, donde conserva influencia a través de redes sindicales rurales.

Esa estructura participa en los bloqueos que afectan la ruta entre La Paz, Oruro y Cochabamba, aunque Calla aclaró que el expresidente ya no tiene el peso político o electoral de años anteriores.

El analista afirmó que detrás de las protestas también operan intereses vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, sectores que —según dijo— buscan desestabilizar al Gobierno porque se sienten amenazados por las acciones de Rodrigo Paz contra redes criminales y de narcotráfico. Señaló que cárteles de droga estarían financiando movilizaciones y fortaleciendo los bloqueos en regiones como el Chapare, el norte de La Paz y zonas cercanas a El Alto.

Calla consideró que algunos análisis exageran el rol de Morales al presentar al exmandatario como el principal responsable de la crisis. A su juicio, Evo es solo “uno de los actores” dentro de un escenario más amplio de intereses cruzados que intentan generar convulsión social en Bolivia.

Pese a la tensión, el analista estimó que el conflicto sigue siendo geográficamente limitado —principalmente en La Paz, Oruro y Cochabamba— y que, por ahora, no parece tener la fuerza suficiente para desencadenar una crisis política mayor o poner en riesgo inmediato al Gobierno.