Bolivia: ¿Qué puede pasar tras la ley que habilita al Gobierno a recurrir a los militares para desbloquear las rutas?

La crisis política y social en Bolivia entró en una nueva fase el domingo luego de que el Congreso aprobara, tras 15 horas de debate, la ley que regula los estados de excepción, una norma que habilita al presidente Rodrigo Paz a recurrir a las Fuerzas Armadas para desbloquear las carreteras tomadas por manifestantes. La decisión llega después de más de un mes de protestas, desabastecimiento y creciente tensión en distintas regiones del país, y abre interrogantes sobre el próximo paso del Gobierno: profundizar las negociaciones con los sectores movilizados o recurrir a medidas extraordinarias para recuperar el control de las rutas.

La norma establece un marco legal para que el Ejecutivo pudiera declarar estados de excepción y coordinar acciones entre la policía y las Fuerzas Armadas en situaciones de crisis graves, bajo el argumento de garantizar corredores humanitarios, abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.

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Uno de los artículos de la ley señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.

Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto, indicó un reporte de la agencia AFP.

Rodrigo Paz, de 58 años, asumió el poder el pasado 5 de noviembre. El presidente ha reiterado llamados al diálogo, sin que hasta ahora haya sido acogido por las principales organizaciones que encabezan las protestas.

Desde hace un mes, Bolivia enfrenta bloqueos de carreteras liderados por la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB). Inicialmente, los dirigentes de las protestas exigían aumentos salariales y otras demandas sociales, pero posteriormente se sumaron grupos leales al expresidente Evo Morales, que han convertido la renuncia del presidente Rodrigo Paz en la principal bandera de las movilizaciones.

Actualmente, los bloqueos de carreteras se extienden a ocho de los nueve departamentos de Bolivia y han provocado escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, siete personas han muerto por la falta de atención médica oportuna derivada de los bloqueos, mientras que otras tres fallecieron en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo.

El episodio más reciente de violencia ocurrió el sábado en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, donde enfrentamientos durante un operativo de desbloqueo dejaron 16 civiles y 19 policías heridos.

De acuerdo con un reporte de la agencia EFE, la operación, en la que se usaron gases lacrimógenos, logró liberar la ruta por algunos momentos, pero poco después los manifestantes se reagruparon y reforzaron los puntos de bloqueo, lo que derivó en un enfrentamiento con la policía que se extendió por más de cuatro horas.

Consultado por El Comercio, el analista político boliviano Franz Flores Castro, aseguró la crisis boliviana atraviesa un momento de inflexión. Aunque en los últimos días parecía abrirse una ventana para la reducción de las tensiones, los recientes enfrentamientos registrados en Santa Cruz evidencian que el conflicto aún está lejos de resolverse, manifestó.

Flores recordó que hace apenas unos días se produjo una apertura parcial de rutas que permitió el ingreso de varias toneladas de alimentos a las ciudades de La Paz y El Alto, las más afectadas por los bloqueos.

“Eso hacía prometer que las cosas estaban yendo hacia un pacto implícito, una especie de apertura de las vías”, señaló.

Sin embargo, la situación volvió a complicarse tras los incidentes ocurridos en San Julián, donde grupos movilizados resistieron las operaciones de desbloqueo.

El analista advirtió que existen reportes sobre el posible uso de armas de fuego por parte de algunos manifestantes en San Julián, aunque pidió cautela debido a la intensa disputa informativa que también se libra en las redes sociales.

“Hoy esta lucha se libra en el terreno real, pero también en el terreno de las redes sociales, y la desinformación va de un lado y del otro”, afirmó.

Flores agregó que uno de los factores que habría contribuido a la escalada de tensión en San Julián fue la participación del Movimiento Juvenil Cruceñista en las labores de desbloqueo. Según explicó, la presencia de integrantes de este grupo regionalista junto a las fuerzas policiales generó rechazo entre algunos pobladores y sectores movilizados de la zona.

De acuerdo con Flores, parte de los manifestantes habría interpretado esa participación como una provocación debido a las tensiones históricas entre sectores afines al regionalismo cruceño y organizaciones campesinas e indígenas del occidente boliviano. “Ellos decían que podían aceptar el desbloqueo de la policía, pero no de quienes los han llamado salvajes, indios, bloqueadores o inhumanos”, explicó.

A su juicio, este elemento ayuda a entender por qué el operativo terminó generando una resistencia mayor a la esperada.

A juicio de Flores, la aprobación de la ley que reglamenta los estados de excepción no implica necesariamente que el presidente Paz esté decidido a decretar de inmediato una medida extraordinaria.

Por el contrario, considera que el Gobierno busca ganar tiempo mientras apuesta al desgaste progresivo de las movilizaciones.

“Cuando el Gobierno envió al Legislativo la reglamentación de los estados de excepción, en realidad trató de ganar tiempo. La opción del Gobierno es clara: hacer que con el tiempo estos movimientos se vayan debilitando al punto de no existir”, sostuvo.

Según el analista, el Ejecutivo intenta combinar negociaciones sectoriales con una estrategia de desgaste político y logístico de los bloqueos, evitando por ahora adoptar decisiones que puedan escalar el conflicto.

“Evidentemente se busca abrir la negociación, pero apostando al debilitamiento de la movilización”, resumió.

Aunque la nueva ley abre la puerta para una intervención más amplia del Estado en caso de agravamiento de la crisis, Flores considera que el Gobierno es consciente de los riesgos que implicaría recurrir a un estado de excepción o estado de sitio.

“El Gobierno, en realidad, no quiere asumir esa medida”, afirmó.

Su argumento es que Bolivia atraviesa una crisis de capacidad estatal y que imponer autoridad de manera efectiva en todo el territorio sería extremadamente difícil incluso bajo un régimen excepcional.

“Estamos en una crisis de Estado. Bolivia es un Estado débil y no puede imponer orden y autoridad a lo largo del territorio. Un estado de excepción obligaría al Gobierno a intentar hacerlo, y eso es poco menos que imposible”, señaló.

Para Flores, el principal temor del Ejecutivo es que una intervención de gran escala desemboque en una espiral de violencia que termine fortaleciendo a los sectores movilizados.

“Históricamente ocurre más bien lo contrario: mientras más muertos hay, más violencia se desata y los movilizados salen con mayor fuerza”, advirtió.

Pese a sus reservas, el analista considera que la nueva legislación deja abierta una opción que podría ser utilizada si las negociaciones fracasan y los bloqueos persisten.

En ese escenario, la intervención militar para despejar rutas aparecería como el recurso extremo de una administración cada vez más presionada por el desabastecimiento y el desgaste económico.

Para los próximos días, Flores prevé que continúen los intentos de negociación impulsados por el Ejecutivo en distintas regiones del país.

“Hay negociación a nivel de los departamentos. Los ministros se están yendo a todos los departamentos para tratar de comprometerse con demandas sectoriales, departamentales y municipales”, explicó.

Según el analista, algunos de esos esfuerzos habían comenzado a generar resultados antes de los recientes episodios de violencia, por lo que todavía existe margen para una salida negociada.

“Probablemente ya se estaba dando un proceso de desbloqueo, pero lamentablemente hemos retrocedido”, afirmó.

Por ahora, concluye, Bolivia permanece en una situación incierta: el diálogo sigue siendo la principal apuesta del Gobierno, pero la aprobación de la nueva ley deja sobre la mesa la posibilidad de medidas más drásticas si la crisis continúa profundizándose.