La represión policial en Latinoamérica: ¿un mal generalizado?

Nunca la gran máxima de Max Weber tuvo tanto sentido y fue tan evidente en Latinoamérica. Para resolver el antiguo problema de poder convivir con nuestros pares en un mismo lugar, se debió entregar el monopolio de la violencia física al Estado, ese aparato burocrático que funda todas sus prerrogativas en su legítimo uso. El orden social es, digamos, la base sobre la que se fundan las sociedades modernas.

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El problema, por supuesto, aparece cuando los encargados de aplicar la fuerza se pasan de la raya. En Estados Unidos suenan con fuerza los nombres George Floyd, Daniel Prude y otras víctimas de una policía cada vez más desacreditada.

Por supuesto, el Perú no es ajeno a esta situación. Basta con revisar las últimas noticias para notar que la policía exageró en su uso de la fuerza y utilizó municiones ilegales para acabar con las protestas en contra del expresidente Merino. Hasta el Tribunal Constitucional ha rechazado su accionar.

Pero antes de nuestro país, en la región, las últimas noticias llegaban desde Colombia. ¿Era necesario hacer tantas descargas eléctricas a Javier Ordóñez, el abogado que salió en pleno toque de queda a comprar alcohol? Los videos que registraron el arresto dan cuenta de su reclamo: “Por favor, por favor, ya, por favor, no más”.

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Luego, Ordóñez fue trasladado a un hospital, y perdió la vida.

La BBC anota que, en Colombia, la policía ha debido radicalizarse para contener la dispersión del coronavirus (y, por ende, restringir la libertad de los ciudadanos), al punto que se han cometido 400 caso de abuso de autoridad en los últimos meses.

“La Defensoría del Pueblo reporta que al menos 30 personas fueron asesinadas por grupos ilegales bajo el pretexto de que incumplían normas de aislamiento”, agrega el medio.

Así como Ordoñez, el joven de 24 años Anderson Arboleda también fue víctima de la policía. Este fue detenido al frente de la casa de su madre, en donde se encontraba violando las medidas de la cuarentena para dejar a su hermano menor. Luego de ello, lo golpearon varias veces en la cabeza, causándole daños que eventualmente terminarían con su fallecimiento.

Pero sería inexacto afirmar que las terribles acciones de la policía se circunscriben a la pandemia.

A finales del año pasado, y mientras era parte de las protestas que reclamaban algunos excesos del presidente Iván Duque y exigían la mejora de la educación, el escolar Dilan Mauricio Cruz (18 años) recibió una bala en la cabeza por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Un testigo señaló: “Nos tiraron bombas aturdidoras y lacrimógenas. Dilan se fue a patear una, porque al lado habían personas mayores. Ahí le dispararon. Dicen que una bala de goma, que impactó al lado derecho de la cabeza, arriba de la nuca”.

El caso de Cruz recuerda al de Diego Becerra Lizarazo, un muchacho de 17 años quien fue asesinado por la policía. En el 2011, la policía de Bogotá lo interceptó mientras hacía unos graffitis. Mientras requisaba su mochila, Becerra salió corriendo. El patrullero sacó su arma y le disparó. Para cubrirse, las fuerzas del orden lo acusaron de ser parte de un robo a un bus.

LATINOAMÉRICA SE DESANGRA

Brasil -que en el 2018 superó a EE.UU. en la cifra de muertos a manos de las fuerzas del orden, con 6.220 víctimas- también sufre por este mal.

“The New York Times”, en un informe titulado “Licencia para matar”, señaló:

“Oficialmente, la policía en Brasil puede usar la fuerza letal solo para enfrentar una amenaza inminente. Pero un análisis de más de cuatro decenas de asesinatos policiales en el violento distrito de Río donde mataron a Rodrigo [un comercializador de droga que fue acribillado por la autoridad], muestra que los policías tienen la rutina de matar sin restricciones, protegidos por sus jefes y la certeza de que incluso si son investigados por asesinatos ilegales, esto no impedirá que vuelvan a sus rondas”.

El aumento de los asesinatos de la policía, continúa el informe, coinciden con la caída del crimen en Río de Janeiro, una de “las promesas de campaña del presidente Jair Bolsonaro”.

Y la situación se mantiene. Se recuerda, por ejemplo, a un policía de Sao Paulo apoyando su pie sobre el cuello de una señora de 51 años tendida en el piso boca abajo. Según testigos, la mujer afrodescendiente solo trataba de defender a un amigo que era agredido por los oficiales.

De igual forma, están los videos que muestran a la policía desalojando a los vendedores de las playas Río de Janeiro con armas. Incluso, se ve a los oficiales patear y disparar sin reparos a quienes protestan.

Pero esto se vive desde antes de la llegada de Bolsonaro. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, entre el 2009 y el 2013, los policías de Brasil mataron a más personas (11.197) que los de Estados Unidos (11.090).

En Chile no se vive al límite, como sí en Brasil, pero también genera preocupación los abusos en contra de las minorías. El caso más simbólico es el de Camilo Catrillanca, mapuche de 24 años que fue asesinado por los carabineros en el 2018.

Catrillanca, conocido activista, viajaba en un tractor cuando el Comando Jungla -las fuerzas especiales de los carabineros destacados en La Araucanía- le dispararon con sus armas de guerra al confundirlo con un delincuente. Dispararon y luego preguntaron.

El año pasado, el fotógrafo Gustavo Gatica quedó ciego a causa de los perdigones disparados por la policía que trataba de contener una de las protestas que se dieron desde entonces hasta inicios del año en Chile. Entre octubre del 2019 y febrero del 2020, 445 personas sufrieron lesiones oculares.

La policía chilena, por esos casos, expulsó a 14 hombres y abrió 1.228 procesos administrativos por el mal uso de la fuerza.

¿Y ARGENTINA Y MÉXICO?

Policías no identificados detuvieron a Lucas, quien tenía marihuana para su consumo personal. Lo llevaron a la comisaría, lo amedrentaron y se burlaron de su orientación sexual. “Ahora tienes que sacarte la ropita”, le dijo uno de los agentes que lo mantuvieron incomunicado durante horas. “Tuve miedo por mi vida”, declaró luego el joven de 24 años.

Valentino Blas Correas, de 17 años, iba manejando acompañado de unos amigos. La policía trató de intervenirlo, pero él no se detuvo. Dos oficiales, al ver su huida, abrieron fuego. Una bala le cayó en el omóplato y, al rato, falleció.

En Argentina, desde el inicio de la cuarentena, la policía ha matado a 92 personas: 34 por gatillo fácil (como el de Blas Correas), 45 bajo custodia, 4 feminicidios, 3 desapariciones forzadas, y un caso de interfuerza, según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.

En México, la violencia es pan de cada día. Además de la guerra contra el narcotráfico, según el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, entre el 2013 y el 2018 se registraron 2.751 muertes en cárceles federales y estatales, así como en el 2016, hubo 3.214 denuncias de tortura.

Habría que recordar que, en junio de este año, Giovanni López, albañil de 30 años, fue arrestado (mientras caminaba en la calle sin mascarilla) y murió bajo custodia policial. Los forenses anotaron que falleció por traumatismo craneoencefálico y lesiones (un balazo en la pierna).

También habría que mencionar a Alexander Martínez, un chico de 16 años que estaba en una tienda junto a sus amigos. La policía los confundió con unos delincuentes y terminó por matarlo.

O el de Oliver López, quien falleció luego de que un agente presionara su bota en su cuello por un minuto y medio. El hombre de 29 años, quien estaba esposado, falleció antes de que pudieran meterlo en la patrulla.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que encuestó a 64.150 personas, el 75% de ellas afirma haber sufrido violencia psicológica en los arrestos, así como ser desvestidos o asfixiados. Poco menos del 64% dijo haber recibido patadas, puñetes y descargas eléctricas. Además, cuando las detenidas son mujeres, son frecuentes los abusos sexuales.

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