La Fiscalía de Colombia busca imputar al excomandante Mario Montoya por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales. (Getty Images).
La Fiscalía de Colombia busca imputar al excomandante Mario Montoya por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales. (Getty Images).
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“Litros de sangre, tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertes en combate a como dé lugar”.

Estas son palabras del coronel retirado Gabriel de Jesús Rincón. Parafrasea al general retirado Mario Montoya Uribe, comandante de diez unidades del ejército colombiano entre 1991 y 2008 y una de las figuras clave del conflicto armado en el país entre el Estado y la guerrilla de las .

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Decenas de testimonios como este han acusado de una multiplicidad de delitos al general Montoya, que este miércoles fue imputado por la Fiscalía en el caso de los , las ejecuciones extrajudiciales de civiles que militares hacían para pasar por guerrilleros.

Montoya, de 72 años, ha negado haber ordenado las ejecuciones, las ha calificado como actos de “cobardía” y ha argumentado que las violaciones de derechos humanos son resultado de la baja profesionalización en el ejército y del reclutamiento de personas de bajos recursos.

Yo exigí resultados operacionales, exigí operaciones; no bajas. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado”, le dijo el año pasado a la Jurisdicción Especial para la Paz, la corte transicional que investiga el conflicto armado tras el acuerdo de paz firmado hace casi cinco años.

Ahora Montoya, que es también acusado de corrupción y vínculos con el paramilitarismo, deberá responder ante una jurisdicción penal, la Fiscalía, por al menos 104 asesinatos realizados bajo un perverso sistema de cuotas que buscaba premiar el desempeño de los militares.

Montoya ya había sido imputado por la Fiscalía en 2016, pero la investigación fue suspendida de manera indefinida hasta ahora, que las víctimas demandaron al Estado y la Fiscalía tuvo que reanudar las investigaciones.

Aunque fue nombrado por Uribe como jefe del ejercito, dos años después renunció en pleno escándalo. (Getty Images).
Aunque fue nombrado por Uribe como jefe del ejercito, dos años después renunció en pleno escándalo. (Getty Images).

Comandante en plena guerra

En los 40 años que Montoya hizo parte del ejército, la guerra en Colombia se agudizó, las guerrillas y el narcotráfico se empoderaron y Estados Unidos se convirtió en un actor principal del conflicto como financiador de las polémicas guerras contra las drogas y el terrorismo.

En ese periodo Montoya comandó operaciones que le valieron decenas de condecoraciones, entre ellas seis Cruces de Boyacá, un prestigioso premio que da el Estado a ciudadanos y funcionarios.

El punto más alto de su carrera fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien lo nombró en 2006 comandante del Ejército Nacional.

Entre las misiones famosas que dirigió estuvo, por ejemplo, la Operación Jaque, un astuto plan en 2008 que logró sin un solo disparo la liberación de Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y 11 soldados colombianos secuestrados por la guerrilla de las FARC.

La operación Orión es un caso emblemático de la complicidad entre el ejercito y los paramilitares que dejó miles de civiles muertos. (Getty Images).
La operación Orión es un caso emblemático de la complicidad entre el ejercito y los paramilitares que dejó miles de civiles muertos. (Getty Images).

Una estrategia más polémica, aunque celebrada por muchos colombianos, fue la Operación Fénix, un ataque a las FARC en el que murió el entonces segundo comandante de la guerrilla, Raúl Reyes, pero que violó leyes de soberanía y generó un conflicto diplomático, puesto que se ejecutó en Ecuador.

Montoya estuvo al mando de ambos operativos, pero su reputación de militar sin escrúpulos se la había ganado mucho antes.

Como comandante de la Cuarta Brigada de Antioquia, la región bastión de Uribe, Montoya fue el cerebro de la Operación Orión, un plan en 2002 para sacar a supuestos guerrilleros de la comuna 13 de Medellín, un emblemático barrio popular.

Aunque el Estado nunca terminó las investigaciones, organizaciones civiles en Medellín estiman que el operativo, famoso por las fotos de los supuestos militares encapuchados, asesinó a 80 civiles; 17 a manos de la Fuerza Pública y 71, por paramilitares. Además, 12 personas fueron torturadas y 92, desaparecidas.

Las acusaciones de conspirar con paramilitares no son solo de índole militar: Montoya también ha sido acusado por exmiembros del movimiento anti-insurgente de recibir dinero y regalos de parte del Bloque Centauros de las Autodefensas. Él lo niega.

GETTY IMAGES.
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En mayo de ese 2002 traumático, en Bojayá, un municipio del Chocó muy cerca de Antioquia, un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares dejó casi un centenar de víctimas, muchos de ellos niños.

Al día siguiente de la masacre, Montoya llegó al lugar y se presentó a los medios. Agarró un zapato y declaró, entre sollozos: “Este zapatico muestra a un niño, y así como este, fueron asesinados 44 niños y el resto fueron las mamás que estaban con ellos refugiados aquí en la iglesia”.

Poco después la prensa reportó, sin embargo, que los llantos de Montoya eran parte de una actuación deliberada (que él niega) y que la omisión del comandante impidió proteger a la población local, cosa que él también rechaza. Los periodistas, además, le tomaron fotos reunido con supuestos paramilitares al día siguiente de la masacre.

Este diseño, que se pregunta quién de todos los generales a cargo dio la orden de los falsos positivos, se ha vuelto un símbolo de protesta. (Getty Images).
Este diseño, que se pregunta quién de todos los generales a cargo dio la orden de los falsos positivos, se ha vuelto un símbolo de protesta. (Getty Images).

Los falsos positivos

Pero Montoya no será investigado por la Fiscalía por ninguno de estos eventos trágicos de la historia de Colombia, sino por una doctrina del ejército que generó decenas de masacres tan graves como las otras.

Según la JEP, una corte a la que Montoya —a diferencia de muchos uribistas— reconoce como legítima, al menos 1.500 militares estuvieron involucrados en el esquema de cuotas que supuestamente dejó 6.402 civiles muertos entre 2002 y 2008.

Montoya se retiró del ejército en 2008 cuando el escándalo de los falsos positivos obligó Uribe a hacer una depuración de las Fuerzas Armadas. El expresidente, sin embargo, ha calificado a Montoya como un “héroe de la patria”.

Montoya ya declaró ante la JEP. Ahora deberá responder ante la Fiscalía. (Getty Images).
Montoya ya declaró ante la JEP. Ahora deberá responder ante la Fiscalía. (Getty Images).

El actual fiscal Francisco Barbosa, un amigo del presidente Iván Duque que suele ser acusado de parcialidad política en sus investigaciones, ha dicho que el expediente sobre Montoya en el que se basa la imputación es “contundente”.

Barbosa explicó en una reciente entrevista con la revista Semana que en 2007, cuando se hicieron las primeras denuncias, la cúpula del ejército emitió una directiva para desviar el enfoque en las bajas, redireccionar la medición de resultados y enfocar los operativos en los cabecillas de la guerrilla.

Barbosa dijo: “Sin embargo, después de esa directiva, entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, se produjeron estas ejecuciones extrajudiciales en la medida en que el general Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció esta directiva”.

“(Montoya) Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones”.

Y añadió: “Esto además está respaldado”.

La gran pregunta sobre los falsos positivos es si era una orden institucional de las Fuerzas Armadas y, de paso, del entonces presidente Uribe. La investigación a Montoya, el oficial de más alto rango en ser investigado por este caso, espera dar respuestas sobre ello.

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