El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) exclamó este miércoles que “no hay derecho” a que el Gobierno de Estados Unidos le prohíba el ingreso a su territorio tanto a él como a su familia directa, una restricción que también se ha aplicado a su exvicepresidente Jorge Glas, actualmente en la cárcel.
A través de un mensaje en redes sociales, Correa revindicó una vez más su inocencia frente a la condena de ocho años de prisión e inhabilitación política que le fue impuesta en 2020 por cohecho en el caso ‘Sobornos 2012-2016′, donde tanto él como varios de sus colaboradores fueron condenados por la financiación irregular de Alianza País, el movimiento político oficialista en ese momento.
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“La maldad humana... obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por ‘influjo psíquico’ y que cinco países han dado asilo político a los involucrados en el Caso Sobornos. Meten hasta a mi familia ¡No hay derecho!”, expresó Correa, quien siempre cuestiona que en la sentencia donde se le condenó se le atribuyese ‘influjo psíquico’ sobre los demás involucrados.
En otro mensaje posterior, Correa lanzó varias “hipótesis de esta nueva idiotez hecha por los gringos”, entre las que mencionó una posible venganza “por lo de (Julian Assange)”, fundador de WikiLeaks a quien Ecuador dio asilo en su embajada en Londres mientras era requerido por la Justicia estadounidense.
El exmandatario también comentó que puede ser “un distractor para desviar la atención del desastre del Gobierno de (Daniel) Noboa, en su peor momento” con un recrudecimiento de los apagones programados de hasta diez horas al día por la grave crisis energética que afecta al país.
Asimismo, mencionó que esta prohibición pueda deberse a un posible “involucramiento (de Estados Unidos) en la campaña electoral ecuatoriana” para los comicios de 2025, donde su candidata Luisa González es una de las principales favoritas en las encuestas realizadas hasta ahora, junto al presidente Noboa.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en un comunicado que Correa y Glas “no son elegibles para entrar en Estados Unidos debido a su participación en significativos actos de corrupción durante su mandato”.
De acuerdo con la administración de Joe Biden, el exmandatario ecuatoriano y su ‘número dos’ abusaron de sus cargos públicos “al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables”.
La Embajada de Estados Unidos en Ecuador precisó en un comunicado posterior que la prohibición de ingreso a su territorio impuesta a Correa y Glas también se extiende a sus familiares más cercano.
En el caso de Correa, la prohibición también abarca a su esposa de nacionalidad belga, Anne Malherbe, y a sus hijos mayores de edad Sofía, Anne Dominique y Rafael.
Para Glas, la restricción se aplicará también a su esposa, Cinthia Díaz, y al hijo de ambos, Jorge Glas Díaz.
Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, antes de que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitase su extradición.
Por su parte, Glas, que fue uno de los hombres fuertes del Gobierno de Correa, fue detenido el pasado 5 de abril en el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito, donde este había llegado en diciembre de 2023 para pedir asilo diplomático, condición que se le concedió horas antes de su detención por el Gobierno mexicano.
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Sobre Glas pesaba entonces una orden de captura e ingreso en prisión preventiva por el caso de las obras de reconstrucción posteriores al fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
El exvicepresidente, que al igual que Correa se declara una víctima de ‘lawfare’ y persecución política, también debía terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción impuestas en 2017 por asociación ilícita en el marco del caso Odebrecht y en 2020 por cohecho en el caso Sobornos.
Glas fue inicialmente encarcelado en 2017 y salió de prisión en 2022 gracias a una polémica resolución judicial de un juez que la semana pasada fue condenado por prevaricación en la tramitación de la resolución que permitió al exvicepresidente recuperar la libertad.
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