¿Rebelión o artilugio político?: Qué hay detrás del pedido de “suspensión provisional” de Gustavo Petro

Una tormenta política y judicial se desató en Colombia luego de que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenara el miércoles 10 la “suspensión provisional” del mandatario Gustavo Petro mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral. Se trata de una medida que, pese al revuelo, cuenta con poco respaldo jurídico.

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La medida cautelar llegó cuando el jefe de gobierno colombiano se encontraba en Nueva York para participar en las sesiones del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo cuya presidencia asumió Colombia el miércoles de manera pro tempore. Al debate sobre el alcance de la suspensión se sumó la sorpresa que causó la afiliación política de la autora de la petición, pues Arizabaleta forma parte del partido oficialista Pacto Histórico.

Una medida altamente inusual

Como fue planteada originalmente, la suspensión provisional se extendería hasta el 21 de junio a las 16:00 horas, fecha en que concluirá la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que definirá al siguiente inquilino de la Casa de Nariño. Los candidatos que siguen en carrera son el abogado derechista Abelardo de la Espriella del partido Defensores de la Patria, favorito en la primera vuelta con 43,78% de los votos, y el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, heredero elegido de Petro y quien consiguió un 40,98% del respaldo ciudadano en los comicios del 31 de mayo.

Luego de la victoria de la derecha en esa jornada electoral, el jefe de Estado colombiano cuestionó los resultados y llegó a insinuar un posible fraude. Esos comentarios llevaron a que Petro fuera denunciado por presunta participación política durante las elecciones, algo prohibido para alguien en su cargo, según el artículo 60, numerales 1 y 2, de la Ley 1952.

En total, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ha abierto dos investigaciones contra el mandatario por presunta participación política en las elecciones presidenciales, la primera en relación a una serie de ‘tuits’ en la red social X entre el 6 y 8 de junio por su cuenta personal @petrogustavo. La segunda es una indagación más amplia, en la que se investigan 15 publicaciones en redes sociales escritas entre noviembre del 2023 y el 15 de octubre del 2025, reveló el diario colombiano “El Tiempo”.

La “suspensión provisional” de un presidente es una medida inaudita en la historia política colombiana. El pedido hecho por Arizabaleta ha generado confusiones respecto a la forma en que ocurriría esta sanción e incluso sobre si es que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes está habilitada para ordenarla.

Por un lado, Arizabaleta aseguró tener potestad para tomar la medida “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

El presidente Petro, por su parte, consideró que la suspensión “viola la ley de Colombia y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”. El mandatario consideró que la acusación es parte de una operación para “extorsionar al gobierno” y sugirió que Arizabaleta estaría relacionada con Abelardo de la Espriella mediante su abogado, Hollman Ibánez. Además, negó haber realizado “intervenciones políticas” y afirmó que por el hecho de ser presidente no deja de tener “derechos fundamentales”, una aparente referencia al derecho a la libertad de expresión, en este caso para hablar sobre los comicios.

En la mañana del miércoles el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a defender al mandatario, señalando que la entidad presidida por Arizabaleta no tiene derecho para suspender al presidente porque hacerlo implicaría “una comisión de instrucción”. “Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como ente acusador, penal o disciplinariamente”, escribió en su cuenta de X. “Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”.

Una opinión compartida por su colega Jorge Iván Cuervo, actual ministro de Justicia, quien aclaró que para suspender al presidente el “proyecto debe ser aprobado o rechazado por la Comisión, y de ser aprobado, la plenaria de Cámara remite el caso al Senado”.

Fue esta línea la que finalmente ganó fuerza durante la jornada. Por ello Arizabaleta rectificó posteriormente el auto de la suspensión provisional para dejar en claro que esta propuesta tenía que ser votada primero por la Comisión de Acusaciones antes de llegar al Senado.

Enturbiando aún más las aguas, otro miembro de la Comisión de Investigación, Alejandro Ocampo, ha asegurado que dicho ente no ha tomado aún la decisión de suspender a Gustavo Petro.

La situación ya ha tomado su primera ‘víctima’, con el congresista Leonardo Gallego, del Partido Liberal, presentando su renuncia de la célula legislativa, señalando que el mencionado ente “no fue concebido para favorecer ni perjudicar a ningún gobierno de turno, ni para intervenir directa o indirectamente en procesos electorales en curso”, sino para “actuar con independencia, imparcialidad y estricto apego al ordenamiento jurídico”.

¿Rebelión dentro del petrismo o estrategia política?

Tan confuso como el pedido de suspensión provisional ha sido el origen de la solicitud. Gloria Arizabaleta no es una figura opositora, sino una histórica aliada de Gustavo Petro, circunstancias que han dado pie a múltiples interpretaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de la medida.

En diálogo con El Comercio, Angie González, docente en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, consideró que la decisión difícilmente puede entenderse como un acto de rebeldía interna contra el mandatario. Por el contrario, sostiene que la propuesta debe analizarse dentro del contexto de una campaña presidencial extremadamente polarizada y marcada por la disputa por el control de la agenda mediática.

Días antes de la controversia, la campaña del opositor Abelardo de la Espriella había logrado imponerse en la conversación pública gracias a una serie de decisiones judiciales que restringieron el uso de algunos de sus símbolos, colores y eslóganes de campaña. Lejos de perjudicarlo, dichas medidas terminaron generando una amplia exposición mediática para el candidato derechista, algo que el oficialismo ha querido contrarrestar.

“Durante estos últimos días la campaña mediática la iba ganando la oposición”, explicó González. “Creo que esto también es una estrategia del gobierno para darle un giro al tema mediático y hacer que se hable de otra cosa”.

La experta recordó además que apenas una semana atrás Petro había planteado públicamente la posibilidad de renunciar para participar activamente en la campaña presidencial de Cepeda. Aunque esa alternativa fue descartada, consideró que el episodio actual podría ser una muestra del interés del oficialismo, y en particular el presidente, por involucrarse más directamente en la recta final de la contienda.

Una lectura similar ofreció Ricardo Ospina, director de noticias de Blu Radio, quien señaló que desde la primera vuelta electoral el oficialismo ha perdido la iniciativa política frente a la candidatura de De la Espriella. “El gobierno y el candidato del oficialismo necesitan retomar la ofensiva y retomar la atención de los medios de comunicación”, afirmó.

El periodista resaltó que las sospechas se han visto alimentadas por el hecho de que Arizabaleta había mantenido durante meses varias investigaciones contra Petro sin avances significativos y solo recientemente comenzó a impulsarlas. Desde Nueva York, Petro recientemente negó la existencia de cualquier complot por parte de su equipo y acusó a Arizabaleta de haber tomado estas decisiones de acelerar las investigaciones por lo que él ha llamado extorsiones contra su gobierno, aunque sin especificar de qué tipo y con qué objetivo.

Aumentando la controversia, la semana pasada el exesposo de Arizabaleta, el expresidente del Congreso Roy Barreras, publicó una foto en redes sociales junto al presidente Petro. Considerado un “viejo zorro de la política”, la imagen despertó todo tipo de teorías sobre su posible significado, aunque por el momento Barreras se ha deslindado de las acciones de su expareja.

Estos elementos han llevado a algunos sectores de la oposición, particularmente del equipo de De la Espriella, a plantear la teoría de un “autoatentado jurídico”, una maniobra destinada a victimizar al mandatario y permitirle denunciar una supuesta persecución institucional en medio de la campaña electoral. Sin embargo, tanto González como Ospina coinciden en que no existen pruebas que permitan confirmar una coordinación de ese tipo.

Un camino institucional prácticamente imposible

Más allá de la tormenta política que ha provocado la propuesta de Arizabaleta, los expertos coinciden en que las posibilidades de que Petro sea suspendido antes de concluir su mandato son prácticamente nulas.

La principal dificultad radica en que la legislación colombiana ni siquiera contempla la figura de la “suspensión provisional” para un presidente en ejercicio. Según explicó Ospina, el ordenamiento jurídico colombiano reserva mecanismos especiales para investigar y eventualmente juzgar al jefe de Estado, pero no prevé una medida cautelar de este tipo.

“No está contemplada la figura de la suspensión provisional para el presidente de la República”, indicó.

Incluso si la propuesta de Arizabaleta fuera reinterpretada como el inicio de un proceso político ordinario, el recorrido institucional sería largo y complejo. Primero tendría que ser aprobada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Posteriormente debería pasar a la plenaria de la Cámara y luego al Senado, donde una comisión especial tendría que emitir un concepto antes de que el pleno de esa corporación tomara una decisión definitiva.

La dificultad no responde únicamente al calendario electoral. La Constitución colombiana de 1991 estableció múltiples contrapesos para evitar que un presidente pueda ser removido con facilidad por razones políticas. Como resultado, históricamente las investigaciones contra mandatarios han enfrentado enormes obstáculos para avanzar hacia sanciones efectivas. En consecuencia, “considerar hoy en una destitución es absolutamente impensable”, sostuvo Ospina.

Como señala Angie González: “hay un chiste bien conocido en Colombia que dice que a la Cámara de Acusaciones la llamamos realmente Cámara de Absoluciones, porque ningún presidente, ningún político en la historia del país, ha sido condenado por parte de ese comité”, notó.

Para la experta, esa inviabilidad jurídica es uno de los elementos que alimentan las sospechas de que el objetivo principal de la propuesta no era apartar realmente a Petro del poder, sino generar un impacto político y mediático durante la recta final de la campaña presidencial.

La posible factura para Arizabaleta

Si la suspensión provisional tiene escasas posibilidades de prosperar, las consecuencias para su impulsora podrían ser mucho más concretas y rápidas.

Y es que la actuación de Arizabaleta ha sido cuestionada no solo por miembros del gobierno y de la oposición, sino también por diversos sectores jurídicos que consideran que la congresista excedió las facultades que le otorga la ley.

La controversia escaló rápidamente hasta el terreno penal, donde ya fue presentada una denuncia en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por el presunto delito de prevaricato, anotó Ospina. Es así que si bien la confusa jornada podría ser una distracción pasajera en los alborotados días de la fiesta electoral, las consecuencias, judiciales y políticas, podrían ser duraderas para Arizabaleta.