¿Qué regulaciones tiene la venta legal de marihuana en Uruguay?

Estas son las principales disposiciones de la legislación que permite la producción y venta de marihuana por parte del Estado uruguayo, su cultivo en hogares y en clubes cooperativos en Uruguay.

La ley 19.172 aprobada el 20 de diciembre de 2013 y promulgada el 24 del mismo mes por el entonces presidente José Mujica (2010-2015) establece que "el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados, o cáñamo".

La ley permite la plantación, cultivo y cosecha de cannabis para uso recreativo en los hogares, la primera parte del mecanismo que se implementó.

Cada autocultivador puede tener un máximo de seis plantas en su domicilio para una producción que no debería exceder los 480 gramos al año o 40 gramos mensuales.

En el caso de los clubes de autocultivo o clubes cannábicos, el gobierno estableció un registro para que se inscribieran y estuvieran controlados por el Instituto de Regulación y control del Cannabis (IRCCA). Esta fue la segunda parte del mecanismo que comenzó a funcionar.

Estos grupos, en esquema de cooperativas, pueden tener un máximo de 40 socios y un mínimo de 15 y hasta 99 plantas de marihuana a su cargo.

El volumen de producción para consumo por persona autorizado por la ley es siempre el mismo: 480 gramos anuales.

La venta de marihuana en farmacias, que comenzó hoy, habilita a consumidores previamente inscritos en un registro oficial a comprar hasta 10 gramos semanales, 40 mensuales, de marihuana de dos variedades disponibles, con un sistema que no requiere identificación y funciona mediante lectura de huella digital.

En total 16 farmacias se adhirieron al sistema, lo que no permite al gobierno cubrir por el momento todo el territorio nacional.

Uruguay es el primer país del mundo que establece una ley de regulación del mercado del cannabis que supone el control de su producción y venta bajo la órbita del Estado. 

Fuente: AFP

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