La Corte Suprema de Brasil flexibilizó este jueves normas destinadas a reducir la letalidad policial durante operaciones en las favelas de Río de Janeiro, tras reclamos de autoridades locales para dar más poder a las fuerzas de seguridad.
El alto tribunal había ordenado en 2020 medidas preliminares como instalar cámaras en los uniformes policiales y restringir el uso de helicópteros y las operaciones en áreas próximas a escuelas o centros de salud, en respuesta a un recurso judicial de organizaciones civiles y políticos de izquierda.
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La prohibición al uso de esas aeronaves salvo casos de “estricta necesidad” se levantó este jueves, así como la “excepcionalidad” de las acciones permitidas de la policía cerca de centros de educación o salud, según un fallo leído por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso.
“No hay restricciones territoriales por perímetro para la acción policial, pero debe haber un respeto riguroso a la exigencia de proporcionalidad en el uso de la fuerza”, expresó el magistrado.
“Todos los jueces concordaron en una decisión común” sobre la llamada “ADPF de las Favelas”, un recurso contra la violencia policial introducido en 2019, afirmó Barroso.
Postal de Brasil con su carnaval y sus playas, Rio también es conocida por el crimen organizado y su contracara: la alta letalidad de las fuerzas de seguridad en el combate al delito, sobre todo en barrios pobres.
“Quien conoce el funcionamiento de las fuerzas de seguridad pública en Río sabe que estas reglas eran importantes para (tener) operaciones policiales más consecuentes”, dijo a la AFP el diputado y pastor evangélico Henrique Vieira, de la bancada oficialista.
“Creo que hoy hubo retroceso y flexibilización”, agregó.
Luego de la imposición de las restricciones en 2020, se registró una caída en la cifra de muertes durante operaciones policiales en el estado de Río de Janeiro.
En 2023, 871 personas murieron en el marco de acciones de la policía, el número más bajo en ocho años, según datos oficiales.
Aun así, los policías fueron responsables por el 19,8% de las muertes violentas en el estado en 2023, seis puntos porcentuales por encima del promedio nacional, de acuerdo con la ONG Foro de Seguridad Pública.
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En ese período, por cada agente asesinado murieron casi 80 civiles en intervenciones policiales.
Según la “ADPF de las Favelas”, la política de seguridad en Río carece de planificación e “incentiva la letalidad de la actuación de los órganos policiales”.
El alcalde de Rio, Eduardo Paes, ha denunciado del otro lado un “aumento absurdo de la criminalidad” y de la “ocupación territorial del crimen organizado” por causa de las restricciones ahora flexibilizadas.
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