Cuatro contra uno. A una pelea así de desigual parece encaminarse Venezuela a partir de este martes 5, día en el que se constituirá la nueva Asamblea Nacional, pues el Gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la fiscalía, la defensoría y la contraloría, que integran el Poder Ciudadano; y el Consejo Nacional Electoral (CNE), cabeza del Poder Electoral, han formado un frente antiparlamento.Seguir a @Mundo_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
Pese a que en la madrugada del 7 de diciembre el presidente Nicolás Maduro reconoció los “resultados adversos” que le dieron a sus contrincantes –aglutinados en torno a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– más de las dos terceras partes del Legislativo, días después comenzó a dar signos de que en realidad no acataba el veredicto de las urnas.
Primero aseguró que no firmaría ninguna ley de amnistía para los presos políticos, y después comenzó a hablar de irregularidades, compra de votos y hasta fraude.
“No crean que esto se va a quedar así, nosotros vamos a cambiar esta situación y no le vamos a permitir a la derecha que consolide su golpe electoral, no lo vamos a permitir”, soltó el 16 de diciembre el mandatario, y desde entonces el oficialismo ha ido tomando medidas contra el no nato Parlamento, tales como la designación a la carrera de 13 magistrados principales y 21 suplentes del TSJ, la reforma de algunas leyes que le transfieren potestades suyas a otros organismos y, sobre todo, la suspensión en la noche del último miércoles de la posesión de cuatro diputados opositores electos, atendiendo una petición de sus rivales chavistas, quienes los acusaron de incurrir en presuntas irregularidades en su elección.
Desde otros poderes como el ciudadano tampoco se han lanzado mensajes más conciliadores. Así, por ejemplo, el defensor del Pueblo,Tarek William Saab, ha puesto en duda que el nuevo Parlamento pueda removerlo a él o a cualquier otro funcionario sin el concurso del TSJ y ha asegurado que de intentarlo “entraríamos en una vorágine de desestabilización, de insurgencia, de insurrección y de subversión que el país no va a aceptar”.
Desde la oposición, por su parte, han recogido el guante y el diputado electo Henry Ramos Allup ya advirtió a Maduro que si intenta obstaculizar al nuevo Parlamento, buscarán desalojarlo del palacio presidencial de Miraflores en los primeros seis meses del año.
En similares términos se ha pronunciado en los últimos días el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba: “Si el Gobierno quiere respaldar las propuestas de cambio, pues perfecto; pero si intenta sabotearlas, entonces habrá que salir de él mediante alguno de los mecanismos previstos en la Constitución [referéndum revocatorio, enmienda, reforma o Asamblea Constituyente]”.
Para Juan Manuel Track, investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, este escenario era previsible. “El chavismo no está acostumbrado a compartir el poder. No sabe lo que es eso, porque hasta ahora no había tenido que hacerlo, porque cuando había perdido alguna elección, siempre había conseguido vías alternas para seguir ejerciendo el poder en solitario. Así ocurrió en el 2008, cuando perdió varias gobernaciones de estado claves, inmediatamente les arrebató competencias o creó instancias paralelas, pero hacer eso con el Parlamento resulta muy difícil y, por tanto, no le queda otra más que bloquearlo”.
___Apuesta peligrosaPara Track, la decisión del régimen de radicalizarse y confrontar es peligrosa, porque abre las puertas a la violencia.
“Si el Gobierno bloquea la asamblea y entramos en una parálisis institucional, los problemas de escasez, desabastecimiento, inflación, inseguridad y otros que sufre el país se agudizarán, y si la gente no ve que hay soluciones a los mismos, la conflictividad social volverá a resurgir”, afirmó, al tiempo que advirtió que “el riesgo de estallido social es grande o al menos una nueva ola de protestas como las del 2014, porque hoy la situación económica es mucho peor que en ese momento”.
En similares términos se pronunció el analista político Edgard Gutiérrez, quien no descarta que la estrategia oficialista sea provocar “una salida violenta para victimizarse y responsabilizar a otros de esta calamitosa situación”.
Por su parte, el economista y presidente de la encuestadora Datanálisis, Luis Vicente León, apuntó: “Cuando has sido derrotado, tu imagen de invencibilidad se pulveriza y necesitas ladrar más duro y mostrar algo estrambótico para atemorizar”. Sin embargo, pidió no cerrarse a la posibilidad de que la intención del oficialismo no sea provocar violencia, sino utilizar el miedo a ella como “finta para ganar poder de negociación” con la oposición.
Sea cual fuere la intención del oficialismo, Track cree que invitaciones para que los ciudadanos salgan a las calles este martes –que tanto el oficialismo como la oposición han hecho– no son convenientes.
“Es necesario moderar el discurso”, afirmó, recordando que el ejemplo lo debe dar quien gobierna. “Ellos firmaron un acuerdo para reconocer los resultados, pero han hecho precisamente lo contrario”
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