La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, enemistada con el mandatario Daniel Noboa, denunció este lunes que un grupo de militares le impidió ingresar a su despacho pese al fallo judicial que anuló su suspensión por cinco meses y le dio vía libre para retomar su cargo.
“Se ha militarizado la Vicepresidencia de la República para impedir el ingreso de la Vicepresidenta Constitucional”, escribió Abad en su cuenta de X y adjuntó imágenes de soldados en el interior de la sede y la puerta cerrada.
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La sentencia de aplicación “inmediata” también ordena que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, ofrezca disculpas públicas y que le paguen a la vicepresidenta las remuneraciones que dejó de recibir por la sanción administrativa.
Con la decisión, Abad quedaría habilitada para reemplazar a Noboa mientras hace campaña por la reelección de cara a los comicios del 9 de febrero, como señala la Constitución.
Tras conocer el fallo, la funcionaria se dirigió a la sede de la Vicepresidencia pero se encontró con vallas y puertas cerradas.
“Se ha militarizado la Vicepresidencia de la República para impedir el ingreso de la Vicepresidenta Constitucional de la República”, escribió Abad en su cuenta de X y adjuntó fotografías en las que se observa una fila de uniformados en el vestíbulo del edificio donde funciona esa dependencia.
De pie frente a la sede de la Vicepresidencia y con una bandera de Ecuador en la mano, reclamó: “Señor presidente, esto es una vergüenza ante la comunidad internacional que usted no dé paso a la vicepresidenta constitucional de los ecuatorianos a ingresar a su despacho (...) Abra esta puerta en este momento o usted está cayendo en desacato”.
“Tienen cinco minutos para abrirme la puerta”, exclamó. La funcionaria esperó alrededor de 40 minutos sin éxito y se marchó.
Más temprano Noboa reconoció en una entrevista radial que fue “un error” haber elegido a Abad como compañera de fórmula.
Luego de la sentencia, Noboa derogó el decreto en el que había nombrado como vicepresidenta encargada a Sariha Moya y asignó nuevas funciones a Abad, según el ministro de Gobierno, José de la Gasca.
La vicepresidenta tendrá “como única función especial y temporal colaborar con las relaciones económicas del Ecuador con el gobierno de la República de Turquía”, señaló De la Gasca en una rueda de prensa que se dio al tiempo que Abad abandonaba el edificio donde está el despacho.
La vicepresidenta debe presentarse “máximo hasta el día 27 de diciembre” en Turquía y al estar asignada a ese país “ella no tiene nada que hacer en la Vicepresidentacia”, añadió.
Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados del año pasado al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación que empeoró cuando el mandatario la nombró en el cargo de embajadora en Israel.
Abad pasó a ser una fuerte crítica del gobierno y ha protestado por lo que considera una “persecución” en su contra tras la detención de un hijo por presunto tráfico de influencias.
En septiembre, ante una escalada del conflicto en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. La cartera de Trabajo argumentó, al suspenderla, que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de septiembre, pero que llegó cinco días después.
Luego de conocer la sanción administrativa, Abad declaró en noviembre que esta era una maniobra “con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”.
Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, declaró a la prensa que “ha quedado absolutamente claro” que Abad “nunca cometió la falta de la que la acusaron y que el ministerio de Trabajo irrespetó sus propias reglas (...) violó la presunción de inocencia y actuó con una serie de irregularidades”.
Al final de la audiencia, la jueza Vera denunció presiones por parte de funcionarios del poder judicial para fallar contra la vicepresidenta.
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“Son más de diez años que tengo al servicio de la justicia y es la primera vez que he sido coaccionada, amenazada, amedrentada”, dijo Vera a periodistas.
Relató que los funcionario le entregaron una memoria USB con una sentencia redactada previamente para “favorecer un capricho de negar una acción de protección”.
“Estos hechos los denuncio porque mi carrera está en juego”, expresó la jueza.
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