Crimen organizado en México: lo que revela el impedimento de ingreso a turistas rumanos

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El texto enviado por la sede diplomática europea fue dado a conocer a través de la agencia de noticias EFE y en él se precisaba que habían recibido “una serie de solicitudes de asistencia consular por parte de ciudadanos rumanos a los que no se les permitió la entrada”.

La respuesta mexicana apuntó a que las personas retenidas habían presentado supuestas anomalías al responder el formulario de entrada y se hallaron “alertas” en su contra en las bases de datos de seguridad.

Dos de los turistas afectados denunciaron ante la cadena rumana Digi24 que los funcionarios mexicanos impidieron su ingreso sin mayor fundamento que su nacionalidad, pese a contar con reservas en hoteles y otro tipo de documentación que sustentaba su visita.

“A todos los rumanos nos pusieron a un lado y en fila india”, dijo uno de los afectados según EFE.

Los turistas tuvieron que abordar un vuelo con dirección a Madrid y sus pasaportes fueron entregados al comandante de la nave que los transportó para que les sean devueltos recién al arribar a Europa.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que ciudadanos de nacionalidad rumana experimentan una situación como esta. En febrero del 2021, un grupo de 140 turistas rumanos fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún y sus pasaportes confiscados al no poder sustentar el motivo de su viaje.

Luego de revisar sus documentos durante tres días, 136 de los turistas pudieron ingresar al país, mientras que los otros cuatro fueron repatriados.

La razón detrás de estos inconvenientes para los viajeros europeos a México es la existencia de bandas del crimen organizado que operan en el país norteamericano perpetrando delitos financieros y otros crímenes como el tráfico de personas o narcóticos.

La mafia rumana

Según una investigación presentada en el 2020 por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), desde marzo del 2014 opera en México una organización criminal procedente de Rumanía que se ha extendido por los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Dicho grupo delictivo se dedicaría principalmente al robo de datos y clonación de tarjetas de crédito que utilizan visitantes de distintos países a centros turísticos importantes como Cancún y otros tantos ubicados en el estado de Quintana Roo.

El experto en ciberseguridad Brian Krebs reveló en el 2015 en una investigación publicada por el Daily Mail que al menos 19 cajeros automáticos de la Riviera Maya habían sido afectados por este grupo delictivo, que luego utilizó los datos robados para efectuar compras o clonar tarjetas.

En mayo del 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo a Florian Tudor, sindicado como líder de la mafia rumana en el país norteamericano. El europeo enfrentaba cargos por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.

La caída de Tudor reveló que su organización se dedicaba, además de los delitos bancarios, a la trata de personas y extorsión en al menos 15 países. En México, además, el rumano había montado una red de protección gubernamental corrompiendo a funcionarios de 14 estados diferentes.

“En los últimos años han aumentado muchísimo las actividades del crimen organizado transnacional en México. Este tipo de actividades están catalogadas como terrorismo internacional y México se encuentra en el ojo del huracán”, comenta a El Comercio la doctora en Relaciones Internacionales y académica de la Universidad Iberoamericana Arlene Ramírez.

Es precisamente esta situación la que habría provocado la detención de los turistas rumanos en esta semana, debido a que las autoridades mexicanas habrían recibido información de servicios de Inteligencia extranjeros alertando sobre la llegada de un cabecilla de la mafia.

“La posición geográfica de México es estratégica tanto para bien como para mal. En este caso, las estructuras de crimen organizado han mostrado un incremento de la operación dentro del territorio nacional, expandiéndose su actividad y llevando a que sea un lugar atractivo para estas bandas”, comenta Ramírez.

Migraciones sobrepasado

Pero la amenaza de criminales internacionales no es el único problema con el que debe lidiar el personal migratorio mexicano, sino también un abultado flujo de viajeros y reformas impulsadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que le estarían jugando en contra al propio Estado.

“El control migratorio se ha visto rebasado en México. En este caso en particular se ve la falta de operatividad y los efectos de la contracción del Instituto Nacional de Migración (INM), lo que genera un retraso en la gestión de cada caso. La preocupación del Gobierno Rumano no solo es la protección de los derechos de sus ciudadanos sino también el trámite de regreso que podría tardar más de lo normal y excede los protocolos internacionales de gestión migratoria, porque en ese lapso las personas pueden no gozar de las garantías absolutas requeridas”, explica Ramírez.

Según la experta, la situación actual del INM se debe a dos factores principales: “por un lado, el Título 42 y los compromisos adquiridos durante el último tramo de la presidencia de Donald Trump, al tener que albergar a migrantes en espera de un juicio migratorio; por otro, la política del gobierno actual de contracción de la operatividad con el que se ha recortado un presupuesto importante de varios institutos clave, entre ellos el de Migración”.

Como muestra del primer punto, las patrullas fronterizas estadounidenses liberaron a 10.300 migrantes en los municipios fronterizos mexicanos solo durante la semana pasada. A ellos se sumarán los entre 4 mil y 6 mil que detienen a diario.

En cuanto al segundo punto, desde su llegada al poder AMLO prodigó una política de austeridad gubernamental, esto llevó por ejemplo a que en el primer año fiscal con él a cargo, el 2019, el presupuesto del INM se viese reducido en un 14%, pasando de los 1.731 millones de pesos (unos US$86 millones) del 2018 a 1.330 millones (aproximadamente US$ 66 millones).

Al mismo tiempo, se incrementaron las denuncias de corrupción contra personal del INM presentadas ante la Fiscalía General de la República. Desde el inicio de la gestión de AMLO se contabilizaron 68 denuncias de este tipo, un 20% más que durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, el mandatario ha mostrado una predilección por la Guardia Nacional, una fuerza militar que se encuentra bajo mando civil y que a raíz de una reforma impulsada por AMLO ha ganado más poderes desde este año.

Esto ha provocado que funcionarios que no están capacitados para labores migratorias estén involucrados en estos procesos, llevando a que diversas organizaciones defensoras de derechos humanos documenten un incremento en el número de incidentes violentos por parte de miembros de la Guardia Nacional y el INM en contra de migrantes.

“Al inicio de la gestión de AMLO se hizo una contracción importante (del presupuesto) y eso generó, además del apoyo y encomienda a la Guardia Nacional de encargarse de Aduanas y Migraciones, intentando suplantar la actividad del INM, una falta de garantías de respeto a los derechos humanos y atención a migrantes y de los compromisos internacionales del país. Esto está siendo atendido por personas que no conocen los protocolos de derechos humanos y no son expertos en temas migratorios. A eso se debe la preocupación de la embajada rumana, saber cuál será el tratamiento y la condición detrás de esta decisión de negar la entrada (a sus ciudadanos)”, comenta Ramírez.

“Por otro lado, respecto a los protocolos de investigación para detectar la presunta llegada de personas vinculadas a estructuras del crimen organizado, debe haber una labor coordinada entre el INM, la Procuraduría General de la República y las instituciones extranjeras para dar seguimiento puntual a cada caso siguiendo el derecho internacional”, agrega la experta.