Exgobernador mexicano de Guerrero niega participación en caso Ayotzinapa

El exgobernador del estado mexicano de Guerrero (sur) Ángel Aguirre Rivero (2011-2014) aseguró no haber colaborado en la creación de la “verdad histórica” de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

Y reiteró en un mensaje público que él y sus excolaboradores están dispuestos a declarar las veces que sean necesarias ante las autoridades judiciales mexicanas.

Mira: ¿Cuáles son los hallazgos del nuevo informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

Tras dos días del arresto del extitular de la PGR Jesús Murillo Karam, por su probable participación en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Aguirre Rivero precisó que nunca se reunió con Murillo para construir la versión del asesinato y calcinamiento de los jóvenes en el basurero de Cocula, versión que, dijo, fue “desechada porque fue creada”.

Durante la primera audiencia ante el Poder Judicial mexicano del extitular de la PGR salieron nombres relacionados al caso en su contra, como el de Aguirre y el ahora titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Omar García, quien era el encargado de la extinta Policía Federal en Guerrero.

El 26 de septiembre de 2014, los estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre, cuando hubo matanza de estudiantes en la plaza de las tres culturas, en Tlatelolco, en la capital de México.

Según la polémica primera versión que presentó el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

Sin embargo, el último reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia concluyó de forma preliminar, el pasado jueves, que la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue un “crimen de Estado” en el que estuvieron involucrados autoridades de todos los niveles, incluidos grupos criminales, y no hay indicios de que estén vivos.

Aguirre aseguró tener la conciencia tranquila y dijo que, desde las investigaciones en 2014, cortó su relación con el gobierno guerrerense para colaborar, cuando se separó por decisión propia, y la presión mediática en torno a las fallas en la atención de la inseguridad en el tiempo que administró el sureño estado mexicano.

Consideró que no es momento de especular en las investigaciones que lleva a cabo la ahora Fiscalía General de la República (FGR) sobre la desaparición de los estudiantes en 2014, luego de versiones que lo señalan como uno de los participantes en la reunión donde se fraguó la versión.

“Reitero que nunca sostuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’, nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala y en ninguna otra parte”, manifestó.

Aguirre expresó que es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones y quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia, y dijo que, de acuerdo con el informe de la propia Comisión de la verdad, participaron elementos de instituciones federales y municipales.

Abundó que tras el informe contactó al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para expresarle su disposición de colaborar en la investigación del caso hasta que concluya.

“Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec, no me voy a esconder ni mucho menos”, afirmó.

De acuerdo con Aguirre, las 33 nuevas órdenes de aprehensión que informó Encinas que existen están enfocadas en funcionarios federales, municipales y miembros de la delincuencia organizada, y no se menciona a funcionarios estatales y recordó que existen 83 órdenes de aprehensión previas que ya fueron giradas en las autoridades mexicanas.

Aguirre dimitió a la Gobernación en octubre de 2014 en medio de protestas y señalamientos en su contra. En 2019 fue llamado a declarar por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, al igual que el exprocurador del estado Iñaki Blanco Cabrera.