El caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de 43 estudiantes mexicanos en 2014, vivió el viernes su más fuerte remezón, con la captura del responsable de las cuestionadas investigaciones, y la emisión de órdenes de arresto contra 64 militares y policías presuntamente involucrados en el crimen.
El exprocurador general Jesús Murillo Karam fue arrestado en su casa de un exclusivo barrio de Ciudad de México por “desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de justicia”, informó la Fiscalía General de la República (FGR) en un comunicado.
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Murillo Karam es el más alto exfuncionario detenido por la desaparición de los normalistas, ocurrida en el estado de Guerrero (sur).
Horas después, la FGR informó de las órdenes de arresto contra 20 militares y 44 policías, sin precisar su rango y actividad actual, además de otras 19 contra cinco funcionarios estatales y 14 miembros del cártel Guerreros Unidos, presuntos ejecutores del crimen.
El abogado de los familiares de los 43, Vidulfo Rosales, consideró la detención de Murillo Karam “un paso importante”, pero se mostró escéptico sobre eventuales revelaciones del exprocurador.
“Lo que va a hacer el señor Murillo es defenderse, entonces no creo que (...) quiera él aportar alguna información”, dijo Rosales a la cadena ForoTV.
Procurador durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), Murillo llegó a ser un peso pesado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó a México 71 años ininterrumpidos hasta diciembre de 2000.
Murillo Karam no opuso resistencia y quedará preso en un reclusorio de la capital, señaló la Presidencia. El PRI aseguró que la detención “responde más a un tema político que de justicia”.
La captura se produjo horas después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera “verdad” y castigo a los responsables de la desaparición de los alumnos, tras la publicación el jueves del reporte de una comisión gubernamental que investiga el caso desde 2019 y lo considera un “crimen de Estado”.
El documento sostiene que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación”, permitieron el secuestro y muerte de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más a manos del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos.
“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos”, añadió López Obrador en Tijuana (norte).
Previo a su difusión pública, el presidente escuchó el informe el jueves junto con las familias de las víctimas. “Les expresé mi dolor, mi tristeza”, comentó.
Los familiares someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el gobierno de Peña Nieto y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), anunció Rosales.
La desaparición de los jóvenes se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando se dirigían a la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, para hacerse con autobuses en los que pretendían viajar a Ciudad de México para participar en unas protestas.
Este episodio constituye una de las peores violaciones de derechos humanos en México, donde hay unos 100.000 desaparecidos, y generó fuerte condena internacional.
En presencia de los secretarios de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y de la Marina, José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”.
Más aun, consideró que las revelaciones de la comisión las fortalece “si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.
El informe menciona “responsabilidades claras de elementos” de las secretarías de la Defensa y la Marina destacados en el lugar de los hechos, pero advierte que se debe seguir investigando hasta dónde llegó esa participación.
“Por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo”, prometió López Obrador, luego que en marzo la comisión independiente acusara a autoridades de negarse a entregar datos de inteligencia necesarios para las pesquisas.
El GIEI sostiene que militares manipularon pruebas en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos normalistas identificados hasta ahora.
Los hallazgos de ese grupo y la comisión gubernamental echan por tierra gran parte de la llamada “verdad histórica” planteada por el gobierno de Peña Nieto y presentada oficialmente por Murillo Karam, que no acreditó la responsabilidad de militares.
Según esa versión, los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a Guerreros Unidos al ser confundidos con miembros de una banda enemiga.
Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, según la misma tesis, rechazada por familiares, el gobierno de López Obrador y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
El mandatario anunció que seguirá insistiendo ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, que trabajó bajo órdenes de Murillo Karam.
La extinta Procuraduría fue reemplazada en 2018 por la Fiscalía General que, a diferencia de la anterior, tiene autonomía del gobierno.
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