Traición, asesinato y entramados políticos: las sombras que rodean el caso de El Mayo Zambada a un mes de su captura

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Zambada, apodado el Capo de Capos por su influencia en el mundo delincuencial mexicano, era el narcotraficante más buscado por Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares a quien diera con información que permita su captura. Sin embargo, el 25 de julio el Departamento de Justicia estadounidense anunció su captura junto a Joaquín Guzmán López, hijo del también infame El Chapo Guzmán, en una pista de aterrizaje en El Paso, Texas.

Casi de inmediato se comenzaron a tejer teorías sobre cómo el escurridizo criminal había caído en manos de la justicia sin aparentemente oponer resistencia. ¿Se habría entregado? ¿Había sido traicionado?

Además, el propio gobierno mexicano se mostró sorprendido por la captura, revelando así que la operación no habría sido oportunamente informada por Estados Unidos, llevando a que la Administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidiera explicaciones y sobre todo detalles a Washington. Sin embargo, el embajador de ese país en México, Ken Salazar, ha indicado que los capos se entregaron sin intervención de su gobierno.

Un mes después pocas dudas han sido aclaradas, muchas nuevas preguntas han surgido y, sobre todo, se ha visto el impacto que causó su caída en la seguridad y política de México.

“La detención de Zambada nos dejó ver que había mucha información que le ocultaron al gobierno de México. Tal es así que el presidente se tardó mucho tiempo en salir a decir qué había pasado, y aún hasta ahora no lo ha dicho con claridad en sus conferencias mañaneras. Fue una situación de la que el gobierno de México no estuvo enterado”, comenta a El Comercio Salvador Maceda, periodista mexicano y jefe de la sección Seguridad y Justicia de la agencia Fuerza Informativa Azteca.

A través de una carta difundida por sus abogados, El Mayo asegura que fue secuestrado por Guzmán López cuando asistió a una convocatoria realizada por el hijo de El Chapo para supuestamente reunirse con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el diputado electo, Héctor Cuén, en una hacienda a las afueras de la capital estatal Culiacán.

Según Zambada, Guzmán López lo habría llevado a un aeropuerto cercano desde donde volaron hacia una pista de Estados Unidos en la que los esperaban 25 agentes federales.

De ser cierta la versión del capo, no solo se evidenciaría la influencia del narcotráfico en la política sinaloense, sino que volvería a involucrar al gobierno de AMLO con el mundo del tráfico de drogas.

“No podemos dejar de lado que dentro de esas presuntas implicaciones se habla del diputado federal que aún no asumía y del gobernador. Pero estos señalamientos de complicidad de altos funcionarios ya se han dado en el más alto nivel. El ejemplo más claro es el del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna”, resalta Maceda.

El periodista asegura, además, que a lo largo de la historia mexicana han sido diversas las ocasiones en las que se vinculó al poder político con el narcotráfico, pero en la mayoría de casos se ha evidenciado una deficiente actuación de los órganos de justicia.

“Son pocas verdaderamente las acciones que se han tomado contra quienes han recibido señalamientos directos. A veces se tratan de minimizar las acusaciones, en algunos momentos se omiten, en otros se actúa con total hermetismo, con mucha opacidad”, lamenta el periodista.

Rocha ha negado las vinculaciones al capo y el propio AMLO se ha pronunciado en más de una ocasión al respecto, la última de ellas este domingo durante una visita al estado norteño junto a su sucesora y copartidaria Claudia Sheinbaum.

Para AMLO, esto se trata de una campaña liderada por la oposición para dañar su imagen y catalogarlo como un “narcopresidente”. Sin embargo, cabe recordar que no es la primera vez que su gobierno ha sido acusado de beneficiar a los cárteles de narcotráfico.

Uno de los señalamientos más recordados es el que se le hizo en el 2019, cuando ordenó suspender el operativo en el que había sido detenido Ovidio Guzmán, otro de los hijos de El Chapo.

En cuanto al diputado electo y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén, el otro señalado de haber participado de la reunión, fue hallado muerto el mismo día que cayó El Mayo, muy cerca de la pista desde la que habría despegado el avión que transportaba a los narcotraficantes.

La Fiscalía de Sinaloa, sin embargo, determinó que Cuén había sido asesinado como parte de un intento de asalto en una gasolinera. Además, un video que demostraría el crimen habría sido alterado por las propias autoridades sinaloenses, mientras que el cuerpo fue incinerado, en contra de los procedimientos regulares en este tipo de casos.

El escándalo estalló luego de que el propio Zambada revelara que Cuén fue asesinado durante su secuestro, llevando a que la Fiscalía General de México abriera una investigación en torno al peritaje realizado y encontrara todas las irregularidades mencionadas.

Esto llevó, además, a que la fiscal general de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez, renunciara a su cargo hace un par de semanas.

“Todavía es un poco temprano para saber cuál es la repercusión real del caso. Hasta ahora solo se conocen algunas pinceladas de toda la trama, falta que inicie el juicio a Zambada. Ahí veremos muchas acusaciones, de eso estamos seguros. Además, no olvidemos que también hay un juicio al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. Recién entonces veremos verdaderamente qué repercusión tiene”, comenta Maceda.

Sin embargo, esta no ha sido la única polémica del caso que ha involucrado a la fiscalía. La semana pasada, la Fiscalía General de la República anunció que había emitido una orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, detenido junto a Zambada el 25 de julio, por haber secuestrado a un ciudadano mexicano y haberlo entregado a las autoridades de otro país.

“¿De qué sirve tener una orden de aprehensión contra alguien que ha negociado prácticamente su estancia en Estados Unidos? Creo que solamente son muestras de la ineptitud del sistema de justicia que tenemos en México. En lugar de atacar de fondo verdaderamente las investigaciones, de saber sobre las implicaciones, los presuntos nexos de funcionarios, de servidores públicos con el cártel de Sinaloa, nos salen justamente con este escenario tan cómico”, reclama el periodista.

Pero más allá de la política o la justicia, la caída de El Mayo podría terminar gatillando un nuevo pico de violencia en un estado que lleva años desangrándose a causa del narcotráfico. Hace dos fines de semana, unas diez personas, incluido un presunto capo reclamado por Estados Unidos, fueron asesinadas en Sinaloa en hechos relacionados a la captura de Zambada.

Cuatro de los homicidios se registraron el viernes 16 de agosto y seis más el sábado 17, detalló el gobernador Rocha durante una rueda de prensa ofrecida pocos días después.

Diversos medios mexicanos detallaron que uno de los asesinados había sido Martín García Corrales, presunto colaborador de Zambada y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 4 millones de dólares.

Para Maceda esto no es más que el inicio de la violenta disputa entre las diferentes células en las que se ha fragmentado el cártel de Sinaloa y, también, de bandas rivales que buscarán aprovechar la crisis del grupo criminal para hacerse con sus rutas de tráfico.

“Hablamos de una organización que ya venía muy fragmentada, con muchas luchas de poder. En el cártel de Sinaloa existen cúpulas, círculos de poder, uno de ellos prácticamente desapareció con la caída que Ismael El Mayo Zambada, pero quedan Los Chapitos, que son los hijos de El Chapo; Aureliano Guzmán ‘El Guano’, que es su hermano; y a ello hay que añadirle cómo actuarán otras organizaciones como Jalisco Nueva Generación, que es el antagonista más visible del cártel de Sinaloa y que también está buscando apoderarse de plazas y tratando de tener un dominio y un poder en las rutas, en los lugares que ha dominado por muchos años el cártel de El Chapo”, comenta el periodista con más de veinte años de experiencia cubriendo temas relacionados a seguridad en México.

A este futuro tan peligroso se suman las dudas que han surgido sobre la colaboración entre México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, especialmente luego de la evidente desconfianza mutua que dejó la captura de Zambada.

A ojos de Maceda solo queda esperar a que la campaña electoral termine en Estados Unidos para ver realmente qué rumbo tomará el gobierno entrante al respecto. “Hay que ser muy cautos y observar con lupa porque no sabemos en realidad qué se va a empezar a decir dentro del terreno electoral estadounidense para ganar adeptos. El verdadero estado de las relaciones se verán una vez que pase este proceso electoral porque hoy es verdaderamente muy volátil todo lo que se pueda decir”, afirma.

“La relación para los temas de seguridad siempre ha sido muy de conveniencia y a Estados Unidos siempre le caerá muy bien el discurso de los narcotraficantes mexicanos para ellos poder decir que son los verdaderos policías y quienes te ofrecen las soluciones. Pero son muy cautos y tratan de ocultar que ellos también tienen grandes problemas con sus criminales que finalmente afectan directamente a su población. Muchos narcotraficantes hablan de la protección que funcionarios mexicanos puedan estar ofreciendo, pero es muy curioso que cuando están en medio de un juicio en Estados Unidos nunca les permiten hablar hasta dónde llegan las protecciones de las agencias norteamericanas y si se habla lo van a minimizar, lo van a tratar de ocultar o simplemente lo tratarán de descalificar”, agrega el especialista.