Con acusaciones que van desde vínculos con el narcotráfico hasta la cercanía con sectas religiosas como La Luz del Mundo, la histórica elección judicial que se celebrará el domingo 1 de junio en México se ha visto ensombrecida por denuncias ciudadanas que alertan de los riesgos para el sistema de justicia.
Mientras las autoridades electorales lidian con la tarea de organizar unos comicios sin precedentes en los que -solo a nivel federal- se elegirán 881 cargos de entre casi 3.500 aspirantes, en la ciudadanía han surgido redes dedicadas a vigilar y documentar decenas de candidaturas peligrosas que aún figuran en las boletas.
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Aunque la reforma judicial de 2024 fue presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como una promesa de mayor transparencia y rendición de cuentas en la justicia, activistas han advertido de fallas que han permitido la infiltración de “perfiles de alto riesgo”.
Para demostrarlo, surgió una red de más de 1.400 vigilantes ciudadanos, que en dos meses de campaña identificaron al menos 40 candidaturas con algún grado de riesgo, y en 24 casos presentaron pruebas formales ante el Instituto Nacional Electoral (INE), autoridad que se declaró incapaz de retirarlas, recapituló Miguel Meza, de la organización civil Defensorxs.
Para Meza, uno de los “peores casos” es el de Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en el estado de Michoacán (occidente), donde fue apodado “el fiscal del terror” durante su gestión (2020-2022), y está señalado por presuntos pactos criminales y su implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares.
Otro perfil “alarmante”, según el abogado, es el de Leopoldo Javier Chávez, aspirante a juez federal en Durango (norte), quien estuvo casi seis años preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina.
“Es un caso que muestra los vacíos legales de esta reforma”, alertó Meza, al señalar que entre los requisitos para postularse solo se exige una constancia de no antecedentes penales en México, sin considerar condenas en el extranjero.
También es requisito gozar de “buena reputación”, un criterio que, según Meza, incumplen varios aspirantes, como la exabogada del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, Silvia Delgado, quien aspira a jueza penal en Chihuahua (norte), así como una veintena de candidatos en todo el país ligados a la iglesia de la Luz del Mundo.
Por su parte, Sharim Guzmán, víctima de la secta La Luz del Mundo, se sumó a la red ciudadana tras detectar la candidatura de Job Daniel Wong, un ministro de culto que aspira a magistrado en Jalisco (occidente).
Aunque el INE rechazó retirarlo de la contienda por no estar registrado oficialmente como “ministro de culto”, Guzmán advirtió que ni siquiera el líder de la iglesia, Naasón Joaquín García, -hoy preso en Estados Unidos por abuso sexual infantil-, estuvo alguna vez registrado como tal.
No obstante, el mayor riesgo que Guzmán advierte de estos candidatos es su infiltración en el sistema de justicia para silenciar las denuncias y carpetas judiciales abiertas en México contra Joaquín Naasón, a cambio de “bendiciones”.
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“Eso es más peligroso que un abogado que defiende a un narcotraficante (...) porque acá tu pago es la vida eterna”, avisó.
También señaló que en Jalisco, esta iglesia logró colocar al menos un candidato en cada especialidad judicial, como Madián Sinaí Menchaca, hija del obispo Nicolás Menchaca, quien ha defendido públicamente a Nassón y es altamente probable que resulte electa por paridad de género, al ser de las únicas mujeres que compiten para jueza administrativa.
Los 3.422 candidatos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyeron este miércoles la campaña, en la antesala de la inédita elección del domingo, cuando casi 100 millones de mexicanos elegirán 881 cargos del Poder Judicial.
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