México se alista para celebrar este domingo la inédita elección de jueces y magistrados, en medio de críticas de la oposición, amenazas de boicot y la posibilidad de una escasa participación ciudadana.
La elección, la primera de este tipo que se organiza en el país, fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien buscaba “democratizar” el poder judicial en México, es decir, que los ciudadanos eligieran a sus integrantes y no el Senado, como ocurría anteriormente.
La iniciativa fue aprobada por el Congreso en septiembre de 2024, en los últimos días de gobierno del exmandatario, y recibió fuertes críticas de la oposición que argumenta el riesgo de abrir las puertas a que jueces respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado.
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El proceso ha generado el rechazo de la oposición política, que ha llamado a boicotear las elecciones, y planea una marcha el mismo domingo para mostrar su inconformidad.
“La votación del poder judicial no tiene nada qué ver con la democracia. Al contrario, atenta contra la división de poderes en nuestro país”, ha señalado la senadora y excandidata presidencial Xóchitl Gálvez.
Dirigentes y especialistas han sugerido el voto nulo o simplemente no participar, pues consideran que es un proceso “absurdo”, poco claro y confuso.
“Se trata de un proceso absurdo, en el que las personas votan por un candidato que no conocen, para puestos cuyas funciones ni siquiera imaginan, en boletas inescrutables que además no serán contadas por los ciudadanos, se contarán en lo ‘oscurito’”, señaló Macario Schettino, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
El docente hizo un llamado a no participar en la elección “para no ser cómplice de esta farsa, de la destrucción de la República”.
No obstante, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, ha expresado su preocupación por las campañas que llaman a evitar el voto, pues asegura que la participación es “un compromiso democrático”.
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El proceso será observado por misiones nacionales e internacionales. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha enviado una delegación reducida para monitorear el desarrollo de la jornada electoral.
En total, se estima que unos 375 extranjeros, provenientes de 40 países, observarán la jornada electoral.
En ese sentido, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, aseguró que el resultado que se obtenga sobre la participación de los mexicanos en la jornada tendrá un “alto grado de confianza” y dejó en claro que, con excepción de las autoridades electorales, nadie tendrá acceso a la información que emane directamente de lo asentado por los funcionarios al cierre de las casillas.
El INE ha prometido que el proceso será “íntegro y transparente”, aunque ha advertido que tomará unos 10 días el cómputo total de los votos.
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Expertos han anticipado que la inédita elección del domingo podría contar con una participación ciudadana baja, en parte debido al desconocimiento generalizado sobre los perfiles en contienda y la función del poder judicial.
“Tan solo revisar el perfil personal de cada una de las candidaturas lo hace complejísimo, porque un ciudadano o una ciudadana que además se dedica a hacer otras cosas para su supervivencia diaria, ¿cuánto le puede dedicar o le tendría que dedicar para realmente revisar estos perfiles?”, advirtió Carlos Maldonado Alvarado, académico del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.
Además, en la elección presidencial de 2024, donde se impuso Claudia Sheinbaum, la participación fue del 59,6 % del listado nominal, la más baja desde 2006.
En contraste, en las elecciones de 1994 y 2000 la participación alcanzó picos del 77,2 % y 64 %, respectivamente, mientras que las elecciones de 2012 y 2018 vieron una recuperación al superar el 63 %.
Sin embargo, para esta primera elección judicial, el ente electoral mexicano ha pronosticado una participación de entre el 13 y 20 % de los casi 100 millones de ciudadanos que están llamados a las urnas.
Aunado a ello, el proceso en el que se elegirán 881 cargos del poder judicial, vive la amenaza de boicot por parte del magisterio mexicano, que suma más de 15 días de protestas en el país exigiendo mejoras laborales, la abrogación de la ley de pensiones de 2007 y un aumento del 100 % a su salario.
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