La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió este viernes la suspensión inmediata de las inéditas elecciones judiciales del domingo 1 de junio que se llevarán a cabo en México.
La organización hizo la petición con base en la admisión de una queja interpuesta ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se advierten posibles violaciones a los derechos humanos e independencia judicial.
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En un comunicado, la JUFED informó que el Comité internacional aceptó una comunicación presentada en conjunto con el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos.
En dicha solicitud se acusa al “Estado mexicano de promover una reforma judicial que compromete la autonomía del Poder Judicial a través de elecciones populares”.
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“La JUFED hace un llamado enérgico y firme al Estado mexicano a suspender de inmediato el proceso de elecciones judiciales, en tanto se sustancia el caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU”, se lee en la nota.
Además, indicó que el Comité ha solicitado al Estado mexicano la adopción de medidas de protección a favor de los magistrados y jueces, “a fin de evitar cualquier forma de intimidación o represalia por su cooperación con el sistema internacional de derechos humanos”.
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Los jueces aseguran que esta reforma representa una afectación profunda a la independencia judicial, uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho.
Según la JUFED, esta solicitud representa un reconocimiento de que el actual contexto pone en riesgo a quienes integran el Poder Judicial mexicano.
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En su exhorto al Gobierno federal, la JUFED fue enfática en señalar que continuar con el proceso electoral judicial ignorando las medidas provisionales de la ONU constituiría “una violación flagrante a las obligaciones internacionales asumidas por México”.
La elección judicial, de carácter inédito en México, ha generado polémica por su posible impacto en la división de poderes.
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El proceso, impulsado por el oficialismo, contempla que los cargos de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema sean definidos mediante voto popular, entre 881 cargos judiciales federales, lo que ha sido cuestionado por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales.
La JUFED concluye que la comunidad nacional e internacional está observando de cerca este proceso y que su desarrollo podría tener repercusiones graves en la institucionalidad democrática del país
