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Este domingo, los ciudadanos mexicanos acudirán a las urnas para elegir por primera vez en su historia quiénes ocuparán los 881 cargos judiciales más importantes del país. En el inédito proceso, los electores deberán seleccionar a los futuros miembros de la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Este domingo, los ciudadanos mexicanos acudirán a las urnas para elegir por primera vez en su historia quiénes ocuparán los 881 cargos judiciales más importantes del país. En el inédito proceso, los electores deberán seleccionar a los futuros miembros de la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
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Hay 3.422 candidatos a dichos cargos y si bien están convocados a sufragar unos 99,7 millones de mexicanos el Instituto Nacional Electoral (INE) estima que la participación rondará apenas entre el 18% y el 20%, bastante lejos del 61% que participó de los últimos comicios presidenciales.
Estas son las claves de un proceso tan histórico como polémico.
- Turbulento origen -
El denominado Proceso Electoral Extraordinario se gestó durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la reforma judicial que promulgó el 15 de septiembre del año pasado.
Desde el primer debate que hubo al respecto en el Congreso, la población se dividió en dos. Por un lado, la popularidad de AMLO le permitió granjear el 72% del apoyo popular; sin embargo, trabajadores del Poder Judicial, jueces, magistrados y universitarios se levantaron en multitudinarias protestas que incluyeron la invasión al Senado y continuaron hasta hace algunas semanas.
La ONU, organismos internacionales y otras asociaciones civiles han alzado su voz contra la iniciativa asegurando que representaría una intromisión del Ejecutivo en el campo judicial y abriría las puertas de los tribunales al crimen organizado.
Pese a ello, AMLO no dudo en defender su propuesta en innumerables oportunidades, tanto dentro de México como cruzando más allá de sus fronteras.

- Filtro mínimo -
Dentro de las innumerables críticas contra la iniciativa se incluye la velocidad con la que prosperó tanto en el Congreso como en el Senado, ambas cámaras dominadas por el oficialismo.
Los cuestionamientos apuntan a fallas en la definición de los requisitos para la designación de candidatos, lo que se hizo evidente cuando se rebeló que un postulante a juez federal había sido condenado por delitos relacionados a las drogas, otro que pretendía convertirse en magistrado penal había sido destituido como juez por acusaciones de abuso sexual y corrupción, mientras que la exabogada de un capo del narcotráfico también figuraba entre las opciones, enlista un artículo de CNN en Español.
En total, se estima que una veintena de candidatos tendrían nexos con el narcotráfico, mientras que otros tantos son abiertamente afines al gobierno que hoy dirige Claudia Sheinbaum.
La presidenta ha hecho un pedido al Tribunal Electoral que invalide todas aquellas candidaturas con sospechas de estar conectadas con el narcotráfico, pero las dudas no dejan de caer como sombras sobre el proceso.

- Cargos y método -
Los comicios del domingo buscan elegir desde los titulares de aquellos tribunales encargados de decidir sobre la custodia de los hijos o dictar sentencias por feminicidios y violencia doméstica, hasta los nueve miembros de la Suprema Corte de Justicia, el máximo órgano judicial del país que ha decidido temas claves como la despenalización del aborto o la reversión de alguna condena injusta.
También se escogerán a los cinco miembros del nuevo Tribunal Disciplinario, el órgano que se encargará de sancionar irregularidades judiciales. Una eventual intromisión del crimen organizado, por ejemplo, podría revertir condenas que perjudiquen a cárteles o líderes criminales.

Según datos oficiales, el proceso costará más de 17 millones de dólares y acumula una serie de fallos. Las prisas detrás de la convocatoria a las urnas limitó la campaña a solo dos meses, del 30 de marzo al 28 de mayo; los opositores denuncian que todos los candidatos están vinculados a algún partido político, pese a la prohibición de que estas agrupaciones promuevan algún tipo de candidatura, cada ciudadano recibirá seis papeletas al llegar a la urna.
Para cada cargo, además, hay un número inmenso de candidatos. Para la Suprema Corte, por ejemplo, habrá 84 opciones de las cual elegir a las cinco mujeres y cuatro hombres que la conformarán.
¿Para los cinco miembros del Tribunal de Disciplina Judicial? 52 aspirantes. ¿Y para magistrados y jueces? Otros 42 candidatos más.
Uno de los puntos más preocupantes, además, es que los votos no se contarán en los propios locales de sufragio sino que se trasladarán a juntas distritales, incrementando así el riesgo de que los resultados se alteren en el camino.
















