¿Qué provocó la masiva marcha contra AMLO y cómo su polémica reforma podría impactar en las próximas elecciones?

MIRA: México: López Obrador minimiza multitudinaria protesta contra su reforma electoral

Los manifestantes, que según los organizadores fueron 1 millón 200 mil y para el Ejecutivo sumaron apenas unos pocos miles, reclamaban contra la polémica reforma electoral impulsada por AMLO y que fue aprobada el último 22 de febrero en el Senado Mexicano.

El denominado Plan B, una modificación a la reforma inicial del oficialismo que se presentó luego de que el plan original se viera frustrado por falta de votos necesarios para modificar la Constitución como pretendía, había sido aprobado por el Congreso el mismo día que se presentó.

Cabe resaltar que el partido de gobierno, Morena, y sus aliados cuentan con la mayoría simple en el Congreso, lo que permitió la aprobación exprés de la propuesta el 6 de diciembre del 2022.

El Senado, sin embargo, había planteado 70 modificaciones y retomó la discusión recién el 20 de febrero último. Dos días más tarde, como mencionamos líneas atrás, aprobaron en su totalidad el paquete.

Esta reforma había sido criticada desde sus orígenes por quienes temían que pueda debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y, en consecuencia, afectar a la celebración de los comicios presidenciales del 2024.

La propuesta del oficialismo planteaba los siguientes puntos principales:

• Reformar las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial.
• Reducir las oficinas distritales del INE de 300 a 264 y eliminar la carrera electoral profesional.
• El INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no podrán establecer criterios para anular candidaturas.

Tras las modificaciones ordenadas por el Senado, sin embargo, se aprobó lo siguiente:

• Desaparición de las 300 Juntas Distritales Ejecutivas.
• Reducción de las 32 Juntas Locales Ejecutivas.
• Eliminación del 84,6% del personal que integra el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN).

Las voces críticas han advertido que estos recortes pueden afectar a la integración de las mesas directivas de casillas, la capacitación electoral a los funcionarios de casilla, la ubicación, instalación y operación de casillas, así como la llamada cadena de custodia.

Quienes apoyan la medida, por otro lado, destacan que lo que busca es ordenar un organismo que gozaba de la denominada “burocracia dorada”.

“El sistema electoral mexicano es una maquinaria muy compleja y el mensaje de la reforma se ha traducido en términos tan simples que altera el significado de la misma. Lo que pasa con el Plan B, desde mi perspectiva, es que se trata de una reforma administrativa que adelgaza parte del aparato burocrático tan criticado dentro del INE pero que en esencia no trastoca los puntos elementales de esta maquinaria electoral como son la equidad de los partidos, la transparencia y la cadena de custodia del sufragio. Hay aspectos que pueden ser cuestionables, pero a mí me parece que el Plan B no representa ni la pulverización del INE ni el aniquilamiento de la autoridad electoral”, comenta a El Comercio Jaime Guerrero, periodista especializado en elecciones desde hace 20 años.

"Hay aspectos que pueden ser cuestionables, pero a mí me parece que el Plan B no representa ni la pulverización del INE ni el aniquilamiento de la autoridad electoral"

Un punto de vista que no comparte Ana Lucía Medina, cofundadora de Sociedad Civil Mx e integrante del Comité Ejecutivo de UNID@S.

“El principal temor con la reforma es que la elección presidencial del 2024 no se lleva a cabo en las mismas condiciones en la que elegimos al presidente AMLO. Le corta las piernas al instituto que organiza las elecciones en nuestro país, le recorta a 6 mil funcionarios encargados de actualizar el padrón, de dar las credenciales, de organizar las elecciones, entre otras funciones. Todo eso lo desmantela y lo deja sin piernas para que el INE no pueda llevar a cabo todas sus funciones. Eso afecta a nuestro derecho a elecciones libres, ordenadas y auténticas”, señala.

Para Guerrero, incluso el recorte de plazas -que ciertas fuentes estiman en 2 mil pero Medina aumenta hasta 6 mil- estaría orientado a la desburocratización del instituto.

“En efecto se disminuirán plazas. Aún no sabemos cuántas porque el propio INE deberá aplicar la reforma, el Plan B no ordena que se despida a tal número de trabajadores, ellos pueden ser reencausados a otras áreas o llevados al área administrativas. Lo que propone el Plan B es compactar los puestos de mando. Los propios consejeros electorales han dicho que se desaparecerá el servicio profesional electoral y han calculado que se perderían 2 mil de las 2.500 plazas que tiene dicho servicio. Pero, ¿quiénes son esos trabajadores? Los directivos de las 32 juntas locales y 300 juntas distritales que tiene el INE en todo el país. Esas juntas locales tienen cinco directores, la reforma busca que se reduzca a dos. En las 300 juntas distritales hay cuatro mandos, la propuesta busca que haya solo uno. No disminuye en absoluto al personal operativo. El golpe está en esos puestos ejecutivos”, argumenta.

"Los propios consejeros electorales han dicho que se desaparecerá el servicio profesional electoral y han calculado que se perderían 2 mil de las 2.500 plazas"

Lo innegable, es que las movilizaciones del domingo fueron masivas y que, ciertamente, representan cierto grado de presión para AMLO.

“La presión sobre el presidente ha aumentado exponencialmente. Tal es así que la forma de reaccionar del presidente fue descalificándonos. En la marcha del 13 de noviembre, el presidente nos descalificó al enterarse de la convocatoria y nos puso diferentes tipos de adjetivos. Nos llamó conservadores, rateros, corruptos, achichincles. Pero nunca contestamos. La marcha del 13 de noviembre fue exitosísima, ahora que convocamos a la del 26 de febrero era evidente que el miedo del presidente creció aún más. Así que se volvió a lanzar como nosotros, pero ahora optó por tomar como referente a Genaro García Luna, una persona que fue declarada culpable en EE.UU. por narcotráfico y nos acusó de estar aliados con él”, asegura Medina.

“Lo cierto es que el sistema electoral ha funcionado bien, en los últimos 15 años no hemos tenido un conflicto postelectoral. Yo, respetuosamente, cuestiono esa cifra de asistentes (en referencia al medio millón sobre los que El Comercio tenía información al momento de la entrevista). Pero independientemente de la cantidad, lo que está ahí es la oposición a AMLO. Ahora, eso no quiere decir que no haya puntos cuestionables en el Plan B. Entre los puntos flojos, cambia las normas de propaganda electoral y le permite a los funcionarios públicos que no usan recursos públicos manifestarse a favor o en contra de alguna fuerza política que participe en las elecciones. Eso viola la Constitución. Pero estoy seguro que la Suprema Corte corregirá estos errores”, confía Guerrero.

Tras la aprobación en el Senado, el presidente tiene 30 días para ordenar su publicación y entrada en vigencia. La oposición, mientras tanto, ha presentado una serie de denuncias ante la Suprema Corte de Justicia Nacional. Actualmente, el máximo órgano judicial analiza cinco acciones de inconstitucionalidad contra la reforma que tendrá que resolver antes de junio de este año para que el Plan B pueda entrar en vigencia durante el próximo proceso electoral, que inicia el 2 de septiembre del 2023.

En todo caso, Guerrero coincide con Medina en que AMLO está tomando un protagonismo indebido dentro de las elecciones, aunque el periodista confía en que esto provocará que las urnas cuenten con una mayor afluencia.

“No solo la reforma, sino el propio gobierno de AMLO, ha polarizado a la sociedad mexicana. El presidente mantiene un discurso que resumido en términos sencillos sería: ‘estás conmigo o contra mí’. Eso se verá reflejado en las urnas, yo creo que tendremos una elección muy participativa. En junio tendremos un termómetro de ello en las elecciones del Estado de México”, señala al respecto.