El plan del Gobierno implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza. (AFP)
El plan del Gobierno implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza. (AFP)
Redacción EC

. El caso de tres altos funcionarios investigados por robo de combustible ya está en manos del poder judicial, informó este lunes el gobierno mexicano, al tiempo que anunció avances en la estrategia contra este delito que ha provocado desabastecimiento y descontento en el país.

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"Ya se judicializó el caso de los tres altos funcionarios de (la petrolera estatal) (...) que estaban a cargo del manejo de los ductos", dijo en conferencia de prensa el fiscal general Alejandro Gertz, sin precisar sus identidades.

Se aguarda la fecha para una primera audiencia y la selección del juez que estará a cargo del proceso, agregó.

Gertz destacó que se han abierto 1.700 expedientes de investigación por robo de combustible y que se han recuperado 4,5 millones de barriles de gasolina desde que se lanzó el plan en los últimos días de 2018.

Otras cinco personas investigadas por delito de lavado de dinero relacionado al robo de gasolinas fueron señaladas en el marco de pesquisas realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ministerio de Hacienda, en coordinación con autoridades tributarias y de seguridad.

"Estamos en presencia de empresarios pero también de servidores públicos como un ex funcionario de Pemex, un exdiputado local, un expresidente municipal", relacionados con la propiedad de gasolineras y la comercialización de combustible robado, dijo Santiago Nieto, jefe de la UIF.

Nieto añadió que se detectó lavado de dinero por 10.000 millones de pesos (unos 526 millones de dólares) en el sistema financiero mexicano.

A finales de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan para detener el robo de combustible, delito conocido en México como 'huachicoleo', que en 2017 ocasionó pérdidas por 60.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares).

El plan implica la vigilancia por parte de las fuerzas armadas de 50 puntos estratégicos de Pemex y catalogar el robo de combustible como un delito grave sin derecho a fianza.

La estrategia también incluyó cerrar los ductos que transportan la gasolina y trasladar el combustible en camiones cisterna, lo que ha generado retrasos de distribución y largas filas de automovilistas en las gasolineras.

El mandatario ha pedido tranquilidad a la población y ha prometido que el abasto de gasolina se va a normalizar.

López Obrador dijo que pedirá explicaciones a las empresas privadas sobre por qué no han importado gasolinas.

"Queremos hablar con los poseedores de estos permisos de importación para saber por qué no se han llevado a cabo las importaciones autorizadas a particulares", dijo el presidente.

"No se utilizan los permisos y sólo se está importando (por privados) el 5% de combustible que se consume en el país", agregó.

- "Está muy lento" -

Este lunes se registraron en Ciudad de México algunas gasolineras cerradas y, en otras, filas de automovilistas para cargar combustible, pero mucho menos largas que la semana pasada.

Previamente analistas financieros y el propio Banco de México (central) habían advertido que de continuar el problema podría haber un impacto en la economía mexicana, la segunda de América Latina.

Algunos locatarios de la Central de Abasto -un imponente mercado en Ciudad de México, donde se distribuye un tercio de la producción de hortalizas, frutas y verduras del país- han visto una disminución en el número de personas que atienden por la falta de gasolina.

"Está muy lento, el domingo no hubo gran demanda porque toda la gente está haciendo filas en las gasolineras", dijo Antonia Rodríguez, una vendedora de 29 años, frente a un local donde vende frutas y verduras.

"Sí ha menguado un poquito (la venta) porque muchos se van a cargar gasolina y por eso es que aquí ya no llegan", añadió por su parte Manuel González, un locatario de 52 años.

Pese al impacto, una encuesta del diario El Financiero arrojó este lunes que el 89% de los mexicanos está de acuerdo en el combate al robo de combustible.

"Sí afecta pero yo creo que con que agarren a los que se están quedando con el dinero ajeno" vale la pena padecer los inconvenientes, "total, no nacimos en carro", opinó Carmen Rey, de 49 años, quien surte su tienda de alimentos en la Central de Abasto.

Fuente: AFP

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