Presionado por Trump, México aumenta las detenciones y deportaciones de migrantes

Tapachula. Llegaron al atardecer, con uniformes de combate, y se bajaron de vehículos del gobierno. Eran militares y agentes de policía que rodearon un pequeño hotel en el centro de Tapachula, una pequeña ciudad en la frontera de México con Guatemala. Su objetivo era localizar a los migrantes sin documentos.

Los agentes corrían de puerta en puerta, arrastrando a la gente fuera de su camino, mientras los migrantes gritaban o huían por la puerta trasera, huyendo sobre los techos de las casas vecinas, según describieron testigos.

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Fue una de varias redadas que se realizaron aquí la semana pasada para arrestar a los migrantes, como parte de una estricta iniciativa mexicana en contra de la ola de centroamericanos y otras personas que tratan de llegar a Estados Unidos. Durante las últimas semanas, las autoridades mexicanas se han dedicado a desarticular las caravanas de migrantes e instalar controles de carreteras que se encuentran activos las veinticuatro horas del día en las rutas más frecuentadas hacia el norte.

Los arrestos y las deportaciones en México se están multiplicando rápidamente, sembrando el miedo entre miles de centroamericanos y nativos de otras naciones que se amontonan en los refugios para migrantes y hoteles económicos aquí en el sur de México, la mayoría de ellos con la esperanza de llegar a la frontera estadounidense.

“Me da mucho miedo”, dijo un migrante cubano en el hotel. “El miedo nunca desaparece”.

El gobierno mexicano ha estado bajo una intensa presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para bloquear el paso de las decenas de miles de migrantes indocumentados que buscan llegar al norte cada mes. Como las autoridades estadounidenses no pueden detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, Trump responsabiliza a los países de la región —entre ellos Guatemala, Honduras y El Salvador, los puntos de origen de la mayor parte del éxodo— y los ha amenazado con sanciones a menos que tomen medidas más severas.

La semana pasada, Trump impactó a funcionarios y líderes empresariales de ambos lados de la frontera estadounidense cuando prometió imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas salvo que México impidiera que los migrantes indocumentados cruzaran la frontera hacia Estados Unidos.

El lunes, en Washington, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, advirtió que los aranceles simplemente socavarían los esfuerzos que ya se realizan en México para controlar la migración.

Migrantes reunidos en el vestíbulo del Hotel Santa Teresa de Jesús en Tapachula. La semana pasada, este hotel fue el escenario de una redada por parte de las autoridades mexicanas en la que detuvieron a siete cubanos. (Daniele Volpe para The New York Times).

“Las tarifas podrían causar inestabilidad financiera y económica, lo que significa que México podría reducir su capacidad para abordar los flujos migratorios”, dijo Ebrard. Esta semana, él y otros funcionarios conversarán con el gobierno de Trump para distender la situación, pero advirtieron que México podría responder con sus propias medidas en represalia.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que su país ya ha estado cumpliendo con su parte y argumenta que la crisis proviene de una compleja serie de problemas sociales y políticos en toda la región que necesitarían una inversión internacional de miles de millones de dólares —y no medidas punitivas— para resolverse.

Sin embargo, más allá de sus recientes esfuerzos de control migratorio, los funcionarios mexicanos admiten que su frontera sur es sumamente endeble, pues miles de migrantes la atraviesan cada mes por cientos de cruces ilegales.

A lo largo del río Suchiate, que marca una parte de la frontera entre México y Guatemala, montones de balsas cruzan a plena vista de un puente fronterizo oficial. Las embarcaciones, hechas de tablones de madera atados con llantas, flotan de un lado al otro en el transcurso del día, transportando abiertamente a migrantes indocumentados, residentes locales y mercancías del mercado negro.

De acuerdo con los balseros, las severas y recientes medidas de control de las autoridades mexicanas no han afectado su tráfico ilegal. Marvin García, un balsero veterano, dijo que tan solo en el punto donde él trabaja habían cruzado más de 150 migrantes indocumentados en un periodo reciente de dos días. En lo que respecta a la patrulla fronteriza y otras fuerzas mexicanas de seguridad dijo que “se dan una vuelta de vez en cuando, nada más”. Y luego agregó: “No hacen nada”.

A pesar de la presión ejercida por Trump, los funcionarios mexicanos han insistido en que no van a “militarizar” su frontera sur con la construcción de un muro fronterizo ni van a saturarla con fuerzas de seguridad.

Los analistas dicen que México no cuenta con los recursos para fortalecer la frontera de 1126,5 kilómetros que tiene con sus vecinos centroamericanos, sobre todo por los niveles históricos de violencia que presenta todo el país.

Además, incluso si el gobierno mexicano intentara fortificar su frontera sur, los expertos sostienen que probablemente no sería suficiente para detener la afluencia incesante.

En abril, más de 109.000 personas fueron arrestadas en la frontera suroeste de Estados Unidos, o cerca de ahí, el total mensual más elevado desde 2007. Muchos viajaban con sus familias, las cuales han seguido llegando en cantidades históricas pese a los diversos esfuerzos de Trump por detener el flujo.

La migración masiva ya estaba en marcha cuando el presidente de México, López Obrador, entró en funciones el 1 de diciembre. Sin embargo, siendo un político populista y gran defensor de los pobres, hizo campaña con una plataforma basada en la protección de los derechos humanos de los migrantes y prometió rechazar lo que él definió como el enfoque de mano dura que adoptaron sus predecesores.

Al principio, su gobierno recibió a los migrantes con los brazos abiertos, difundiendo las oportunidades laborales en México y emprendiendo un programa que otorgaba visas humanitarias con vigencia de un año para prácticamente todo el que las solicitara. Los funcionarios también permitieron que las enormes y frecuentes caravanas de migrantes de Centroamérica se desplazaran con relativa libertad por el territorio mexicano.

Durante los primeros cuatro meses de su gobierno, las deportaciones se redujeron en un 38 por ciento en comparación con los últimos cuatro meses del sexenio de su predecesor. No obstante, esta permisividad alentó una migración mayor desde Centroamérica, pues muchos pretendían usar a México como un camino fácil hacia Estados Unidos.

A finales de marzo, Trump amenazó con cerrar la frontera con México para obstaculizar la migración. También se movilizó para retirar la ayuda a los países centroamericanos de donde provienen la mayoría de los migrantes.

México aparentemente respondió con celeridad, con un aumento casi inmediato de los arrestos y las deportaciones. En abril, casi 15.000 migrantes fueron deportados de México, un aumento de los casi 9100 deportados en marzo, según las estadísticas gubernamentales. El conteo mensual se incrementó aún más en mayo. En los últimos dos meses, el gobierno de López Obrador deportó un 67 por ciento más de personas migrantes que la cantidad deportada por su predecesor, durante este mismo periodo en 2018.

“Es evidente que el gobierno de López Obrador quiere adoptar un enfoque distinto para manejar la migración de manera más humana”, dijo Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington. “Pero ante el crecimiento exponencial de la afluencia y la presión por parte del gobierno de Trump para frenarla, en general ha tenido que volver al enfoque de ejercer control fronterizo al igual que los gobiernos mexicanos previos”.

El gobierno mexicano no ha abandonado del todo su iniciativa de albergar e integrar a los migrantes. Ha tomado medidas para expandir la elegibilidad para obtener visas de trabajo o visas de visitante para la gente de Centroamérica. Además, algunos defensores de los migrantes dicen que ha hecho una mejor labor que otros gobiernos en cuanto a la promoción de su programa de asilo, que se perfila para recibir alrededor de 60.000 solicitudes este año, cerca del doble del número que se recibió el año pasado.

Varios miles de migrantes, a menudo como último recurso para evitar que los deporten, han solicitado visas o asilo en México. Sin embargo, el flujo ha abrumado a las agencias migratorias del gobierno, que se están derrumbando bajo el peso de los retrasos severos en casos pendientes y los recortes presupuestarios. A pesar del aumento incesante de la migración en meses recientes, el Instituto Nacional de Migración sufrió un recorte del 23 por ciento a su presupuesto este año.

Los retrasos son evidentes en Tapachula, la ciudad principal en esta región de México y una estación de paso importante para los migrantes en su trayecto desde Centroamérica hacia el norte. Miles de migrantes saturan los refugios y los hoteles económicos de la ciudad o atestan las casas de huéspedes, mientras esperan durante meses la resolución de sus solicitudes.

Karina Orellana, de 24 años, su pareja, Jorge Alberto Martínez, de 43, y el sobrino de Martínez, David Martínez, de 25, llegaron desde El Salvador hace una semana con la esperanza de ser recibidos con los brazos abiertos por el gobierno mexicano. Planeaban solicitar refugio en México y mudarse al estado norteño de Nuevo León porque escucharon que allí podrían encontrar trabajo.

No obstante, no estaban preparados para el control migratorio severo ni los enormes retrasos burocráticos. Los funcionarios mexicanos les dijeron que el proceso de las peticiones de asilo podría tardar hasta cinco meses.

“Las noticias dicen una cosa y la realidad es diferente”, dijo Orellana, quien se quedó con sus acompañantes en el Albergue Jesús El Buen Pastor del Pobre y el Migrante, donde casi 600 personas están amontonadas en un espacio con capacidad para unas 250. Las largas esperas han orillado a algunos migrantes a rendirse y retomar su camino hacia el norte.

“Muchos están preguntando: ‘¿Cuándo pasa el tren?’”, relató Rosibel López Gómez, gerente del albergue, haciendo referencia al tren de carga conocido como La Bestia, que abordan muchos migrantes de manera ilegal para cruzar México.

Algunos han recurrido a contratar a coyotes. De hecho, el control migratorio riguroso en México y los esfuerzos de Trump para restringir la inmigración han beneficiado a la industria del tráfico de migrantes y a los funcionarios mexicanos corruptos que la secundan, según dicen los analistas.

López Obrador y sus funcionarios delegados en Washington dicen que se sienten optimistas acerca de llegar a un acuerdo con el gobierno de Trump. El fin de semana, el presidente mexicano sugirió que estaba dispuesto a reforzar las estrategias de control fronterizo del gobierno, siempre y cuando no se violaran los derechos humanos.

Sin embargo, el lunes, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, dijo que la flexibilidad de México en las negociaciones tenía un límite. “Y el límite es la dignidad de México”, declaró.

Durante meses, López Obrador ha ejercido presión con el fin de implementar una estrategia que aborde la crisis migratoria atendiendo el problema de fondo que está haciendo que las personas abandonen sus países de origen.

Los partidarios de esta estrategia esperan que Estados Unidos se convierta en un donador y participante importante. No obstante, Trump ha optado por suspender la ayuda para los tres países centroamericanos que envían la mayor parte de los migrantes que intentan cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno estadounidense firmó un acuerdo de dos años para enviar hasta ochenta agentes del Departamento de Seguridad Nacional a Guatemala con el fin de ayudar a capacitar a los agentes del orden público y realizar investigaciones enfocadas en frenar la migración ilegal. No obstante, los analistas se preguntan si la oferta de Estados Unidos se prolongará por mucho tiempo.

“López Obrador tiene razón en decir que la única solución a largo plazo para detener la migración de Centroamérica es invertir en la seguridad y la prosperidad de los países de origen”, dijo Selee. “Pero no está claro si su gobierno invertirá recursos importantes en esto y es aún menos claro si el gobierno de Trump lo ayudará”.

© "The New York Times"