La Fiscalía General de la República (FGR) de México acusó este miércoles a las autoridades de Jalisco, en el occidente del país, de diferentes irregularidades y omisiones en la investigación sobre el hallazgo de un rancho con fosas presuntamente usado por el crimen organizado, donde confirmó la presencia de restos humanos.
“Sí encontraron una serie de osamentas, pequeños trozos de osamenta. El dictamen que nos hace llegar la Fiscalía del Estado no nos garantiza la credibilidad y las características específicas de esos restos óseos”, dijo el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, durante una conferencia de prensa.
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El funcionario señaló que por el caso se encuentran ya diez personas detenidas, algunas de ellas sicarios, que fueron detenidos en distintas partes del país.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco señaló que el lugar era un “campo de exterminio y adiestramiento” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Sin embargo, Gertz Manero descartó este señalamiento, aunque aseguró que hay “indicios suficientes para establecer delitos de carácter federal, nos vamos a hacer responsables de esta investigación y de todos sus resultados”.
Durante la presentación de un informe sobre el caso del rancho donde presuntamente hubo un campo de exterminio en Teuchitlán (Jalisco) hallado por Guerreros Buscadores, Gertz Manero denunció una serie de irregularidades y omisiones por parte de las autoridades estatales.
Los ciudadanos encontraron ropa, en su mayoría de mujeres, así como 400 pares de zapatos en la zona, donde aseguraron que la Guardia Nacional halló el año pasado un centro de entrenamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Estados Unidos ha catalogado como una asociación terrorista.
El fiscal general explicó que las diligencias ministeriales que se hicieron en el caso en septiembre y octubre de 2024 no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos.
Asimismo, advirtió que tampoco se cumplió con el “debido registro” e identificación de todo lo hallado, sobre todo en lo que respecta a las prendas de vestir y calzado que dejaron abandonados en el lugar.
Gertz Manero también señaló que las autoridades estatales no procesaron debidamente los vehículos encontrados e incluso tres de ellos ya fueron robados, y remarcó que no se le dio intervención “inmediata” a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas y delincuencia organizada, ni se realizó la inspección “total y exhaustiva” del lugar.
Del mismo modo, no se ordenó la inmediata identificación de huellas dactilares y seis meses después de que se aseguró el inmueble no hay un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad e identidad de los restos encontrados.
Además, dijo que aún no se ha establecido “con toda precisión” si hay vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de las autoridades locales con los carteles delictivos que operan en la región pese a que personas secuestradas en dicho inmueble declararon eso.
Por último, denunció que el inmueble quedó en estado “de abandono y sin ninguna protección” tras las diligencias ministeriales locales, aunque supuestamente se encontraba asegurado, lo cual calificó como “inadmisible”.
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Tampoco se identificaron de inmediato los antecedentes de la posesión o propiedad actual del inmueble aunque acotó que podría ser “una propiedad ejidal”.
Tras los hechos, el Gobierno de México anunció el martes que fortalecerá con drones y otras tecnologías como georradares a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de personas desaparecidas.
México acumula más de 120.000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con datos desde la década de 1960.
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