El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó la opinión emitida este viernes por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la ocupación israelí de Cisjordania, que calificó como ilegal: “El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra”, respondió el mandatario en un comunicado difundido por su oficina.
“Ninguna decisión falsa en La Haya distorsionará esta verdad histórica, del mismo modo que no se puede cuestionar la legalidad de los asentamientos israelíes en todos los territorios de nuestra tierra”, zanjó el líder israelí.
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De esta forma, Netanyahu negó la ilegalidad de la ocupación israelí en Jerusalén Este (reconocida como territorio de Palestina según las fronteras de 1967, que Israel se anexionó definitivamente en 1980), y Cisjordania, a la que el líder político se refirió como “Judea y Samaria”, remitiéndose a los términos bíblicos que habitualmente utilizan los colonos.
El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, lanzó un comunicado en el que calificó la opinión de la CIJ como “fundamentalmente deformada, unilateral y equivocada”.
Katz, al igual que Netanyahu, apeló a los “derechos históricos del pueblo judío en la tierra de Israel”, y acusó a la Corte de estar alejada del presente al no tener en cuenta las amenazas de seguridad que vive Israel (en referencia a Hamás, Irán y “otros elementos terroristas”) o el Holocausto.
“El Estado de Israel se adhiere al Estado de Derecho y está comprometido con el derecho internacional”, dijo, afirmando que el país hará “lo necesario para proteger a sus ciudadanos de acuerdo al derecho internacional”.
Estas afirmaciones no casan con el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que consideró, que las políticas israelíes de asentamientos y sus prácticas de explotación de los recursos naturales en los territorios palestinos ocupados “violan el derecho internacional”.
Por ello, la CIJ instó a Israel a “devolver la tierra y otras propiedades inmuebles” incautadas a los palestinos desde que comenzó la ocupación ignorando las fronteras reconocidas por la ONU en 1967.
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Los ministros ultras y anti árabes del Gobierno, Itamar Ben Givir y Bezalel Smotrich, al cargo de Seguridad Nacional y Finanzas, respectivamente, reaccionaron rápidamente al fallo escribiendo en sus redes sociales lemas que llaman a la anexión.
“La respuesta a la Haya: soberanía”, escribió Smotrich. Al mismo tiempo, Ben Gvir recurrió a un texto bíblico para reaccionar a la decisión de la corte: “He aquí un pueblo que mora aparte, y que no será reconocido entre las naciones”.
Este mismo viernes se anunció que Israel pasará a tener dominio administrativo de la llamada “zona B” de Cisjordania (hasta ahora controlada por la Autoridad Nacional Palestina), en otra polémica decisión que contribuye a la idea de una anexión de facto de este territorio.
Tras la firma de dos órdenes por parte del Comando Central de Israel, funcionarios elegidos por Smotrich (que también está al cargo de la Administración de Asentamientos) pasarán a tener capacidad para demoler edificios palestinos en esta zona.
Por su parte el Consejo de Yesha, el organismo que aglutina a todos los asentamientos de Cisjordania ocupada, pidió también “empezar a aplicar soberanía” sobre “Judea y Samaria” (Cisjordania) en un llamado a la anexión.
“Esta es una decisión contraria a la justicia, contraria a la Biblia, a la moral y al derecho internacional” dijo el presidente del Consejo, Israel Ganz.
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Las organizaciones pro derechos humanos israelíes B’Tselem y Peace Now aplaudieron la opinión de la CIJ, que vieron como una oportunidad para poner “fin a la ocupación”.
“Durante los últimos 57 años, Israel ha demostrado que no tiene intención de poner fin a la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este”, denunció B’Tselem, llamando a la comunidad internacional a usar toda herramienta, ya sea penal, diplomática o económica, para forzar el fin de la ocupación.
A día de hoy, unos 500.000 colonos viven en la Cisjordania ocupada, y la cifra asciende a unos 700.000 si se cuenta la ocupación de Jerusalén Este.
