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Esta fotografía muestra a Wasim al-Assad, primo del derrocado gobernante sirio Bashar al-Assad, siendo conducido a la celda de los acusados en la sala del tribunal donde se dictará su sentencia, en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco. Foto: SANA / AFP
Su sentencia fue leída en el Cuarto Tribunal Penal de Damasco, el mismo que condenó a muerte en rebeldía la semana pasada a Bachar -exiliado en Rusia- y a su hermano Maher al Asad.
En una audiencia televisada, el juez Fakhr al Din al Uryan leyó el falló en el que se sentenció a Wassim de “planificar y participar en la matanza en los sucesos de Guta Oriental”, a las afueras de Damasco, así como del suburbio de Mleha, en la capital siria.
El juez aseguró que se halló culpable a Wassim al Asad de “cometer los crímenes de chantaje, amenaza y disparos contra los civiles” desde 2011, cuando comenzaron las revueltas populares que derivaron en una guerra de 14 años, así como de “crímenes de asesinato premeditado de más de una persona y de tortura, lo que se considera crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, según la ley”.
Además de la pena capital, el juez decidió confiscar sus fondos e informar al comité de desaparecidos y fiscalía para abrir expedientes “sobre las personas desaparecidas”.
Wassim, quien además era una figura clave en la red regional de narcotráfico que se empleaba para financiar al régimen sirio con la producción y venta de la droga sintética ilegal captagón, fue capturado por las fuerzas de seguridad sirias durante una emboscada cerca de la frontera entre el Líbano y Siria en junio de 2025, tras el colapso del gobierno de Al Asad.
Esta fotografía muestra al juez Fakhr al-Din al-Aryan durante la sentencia de Wasim al-Assad, primo del derrocado gobernante sirio Bashar al-Assad. Foto: SANA / AFP
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Sobre las acusaciones por narcotráfico, el juez afirmó que no se han podido encontrar evidencias suficientes de su posible responsabilidad.
A diferencia de Bachar y Maher, Wassim al Asad compareció en persona durante todo el proceso, que comenzó el 24 de junio con cargos de asesinato premeditado, narcotráfico y delitos contra la seguridad nacional. Su defensa solicitó clemencia, al argumentar que no merecía la pena capital.
Siria aún no ha promulgado una ley de justicia transicional, lo que significa que estos juicios se rigen por el Código Penal de 1949, una laguna que, según expertos legales y organizaciones de derechos humanos, deja en la incertidumbre el marco jurídico que sustenta las sentencias.
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