Una imagen muestra Asael, un puesto de avanzada israelí ubicado en el sur de Cisjordania ocupada, el 13 de febrero de 2023. (Foto de HAZEM BADER / AFP)
Una imagen muestra Asael, un puesto de avanzada israelí ubicado en el sur de Cisjordania ocupada, el 13 de febrero de 2023. (Foto de HAZEM BADER / AFP)
/ HAZEM BADER
Agencia AFP

Tres relatores especiales de pidieron el lunes que la comunidad internacional actúe para detener la demolición “sistemática y deliberada” de por parte de , una política que califican de “domicidio”.

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Solo en el mes de enero, las autoridades israelíes supuestamente demolieron 132 estructuras palestinas en 38 comunidades de Cisjordania ocupada, incluido 34 residencias, alertaron los expertos independientes en un comunicado.

Los relatores especiales --mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no se expresan en su nombre-- señalaron que las destrucciones habían aumentado un 135% respecto a enero de 2022.

“La destrucción sistemática de viviendas palestinas, la construcción de asentamientos israelíes ilegales y el rechazo sistemático a conceder permisos de construcción a los palestinos en Cisjordania ocupada es un ‘domicidio’”, dijeron.

En 2022, el relator especial del derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, pidió que el término fuera reconocido como un delito bajo el derecho internacional.

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El “domicidio” se define como la destrucción masiva y arbitraria de viviendas civiles durante un conflicto violento.

En su comunicado del lunes, los expertos apuntan a que los “ataques directos contra las casas, escuelas, hogares y fuentes de agua del pueblo palestino no son más que intentos de Israel de cercenar el derecho de los palestinos a la autodeterminación y una amenaza a su existencia”.

Los relatores mencionaron en particular la situación de los pueblos de Masafer y Yatta, ambos en Cisjordania ocupada.

Más de 1.100 palestinos que residen en estas localidades se enfrentan a un “riesgo inminente de desalojo forzoso, desplazamiento arbitrario y demoliciones de sus casas, hogares, estructuras de agua y saneamiento”.

En Jerusalén Este, la zona de la Ciudad Santa anexada por Israel, “decenas de familias palestinas se enfrentan también a riesgos inminentes de expulsiones y desplazamientos forzados, debido a (...) planificaciones discriminatorias que favorecen la expansión de asentamientos israelíes”, lamentaron los expertos.

Israel anunció el domingo que legalizará nueve asentamientos en Cisjordania, en respuesta a una serie de ataques en Jerusalén Este.

Más de 475.000 israelíes residen en asentamientos en Cisjordania, donde viven 2,8 millones de palestinos.

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