Sudáfrica acusó el jueves a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de intensificar lo que calificó como un “genocidio” en Gaza y pidió al tribunal que ordene detener la ofensiva del Estado hebreo en Rafah.
“Sudáfrica esperaba, la última vez que compareció ante este tribunal, que se frenara este proceso genocida para preservar a Palestina y a su pueblo”, declaró Vusimuzi Madonsela, embajador sudafricano en los Países Bajos, donde la CIJ tiene su sede.
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“En lugar de ello, el genocidio de Israel ha continuado y alcanzó una nueva y horrenda fase”, añadió Madonsela ante el principal órgano judicial de la ONU.
Pretoria dio así comienzo a dos días de audiencias en la CIJ, a la que reclama ordenar un alto el fuego en la Franja de Gaza, asolada por más de siete meses de conflicto entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás.
El viernes responderá Israel, que defiende su compromiso “inquebrantable” con el derecho internacional y asegura que las alegaciones sudafricanas son “totalmente infundadas” y “moralmente repugnantes”.
En enero, también en un caso presentado por Sudáfrica, la CIJ ordenó a Israel hacer todo lo posible para evitar actos de genocidio y permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza.
Pero entonces no reclamó un alto el fuego como exigía Sudáfrica, que entiende que la situación en el terreno y la operación contra Rafah requiere que la CIJ vaya más allá.
“Como demuestran las pruebas abrumadoramente, la forma en que Israel despliega sus operaciones militares en Rafah, y en el resto de Gaza, es genocida”, señaló Sudáfrica en su petición.
“Hay que ordenarle que se detenga”, agregó.
Las decisiones de la CIJ son legalmente vinculantes, pero no dispone de medios para aplicarlas. Por ejemplo, la jurisdicción exigió en vano a Rusia detener su invasión de Ucrania.
Sudáfrica reclama al tribunal tres órdenes de emergencia (“medidas provisionales” en la jerga judicial) mientras sus jueces estudian la acusación de que Israel estaría vulnerando la Convención del Genocidio de la ONU de 1948.
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En primer lugar reclama a la corte que ordene a Israel “retirarse inmediatamente y detener su ofensiva militar” en Rafah, una ciudad en la punta sur de la Franja.
También exige que Israel tome “todas las medidas efectivas” para permitir “el acceso sin obstáculos” a Gaza de trabajadores humanitarios, periodistas e investigadores.
Y por último, Pretoria demanda al tribunal que se asegure de que Israel informe sobre las medidas adoptadas para cumplir estas órdenes.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que medio millón de palestinos huyeron desde el 6 de mayo de Rafah, escenario de combates y bombardeos de las tropas israelíes.
La ciudad acogía a cerca de millón y medio de personas, en su mayoría desplazados de otras partes del territorio, y también era un acceso clave de la escasa ayuda humanitaria que entra a Gaza.
“Como principal núcleo de asistencia humanitaria en Gaza, si cae Rafah, también cae Gaza”, dijo Sudáfrica en la documentación presentada ante la CIJ.
“Atacando Rafah, Israel está atacando el ‘último refugio’ en Gaza y la única zona restante de la Franja que todavía no ha sido significativamente destruida por Israel”, agregó.
Sudáfrica subrayó que la única forma de aplicar las órdenes ya emitidas por el tribunal internacional es un “alto el fuego permanente en Gaza”.
Pero Netanyahu se opone a un alto el fuego definitivo y considera que la única forma de destruir a Hamás es acceder a Rafah donde, según él, se encuentran los últimos batallones del movimiento islamista.
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La ONU y los principales aliados de Israel, como Estados Unidos y la Unión Europea, han rechazado una operación a gran escala en esta ciudad por sus consecuencias para los civiles.
La guerra en Gaza estalló por el ataque sin precedentes de Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre, en el que sus milicianos mataron a más de 1.170 personas y secuestraron a unas 250, según un recuento de la AFP en base a datos israelíes.
En respuesta, Israel lanzó una operación terrestre y aérea contra la Franja de Gaza que ha matado a más de 35.000 personas, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamás.
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