Amenazas de Trump contra puentes y la energía de Irán: ¿crimen de guerra o estrategia militar?

Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de atacar puentes y plantas de energía en Irán han encendido las alarmas no solo por el riesgo de una escalada militar en todo el Medio Oriente, sino también por sus implicancias legales y si esa acción constituye o no crímenes de guerra. ¿Puede justificarse el ataque a infraestructura energética por su valor estratégico o se trataría de una forma de presión que castiga indirectamente a millones de civiles?

Trump reiteró el lunes su amenaza de destruir infraestructura civil en Irán, como puentes y centrales eléctricas, si no se reabre el estrecho de Ormuz en la noche del martes 7 de abril. Aseguró que la República Islámica volverá a la “edad de piedra”.

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ÉEl republicano dijo que “el país entero podría ser eliminado en una noche”.

En la mañana del martes, Trump advirtió a Irán que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”.

“No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra... ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo", sostuvo.

¿Lo anunciado por Trump podría ser crimen de guerra? En el derecho internacional humanitario, la respuesta corta es: depende del contexto. No todo ataque a infraestructura energética o puentes es automáticamente un crimen de guerra, pero puede serlo si viola ciertas reglas clave.

Según los Convenios de Ginebra y sus protocolos, solo se pueden atacar objetivos militares. Está prohibido atacar bienes civiles. Un puente o una central energética pueden convertirse en objetivo militar legítimo si se usan para mover tropas o armamento o si sostienen directamente operaciones militares (por ejemplo, suministro eléctrico a bases militares). En ese caso, el ataque no sería un crimen de guerra, en principio.

También se debe tener en cuenta el principio de proporcionalidad. Incluso si el blanco es militar, entra otro criterio clave: el ataque no debe causar daños civiles excesivos en relación con la ventaja militar obtenida. Por ejemplo, destruir un puente clave para el enemigo puede ser legal, pero si eso deja sin alimentos o sin posibilidad de evacuación a miles de civiles, podría considerarse desproporcionado y potencial crimen de guerra.

El derecho internacional protege especialmente bienes esenciales para la población civil, como la electricidad, el agua y los alimentos.

Si una central energética se destruye con el objetivo de privar a civiles de servicios básicos, podría violar el derecho internacional.

El analista internacional Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, sostiene a El Comercio que las amenazas de Trump no representan una práctica novedosa en la lógica de la guerra moderna, sino que responden a doctrinas ya aplicadas por Washington en conflictos anteriores.

“Estados Unidos ya ha utilizado este tipo de estrategias. En la Guerra del Golfo de 1991 aplicó la doctrina del rapid dominance, conocida como ‘golpear y aterrorizar’, que incluía la destrucción de infraestructura para debilitar no solo a las fuerzas armadas, sino también la moral de la población”, explica.

En esa línea, recuerda que en la invasión de Irak en el 2003 se destruyeron plantas eléctricas y otras instalaciones clave, generando un colapso generalizado sin que ello derivara en acusaciones generalizadas por crímenes de guerra contra la coalición liderada por Washington.

Para Tucci, este antecedente es clave para entender el debate actual: “La destrucción de infraestructura difícilmente se configura como crimen de guerra, aunque claramente impacta en la población civil”. Según el especialista, esto se debe a que no se trata, en principio, de ataques dirigidos directamente contra civiles, sino de acciones “instrumentales” orientadas a debilitar la capacidad militar del adversario.

No obstante, advierte que el problema de fondo es más amplio, pues manifiesta que Estados Unidos ya cruzó la línea legal al lanzar esta guerra preventiva.

“La violación del derecho internacional es anterior”, afirma, al cuestionar la base legal del conflicto. En ese sentido, subraya que la llamada “guerra preventiva” —argumento utilizado en distintas intervenciones— no está reconocida en el marco jurídico internacional, que solo contempla el uso de la fuerza en casos de legítima defensa o con autorización del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tucci alerta que una eventual ofensiva contra infraestructura iraní podría escalar rápidamente el conflicto en el Medio Oriente y advierte que Irán mantiene capacidad de respuesta.

“No ha sido neutralizado completamente. Hay estimaciones que indican que aún conserva una parte significativa de su arsenal de misiles”, señala, al tiempo que menciona el uso de drones, misiles balísticos y mantener el cierre del estrecho de Ormuz como parte de su estrategia.

“Se ha subestimado la capacidad de resistencia de Irán”, concluye el analista, quien anticipa un escenario incierto: las amenazas de Trump podrían quedarse en el terreno de la disuasión, pero si se concretan, el conflicto podría entrar en una fase de mayor intensidad y consecuencias regionales imprevisibles.

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaunde Matossian advierte a El Comercio que si Trump cumple con sus amenazas, se abre un debate complejo sobre los límites del derecho internacional humanitario y el riesgo de afectar directamente a la población civil.

“En la guerra solo se pueden atacar objetivos militares. Atacar a la población civil es un crimen de guerra, y dejarla sin electricidad también podría constituirlo, porque es una forma indirecta de afectarla”, explica. En ese sentido, señala que cualquier acción que no tenga un objetivo militar claro podría ser considerada una violación al derecho internacional.

No obstante, Belaunde reconoce que Estados Unidos podría justificar estos ataques bajo el argumento de que se trata de infraestructura de uso dual. “Los puentes pueden servir para el traslado de tropas o armamento, y las fuentes de energía también alimentan a las fuerzas armadas. Ese sería el argumento”, sostiene. Sin embargo, cuestiona si ese uso militar justifica el impacto sobre la población civil, que terminaría privada de servicios básicos y movilidad.

El especialista subraya además que, aunque teóricamente estos ataques podrían ser considerados crímenes de guerra, en la práctica existen pocos precedentes claros de condenas por la destrucción de infraestructura civil. “Ha habido casos de bombardeos a infraestructura, como en Líbano en 2006, pero no recuerdo condenas específicas por destruir puentes o instalaciones. Las sanciones han sido más por asesinatos de civiles o destrucción de patrimonio cultural”, precisa.

Más allá del plano legal, Belaunde cuestiona el impacto político de las declaraciones de Trump. “Él mismo ha dicho que no le interesa el derecho internacional y que lo único que puede limitar sus acciones es su propia moralidad. Eso refleja un debilitamiento del derecho internacional humanitario por parte de la actual administración”, afirma.

Finalmente, el analista alerta sobre las posibles consecuencias de una escalada. Si Estados Unidos ejecuta ataques contra infraestructura iraní, advierte que Teherán tiene capacidad de respuesta y podría golpear instalaciones energéticas en toda la región. “Siempre se filtra un dron o un misil, incluso con sistemas de defensa avanzados. Ya hemos visto afectaciones en instalaciones gasíferas”, señala.

Según Belaunde, un escenario de ataques cruzados a infraestructura energética podría desencadenar una crisis global. “Si se interrumpe la producción de petróleo y gas en la región, podríamos enfrentar una crisis incluso peor que la de 1973”, advierte, con posibles efectos directos en economías dependientes de importaciones energéticas como la peruana.