La Knéset (Parlamento israelí) aprobó este domingo en primera lectura la propuesta de enmienda al Código Penal que establece la pena de muerte para terroristas, pese a la oposición de su asesor jurídico.
La enmienda prevé que un terrorista condenado por asesinato motivado por racismo o hostilidad hacia un grupo determinado, y cuyo acto tenga como finalidad dañar al Estado de Israel, sea sentenciado a pena de muerte obligatoria, sin discreción judicial, según el texto difundido por la Knéset.
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Tras esta primera lectura, la enmienda será discutida en la Comisión Nacional de Seguridad. Posteriormente tendrán lugar una segunda y tercera, tras lo que se realizaría la votación definitiva en pleno para su aprobación.
El asesor legal del Parlamento, Ido Ben Yitzjak, se opuso a la decisión, señalando que todavía no se ha escuchado la opinión de los responsables de seguridad ni se ha realizado un debate sustantivo sobre los artículos de la ley. “Si se realiza una votación, será nula”, advirtió.
La iniciativa fue presentada por la diputada Limor Son Har-Melech, del partido Otzma Yehudit, y respaldada por los miembros de la Knéset Oded Forer, Avigdor Lieberman, Yevgeni Sova, Sharon Nir y Amar Hamed, todos miembros del partido Yisrael Beitenu. Ambos partidos pertenecen al ala de extrema derecha de la coalición que gobierna Israel, con Benjamín Netanyahu como primer ministro.
Israel prohíbe la pena de muerte para la mayoría de los delitos civiles y penales, siendo permitida exclusivamente en casos extraordinarios, principalmente por crímenes de guerra o genocidio. Desde la fundación del Estado en 1948, el único caso que resultó en una ejecución fue el de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del Holocausto, cuya sentencia fue llevada a cabo en 1962 tras ser condenado por crímenes contra la humanidad.
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En los últimos años, especialmente tras el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás en territorio israelí y varios casos de atropellos y ataques con armas de fuego, han surgido propuestas legislativas para permitir la pena de muerte impulsadas principalmente por partidos de derecha y ultraderecha como medida disuasoria.
Diversos asesores legales y fiscales, así como organizaciones de derechos humanos israelíes e internacionales, han expresado su oposición a estas propuestas, alegando riesgos de violar derechos humanos fundamentales y exponer al país a condenas internacionales.
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