La cifra de muertos por la matanza que se produjo en respuesta a los ataques de grupos leales al derrocado presidente Bashar al Asad contra las fuerzas de seguridad de la nueva administración de Damasco en la costa mediterránea siria aumentó a 1.311, entre ellos 830 civiles, en la peor ola de violencia en años en el país, informó este domingo la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
“La cifra total de muertos y mártires, tanto civiles como militares, aumentó a 1.311 durante la operación de seguridad que se produjo en respuesta a los ataques de militantes alauitas a las fuerzas de seguridad el jueves 6 de marzo”, afirmó la organización en un comunicado.
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La ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno -y que en anteriores comunicados había precisado que la mayoría de las víctimas civiles habian sido ejecutados de manera sumaria o asesinados a sangre fría-, desglosó la cifra total de muertos en 830 civiles, 231 miembros de las fuerzas de seguridad, así como 250 militantes leales al antiguo régimen.
El Observatorio realizó un llamado “urgente” a las autoridades sirias en Damasco para “responsabilizar al personal de seguridad y defensa implicado en las ejecuciones sobre el terreno” contra la minoría alauita, rama del islam chií a la que pertenecen el expresidente Al Asad y que fue privilegiada durante su régimen.
Consideró que “la impunidad alienta la repetición de crímenes en el futuro, lo que amenaza la estabilidad política y social en Siria tras la caída de Al Asad”, se apunta en la nota.
La gran mayoría de los civiles murieron en las provincias costeras de Latakia (519) y Tartús (220) como resultado de lo que la ONG llamó “operación de liquidación”, que incluyó civiles que no eran alauitas.
“Las fuerzas de seguridad, el personal del Ministerio de Defensa y sus fuerzas aliadas cometieron crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, en ausencia de medidas legales disuasorias. Estos crímenes se producen en el contexto de operaciones de venganza generalizadas contra miembros de la secta alauita, en medio de continuas matanzas masivas, incendios de viviendas y desplazamientos forzosos, en ausencia de cualquier intervención internacional para poner fin a estas masacres”, sentenció el Observatorio.
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Hasta el momento, el nuevo Gobierno sirio no ha reconocido estos actos ni ha desglosado una cifra de víctimas civiles ni bajas en sus filas.
El presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, anunció este domingo la formación de un comité “independiente para investigar las violaciones contra civiles” y averiguar quiénes son los responsables de la masacre.
A este comité, que tendrá treinta días para enviar el informe a Presidencia, se le ha encargado “revelar las causas, circunstancias y condiciones que llevaron a que ocurrieran estos eventos”, así como identificar a aquellos que son responsables para remitirlos a la justicia.
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