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Un tribunal de Tailandia dicta hoy sentencia contra los 103 acusados de tráfico humano en un juicio que comenzó en 2015 tras el hallazgo de campamentos ilegales de inmigrantes y fosas comunes en la frontera con Malasia.

Entre los acusados hay empresarios, policías y militares, quienes se enfrentan a condenas de cadena perpetua por delitos relacionados con el tráfico de personas y hasta la pena de muerte en los casos de asesinato.

El imputado de mayor rango es el teniente general Manas Kongpan, a quien el tribunal le permitió durante el proceso prestar declaración a puerta cerrada después de que su defensa alegara que había peligro de que trascendieran secretos de Estado.

La organización Fortify Rights denunció la víspera las amenazas a testigos e intérpretes durante el proceso y la falta de protección policial.

El policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, se exilió y pidió asilo en Australia a finales de 2015 debido a las amenazas.

Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes bangladeshíes y de la minoría musulmana rohinyá enterrados en la selva del sur del Tailandia, quienes murieron cautivos de las redes de tráfico.

El descubrimiento de las fosas y varios campos clandestinos donde los inmigrantes eran retenidos en condiciones inhumanas a ambos lados de la frontera entre Tailandia y Malasia interrumpió el canal habitual de este tráfico que tiene como destino este segundo país.

Esto llevó a las mafias a abandonar a miles de indocumentados en embarcaciones que navegaron durante días a la deriva ante las reticencias de Tailandia, Malasia e Indonesia para darles acogida, en la peor crisis de refugiados que padeció la región en décadas.

Los rohinyás son una minoría apátrida perseguida en Birmania (Myanmar), donde son considerados por las autoridades y gran parte de la mayoría budista como "inmigrantes ilegales" de Bangladesh, a pesar de que tampoco son reconocidos en este país vecino.

El mes pasado, el Departamento de Estado de EEUU elevó a Tailandia del nivel 3 al 2 en su informe anual sobre Tráfico de Personas (TIP, siglas en inglés).

En el nivel 2 se encuentran las naciones que, según Estados Unidos, no cumplen los estándares pero realizan el esfuerzo por hacerlo.

Tailandia se ha comprometido a mejorar las condiciones de los refugiados, a pesar de que no han firmado la Convención de los Refugiados de 1951 o el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967 de la ONU.

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