La resolución de la Sala Plena fue redactada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, un controvertido juez cercano a Maduro. (Foto: AFP)
La resolución de la Sala Plena fue redactada por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, un controvertido juez cercano a Maduro. (Foto: AFP)
Agencia AFP

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) rechazó este viernes autorizar un juicio contra ocho de sus magistrados, solicitado por la fiscal general, Luisa Ortega, al acusarlos de propiciar fallos que rompieron el orden constitucional en el país.

La Sala Plena del TSJ "declaró no ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito realizada por la Fiscal (...) y en consecuencia se decreta el sobreseimiento de la causa", subrayó una nota de la corte suprema.

La fiscal general ha presentado en las últimas dos semanas siete acciones legales en el TSJ contra un grupo de magistrados y la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro, de los cuales cuatro ya fueron desestimados.

"Esto demuestra que el TSJ no es una institución que imparte justicia de manera imparcial, actúa con clara parcialidad política, no sólo la Sala Penal, que decidió sin juicio, sino también su Sala Constitucional y su Sala Electoral", dijo a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.

Pese a que la corte de justicia le rechazó otras acciones legales contra la convocatoria a la Constituyente, Ortega interpuso el jueves ante las salas Constitucional y Electoral tres recursos que buscan evitar que esa iniciativa avance hacia la elección de los asambleístas, prevista para el 30 de julio.

La fiscal, veterana chavista hoy convertida en la mayor adversaria de Maduro, argumentó en sus recursos que el presidente, según la Constitución, sólo puede "proponer" una Constituyente, pero "esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación" de los venezolanos en un referendo.

El miércoles, la máxima corte venezolana desestimó un recurso de Ortega que impugnaba el nombramiento de 33 de sus magistrados, y reiteró su advertencia de que quienes propicien actos contra esas designaciones quedaban sujetos a "responsabilidad penal, civil y administrativa".

El gobierno acusa a Ortega, a quien tilda de "traidora", de ser la "líder de la oposición" y de presentar los recursos legales para alentar las protestas opositoras contra Maduro que se llevan a cabo desde el 1 de abril, y dejan 72 muertos.

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